Durante la jornada de ayer, la Corte de Apelaciones de Chillán certificó que no habiendo recursos que interpelen su sentencia, queda en condición firme y ejecutoriado el rechazo al recurso de protección interpuesto por el ahora ex Director de Obras de Pinto, quien pidió a la Justicia que se considerara los términos en los que se le destituyó de su cargo.

El otrora funcionario de la municipalidad de Pinto, Carlos Torres, presentó la acción judicial contra el actual (y reelecto) alcalde Manuel Guzmán, quien el 12 de julio del presente año firmó el decreto de la medida disciplinaria, después de haber sido sometido a sumario por irregularidades en el proceso de construcción del nuevo edificio consistorial.

Torres planteó ante los jueces que no se hizo un análisis acucioso en el sumario, "según el cual el fiscal debe actuar con pleno respeto a los principios de legalidad, discreción, rapidez, imparcialidad y precisión en la redacción de sus informes".

Por su parte, el municipio contestó al recurso de protección con el sumario que acabó con el despido de Torres, en el cual se le acusó de cuatro cargos. El primero, por haber avalado, sugerido e inducido al municipio a autorizar un contrato modificatorio en el cual se compensan partida, situación no permitida en las bases, vulnerando gravemente el principio de probidad administrativa. Este último cargo se asimila al de no haber representado al alcalde de la ausencia del cobro de multa y prórroga de boletas de garantías en el aumento de plazos, ni en el decreto de término del contrato con la empresa constructora. Además, no haber considerado partidas pagadas en estados anteriores, generando un pago en exceso de $4 millones.

Asimismo, trató con la empresa Amo y Compañía sin comprobar sus antecedentes, lo que a la larga afectó el patrimonio del municipio, cuando se dieron cuenta que la firma no cumplió las obligaciones laborales y previsionales, debiendo pagar el municipio a los ex empresarios de Amo y Compañía la suma de $10,3 millones, luego de ser sentenciados por el tribunal laboral.

Con estos antecedentes, la Corte estimó que el procedimiento "se tramitó conforme a la ley" y rechazó el recurso.

Danny Fuentes Espinoza

Para el 28 de noviembre quedó postergada la audiencia de juicio simplificado, o eventual conciliación, entre el ingeniero Sergio Wicki y el edil chillanejo Jorge Marcenaro, luego que el primero de ellos presentara una querella por injurias y calumnias graves contra su persona, en el marco de las comisiones del Concejo local, que en abril de este año evaluaba el proyecto de las luces LED.

La acción penal privada (por ende no intervino el Ministerio Público) se inició a través de una querella presentada por Wicki el 21 de septiembre de este año, cuando ya habían pasado más de dos semanas desde que el municipio declarara desierta la licitación de las obras, que representarían hasta entonces una inversión de $10.800 millones.

Fue en el marco de tres reuniones de la comisión de obras, que tuvieron lugar el 4 y 6 de abril, además del 4 de agosto, cuando Jorge Marcenaro apuntó a supuestas irregularidades del proceso en que Wicki asesoraba al municipio. El tribunal, en tanto, fijó la audiencia para el 24 de octubre, donde, según dijo el concejal, ocurrió el segundo encuentro entre ambos.

"Llegué con mi abogado defensor, Sebastián Caroca, pero fue a petición del propio representante de Sergio Wicki que se fijó nuevo día y hora para realizar la audiencia", comentó el concejal chillanejo.

En efecto, la querella que presentó en septiembre iba patrocinada por los abogados Nelson Ojeda y Rodrigo Herrera; sin embargo, a la audiencia llegó junto a Gumercindo Quezada, abogado penalista habitual del tribunal de Garantía local, a quien le confirió el poder para que lo represente.

Acusación

Una serie de frases y artículos de prensa son los que Sergio Wicki reunió para sustentar las frases que estarían dentro de la categoría de injurias y calumnias, por las que solicita, en caso de no haber conciliación, una condena de 541 días, además de una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), junto con la publicación de la eventual sentencia en dos medios de comunicación de circulación nacional y uno local.

Entre los antecedentes que expone Sergio Wicki está el que se presentó formalmente ante Sergio Zarzar y otros funcionarios municipales en noviembre de 2015. "Expuse los antecedentes técnicos relativos a mi trabajo y experiencia profesional, sin que se concretara ningún tipo de acuerdo comercial", explicó el ingeniero eléctrico.

No fue hasta marzo de 2016 que se tomó contacto formal con Wicki, quien remitió su currículum y luego, el 4 de abril del presente año, expuso ante la Comisión de Obras su valoración acerca del proyecto de reposición y mejoramiento del alumbrado público.

Pero no fue sino hasta el 6 de abril que se habrían producido las ofensas, durante una reunión de la Comisión de Obras. "Comenzó a increparme duramente ante todos los presentes indicando verbalmente que yo me habría cambiado el nombre, es decir, de Sergio Muñoz a Sergio Wicki, falseando mis antecedentes personales presentados al Municipio; indicando que yo sería un operador político de la UDI, vinculado además a la empresa LG y dueño de la empresa 'Raise', que instala luminarias, empresas que según el querellado a la fecha de la realización de la referida comisión de obras, estarían vinculadas a mi persona y relacionadas a diversos actos de corrupción en licitaciones públicas", agregó el ingeniero.

Lo anterior fue replicado en medios de comunicación, artículos que fueron adjuntados en la acción judicial. En ellos, se replica que Jorge Marcenaro haya criticado el vínculo existente entre Wicki y una de las empresas oferentes para el proceso de licitación, que finalmente fue declarado desierto. De hecho, el concejal denunció el hecho en fiscalía.

"He actuado haciendo mi papel de acuerdo a lo que la ley indica y me da las facultades"

Jorge Marcenaro, Concejal de Chillán"