Danny Fuentes Espinoza
"Después de 10 años de funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, creemos que debe ser objeto de modificaciones", señaló de entrada Pablo Fritz, quien en calidad de fiscal regional (s) se refirió a la cifra de ingresos que tuvo el Ministerio Público durante el primer semestre de este año.
Más allá de un análisis comparativo, el persecutor -quien se desempeña habitualmente como fiscal jefe en Chillán- dijo que existen varios puntos que tratar sobre los 390 casos que se registraron entre enero y junio, abriendo un debate respecto a la efectividad de la ley, situación que en la Defensoría Penal Pública coinciden respecto a revisarla.
"Lo primero que hay que considerar en cuanto a las cifras de la provincia de Ñuble, es que la mitad corresponde a hurto falta, lesiones leves, hurto simple y lesiones menos graves. O sea, delitos de muy baja criminalidad, como para dar tranquilidad que no son 90 'Cisarros' circulando en la provincia", señala el fiscal Fritz.
Cifras
Abril, mayo y junio fueron los meses que tuvieron mayor cantidad de casos (227) ingresados a la Fiscalía en que estaban involucrados menores, concentrando el 58% del total.
Cabe recordar que en Chillán, San Carlos, Quirihue, Bulnes y Yungay se encuentran las fiscalías locales que tienen la jurisdicción sobre las 21 comunas de Ñuble, siendo la sede ubicada en la capital provincial la que recibe mayor cantidad de ingresos, con 264 casos, ocurridos -aparte de Chillán- en Chillán Viejo, Pinto, Coihueco y San Nicolás.
En segundo lugar, pero muy lejos de la primera, se encuentra la fiscalía de Quirihue, que además ejerce jurisdicción sobre Trehuaco, Coelemu, Portezuelo, Cobquecura, Ránquil y Ninhue, y donde ocurrieron 42 casos en el primer semestre de 2016.
A su vez, la fiscalía local de San Carlos, con jurisdicción sobre San Fabián de Alico y Ñiquén, recibió 39 casos. En la fiscalía de Yungay, en tanto, que persigue delitos también en las comunas de El Carmen, Pemuco y Tucapel (provincia de Bío Bío), hubo 23 casos.
En último lugar está la fiscalía local de Bulnes, que cubre además Quillón, San Ignacio, con 22 casos.
Interpretación
Tal como planteó en un comienzo, Pablo Fritz comentó que "desde el punto de vista estadístico no se presenta un fenómeno discrepante de la región, por lo que no me cabe duda que las cifras apuntadas son muy similares a las del resto del Bío Bío".
Por ello, señaló que "existe un equilibrio entre aquellos casos en que como Ministerio Público hemos imputado delitos graves, como robo con violencia o intimidación, donde menores han quedado privados de libertad, que es lo que esperamos que ocurra, como también que sea el mínimo del total de causas en que se ven involucrados los menores".
Por otra parte, el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Justicia en el Bío Bío, Jorge Cáceres Méndez, recordó que a nivel nacional, por cada 100 delitos, sólo en tres están involucrados menores. "Eso no quiere decir que no nos preocupamos, porque sí debemos hacernos cargo. Es sólo que corresponden a una tasa muy menor; en general, los niños y niñas están haciendo lo que deben: Estudiar".
Desde la Defensoría Penal Pública, la abogada Rocío Burgess, quien está a cargo de la defensa juvenil, planteó que "no nos llama la atención que hayan jóvenes formalizados, y esto es una acción privativa del Ministerio Público; por ejemplo, si hay amenazas o robo por sorpresa, que tienen una sanción más baja, van a terminar en un procedimiento simplificado, aunque en términos generales, si hablamos de los ingresos que existen por denuncias, los jóvenes que han ingresado al sistema son parte de un aumento respecto a adultos también", explicó.
Diversos factores
El fiscal regional (s) Pablo Fritz y la abogada de la Defensoría Penal Pública encargada del área juvenil en Ñuble, Rocío Burgess, coinciden en que el nivel de desigualdad es uno de los factores que influye en el desarrollo de carreras delictuales.
"La desigualdad parte por la educación y a ello hay que sumar las carencias a nivel familiar. Si es que hay un adulto infractor de ley, es una conducta que se puede normalizar en una familia", señaló Rocío Burgess, quien tiene a su cargo la defensa de todos los menores que ingresan al sistema judicial penal, y que eventualmente llegan a juicio.
