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Cores dan cuenta de proyectos aprobados que no se han realizado

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Los consejeros regionales Juan López Ferrada y John Andrades realizaron hoy una dura crítica a la gestión de la municipalidad de Chillán, apuntando sus dardos a 17 proyectos que fueron aprobados por el consejo regional, pero que no pudieron ser ejecutados por la no entrega del municipio de la debida información a la instancia regional.

Los proyectos en cuestión consideraban mejoramiento de aceras y pavimento, la reposición del Cesfam San Ramón Nonato y la construcción de otros similares como el nuevo Cesfam en el sector oriente de la ciudad, el alzamiento de un nuevo jardín infantil y hasta una piscina temperada municipal, además de cinco proyectos de ciclovías, entre otras mociones.

El consejero Juan López Ferrada manifestó que "tenemos un listado no menor de proyectos que están durmiendo el sueño eterno porque no se han presentado y las observaciones realizadas por el ministerio de Desarrollo Social que es el ente técnico que evalúa los proyectos, no han sido subsanadas. Esto da cuenta de una mala gestión municipal de la actual administración".

López Ferrada recordó que cuando el gobierno regional invierte en un proyecto, éste no debe tener ninguna observación como, por ejemplo, la falta de documentación o que la información técnica esté incorrecta, ya que es sometido a una exhaustiva revisión. Esto se traduce entonces que las iniciativas figuren caratulados como FI (falta información).

Por su parte, el consejero regional John Andrades planteó que "nosotros tenemos la mejor disposición, pero la alcaldía, el municipio y los profesionales no han tenido el profesionalismo de tener la documentación en regla y presentarla de forma adecuada. Eso habla de una muy mala gestión. Hablamos de muchos millones de pesos aprobados y otros por aprobar que lamentablemente por falta de gestión municipal no podemos aprobar. Obviamente, el alcalde es responsable de eso".

Desde la municipalidad de Chillán, el administrador municipal Ricardo Vallejos, devolvió las acusaciones por vía escrita, manifestando que no entienden muy bien las razones de este emplazamiento.

Denuncian ante el Servel a edil de Pinto por proselitismo político

ELECCIONES. La entrega de un reconocimiento en la escuela Juan Jorge , donde el candidato Manuel Guzmán firma como alcalde, desató la acusación formal.
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Ingrid Acuña Caballero

Tal como la ley lo indica, desde el 23 de septiembre los alcaldes que van a la reelección dejaron a un lado su cargo y comenzaron su periodo de campaña, pero en la comuna de Pinto este lunes se vivió una situación diferente.

En la escuela Juan Jorge, ubicada en el sector El Rosal, se entregó un reconocimiento a diferentes vecinos de la comuna, el cual estaba firmado por el candidato de Chile Vamos Manuel Guzmán, pero con su cargo de alcalde.

"Eso fue algo que quedó firmado antes del 23 (septiembre) y la verdad de las cosas que yo no tenía idea de esa situación hasta que me dijeron que había sido de esa manera, pregunté porque me parecía incorrecto y yo soy una persona súper probo y esa fue la situación, pero entiendo que fue uno solo. Pero yo estaba en calidad de concejal en esa ceremonia", trató de explicar el candidato Manuel Guzmán, quien reemplaza desde mayo al fallecido alcalde Fernando Chávez.

La ceremonia partió con un desfile en la localidad El Rosal, luego se dio inicio a la ceremonia en la que se premió a 15 vecinos y a todos con el mismo reconocimiento. En la cita estaban los cuatro concejales de la comuna, quienes no se percataron de lo que ocurrió.

"La verdad es que no me di cuenta de esta situación, no sabía que los estímulos estaban confeccionados así, como quien coordina eso es otra persona nosotros solo lo entregamos", aclaró el concejal Luis Ojeda.

La molestia llegó de inmediato de parte de los otros dos candidatos a alcaldes, quienes aseguraron que la situación no se mantendrá con bajo perfil, por lo que ya se interpuso una denuncia ante el Servel.

"Me informaron de esto y ya hicimos una denuncia formal al Servel, porque eso no corresponde y estamos faltando a la ley. Lamento que él (Manuel Guzmán) en calidad de ciudadano esté utilizando esta estrategia que contamina lo que es la transparencia en una campaña política", aseguró el candidato de la Nueva Mayoría, Eduardo Larenas.