"Nosotros como defensores planteamos en audiencia que estamos al lado de un niño que ha cometido delitos, eventualmente si es que se prueba aquello, pero es desde mi punto de vista también una víctima del sistema, porque es un chico que se cría con menos oportunidades que el resto, con vínculos hacia personas que han delinquido, cayendo en otras problemáticas, como la droga", sostuvo.
El fiscal Pablo Fritz, en tanto, advierte que en los casos que observan una actitud culposa, solicitan la internación provisoria, que este primer semestre se decretó contra ocho menores, por delitos de robo con violencia y robo con intimidación.
"Esto nos interesa a todos como comunidad, porque es el momento de la vida de estas personas en que podemos encausarlas o perderlas, y si las perdemos constituyen la masa crítica delictual del futuro. Esto involucra intereses del menor, que es lo primero, como también de la familia, pero también de la sociedad", apuntó el abogado persecutor.
Actualizar RPA
"Lo que nosotros intentamos hacer cuando existen audiencias y se debaten sobre las sanciones más apropiadas para los adolescentes, buscamos que los fines de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sean considerados por nosotros y también por los intervinientes, que se entienda que estamos en un sistema penal diverso al de los adultos, que son sanciones y no penas; por ello, que se busca la reinserción de los jóvenes al interior de la sociedad", señaló Rocío Burgess.
Pablo Fritz, en tanto, señaló que en la actualidad, la ley no es congruente en el sentido de la reinserción. "Si en el componente de la sanción penal al adolescente existe un alto grado de responsabilización en el modelo, y que se pretende reinsertar en la probidad, los estudios y el trabajo, los planes que se ejecutan en muchos casos son ineficientes y en otros casos simplemente no ocurre nada".
Más optimista es el Seremi de Justicia Jorge Cáceres, quien señaló que "la ley no es perfecta, pero perfectible". En ese sentido, planteó que "hay una serie de mecanismos que da a los profesionales que intervienen en esta materia, desde el tribunal, fiscalía, defensoría penal, Sename, entre otras".
Sobre el estado actual de la normativa, dijo que "según se construyó, va en progreso hacia lo que se espera de la justicia de menores. No obstante, el día de mañana vemos la posibilidad de cosas que hay que mejorar, para ello se necesitan estudios serios", aunque aclaró que no es un hecho que por ahora esté en la agenda del gobierno.
"Estamos al lado de un niño que ha cometido delitos (...), pero desde mi punto de vista también es una víctima del sistema, porque es un chico que se cría con menos oportunidades que el resto".
Rocío Burgess Defensoría Penal Pública juvenil"
Críticas a regímenes de sanción
Según planteó la defensora juvenil, Rocío Burgess, en la región del Bío Bío existe la problemática de que difícilmente existirá reinserción cuando los menores que quedan en internación provisoria, tienen contacto criminógeno con otros adolescentes y además pierden arraigo con su familia, ya que el único Centro de Internación Provisoria (CIP) en la región se encuentra en Coronel. "O sea, ya estar privados de libertad es una sanción anticipada, pero además significa un perjuicio económico para la familia que en muchos casos ni siquiera puede viajar a ver a los adolescentes". A ello se suma que el único centro de régimen semi cerrado está en Concepción.
Antecedentes
Fiscalía local de Chillán Ejerce jurisdicción en la capital provincial de Ñuble, se hace cargo de las investigaciones realizadas en las comunas Chillán Viejo, San Nicolás, Coihueco y Pinto. En el periodo estudiado, abarcan el 67% de los casos.
Fiscalía local de Bulnes A cargo de la fiscal Maritza Camus. Está a cargo también de lo que ocurre en San Ignacio y Quillón. A nivel provincial abarca el 10% del total de ingresos estudiados.
Fiscalía local de Quirihue Es la que aborda más comunas, considerando Coelemu, Trehuaco, Cobquecura, Ránquil, Ninhue y Portezuelo. A nivel provincial registra el 11% de los ingresos.
Fiscalía local de Yungay El fiscal Mario Lobos está a cargo de las indagatorias que también ocurren en El Carmen, Pemuco y Tucapel (provincia de Bío Bío). Registra el 6% de los ingresos.
Fiscalía local San Carlos Aborda los delitos ocurridos también en las comunas de San Fabián de Alico y Ñiquén. En el periodo estudiado tiene el 6% del total.
8 menores en internación provisoria Se registraron entre el 1 de enero y el 30 de junio. Según la Fiscalía, son primerizos que llegaron al Centro de Internación de Coronel por robos con violencia o intimidación.