Hasta la fecha, de las 14 comunas de Ñuble que registran denuncias ante el Servel por infracción a la normativa, Pinto no está presente.

Reiterativa

En tanto, la candidata independiente apoyada por el Partido Progresista, Adriana Arce, aseguró que esta situación es reiterativa.

"Me parece muy inapropiado lo que sucedió y fuera del marco de la ley, pero en Pinto han pasado muchas cosas que están fuera de la norma. Este no es un hecho aislado, acá también para el aniversario en los regalaos que estaban dando aparecía el nombre de Manuel Guzmán alcalde y con fecha de octubre 2016 en los reconocimientos y la gente decía que eso no estaba bien y es verdad porque es antiético, pero acá están muy desesperados para que se mantenga el alcalde que recurren a todo", agregó Adriana Arce.

Es en el manual de consulta de campaña y propaganda electoral, donde aparecen las sanciones a las que se exponen los candidatos, y se detalla lo que podría suceder en este caso, siempre y cuando sea declarada admisible por el Servicio Electoral. En este hecho, el candidato se arriesga a una multa que va entre las 10 a 100 Unidades Tributarias Mensuales ($459.000 a $4.599.000).

Polémico video en San Carlos

Otro hecho denunciado a través de internet, fue un video en el cual el candidato a la reelección por San Carlos, Hugo Gebrie, fue grabado en la municipalidad, donde sostiene una discusión con un reportero del diario electrónico El Itihue. "Para mí es persecución política. Él entra a grabarme y lo que hace es perseguirme, incluso en las ferias libres y en todos lados. Lo que le reclamé es mi derecho de aceptar o no a que me graben", recalcó Gebrie. Desde el periódico aseguraron que, "en reiteradas ocasiones hemos recibido la denuncia de usuarios y funcionarios municipales, que este señor llega y comienza a dar órdenes y atiende público, tal cual como lo hacía antes del periodo electoral".

Septiembre los alcaldes que van a la reelección dejan su cargo por un mes y solo se dedican a su campaña política. 23

Edil San Martín no asistió a juicio por enfermedad

JUDICIAL. Es requerido por fiscalía por conducir ebrio y causar daños.
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Menos de cuatro minutos duró la audiencia de juicio simplificado que se realizó ayer en el tribunal de Garantía de Chillán, luego que el imputado Patricio San Martín Solís enviara con un apoderado una licencia médica con la que justificó su inasistencia.

El concejal de Chillán Viejo es requerido por el fiscal Eduardo Planck, quien ayer estuvo en audiencia, recibiendo de manos del defensor Rodolfo Aguayo (representante en audiencia de Patricio San Martín) la licencia médica que da cuenta de un cuadro de gastroenteritis aguda que le impediría realizar cualquier actividad por dos días, contabilizando el día 12 y 13 de octubre.

El magistrado Adolfo Montenegro, que dirigió la audiencia, consultó al fiscal Planck si estaba de acuerdo con la justificación del edil, y tras contestar positivamente señaló que la audiencia quedaba fijada para el 18 de noviembre.

Bochornoso accidente

Fiscalía pide 300 días de pena (eventualmente remitida) para San Martín Solís, junto a multas por los hechos acaecidos la madrugada del 22 de mayo.

En esa oportunidad, según planteó el fiscal Planck en su requerimiento, el concejal chillanvejano conducía con 0,93 gramos de alcohol por mil en la sangre, "cuando chocó una barrera de contención peatonal ubicada al costado sur de la calzada frente al hospital Herminda Martín".

Personas que circulaban por el sector serán citados como testigos, al igual que carabineros, quienes al momento del accidente fueron insultados, supuestamente, por el concejal que va por la reelección.

Pena accesoria

El fiscal Eduardo Planck, en su requerimiento de juicio simplificado, pide que San Martín pague con pena de 300 días, además de multas por ocultación de identidad y falta de respeto a la autoridad (carabineros). No obstante, uno de los puntos claves es que también pide la suspensión de oficio o cargo público mientras dure el periodo de condena.