"En marzo se van a ver las cartas, ahora estoy cumpliendo con la situación legal que se me pide"
Jacqueline Guíñez,
Renunciada alcaldesa de Pemuco.
"No se justifica si la matrícula va disminuyendo, en ese caso debe ir cayendo la dotación docente"
Brígida Hormazábal, — Concejal electa del PS en Chillán.
La abstención ha sido un castigo transversal a la clase política. Aunque a unos afectó más que a otros, la abstención es un mensaje claro y contundente de la ciudadanía hacia las formas en que se lleva hoy la política.
Es una censura a la corrupción y a los incompetentes, a los que prometen y no cumplen. Es una crítica dura y elocuente hacia los malos modos, a los falsos liderazgos y a los que van a servirse del poder.
No es culpa del Voto Voluntario. Por el contrario, la poca presencia en los lugares de votación es una decisión adoptada libre y voluntariamente por quienes ejercieron la abstención. O sea, fue una opción meditada, calculada y expresada con firmeza el pasado domingo.
La voz del pueblo se ha hecho oír, con un silencio enorme y contundente. ¿Cuál debe ser la actitud ahora? Entiendo que las recriminaciones mutuas entre los principales afectados, no es el camino. No vale tirar la pelota al tejado del vecino. Es la hora de la sinceridad y de la franqueza.
Llegó el momento de la autocrítica a fondo, generosa y potente. Del auto análisis sin recovecos, sin trampas, sin justificaciones banales. Analizar con la historia y con el presente lo que se ha hecho. Y proyectarse hacia el futuro dentro de la realidad que hoy vivimos. Es el tiempo de abrirse a las opiniones de los amigos que pueden aportar para que esta autocrítica tenga más frentes válidos para el análisis. Y desde esa plataforma, abrirse a las demás opiniones. A las que se emiten desde la perspectiva positiva y desmenuzar también las que vienen cargadas de veneno.
Las opiniones positivas, constructivas, te permitirán abrir caminos. Las otras, cerrar los frentes débiles de tu propia actuación. Y desde aquel análisis profundo, descarnado y sincero, proponer salidas a quienes han sido -o pueden ser- tus compañeros de ruta en nuevos proyectos que ilusionen a los ciudadanos.
No es bueno el espectáculo de tirarse piedras a los tejados. Peor aun cuando muchos son de vidrio. La ciudadanía hace rato que dejó de ser confrontacional. Ahora es racional, positiva, moderada y progresista. Las experiencias vividas por nuestra sociedad, muchas de ellas traumáticas, nos han enseñado a practicar el diálogo y a buscar consensos, sin dejar de avanzar en progreso, en equidad y en justicia.
Por eso, el mensaje de los ciudadanos con su silencio electoral nos impulsa a pensar en nuevos lenguajes, nuevos mensajes, nuevas formas de hacer política. En definitiva, nos impulsa a buscar nuevos liderazgos.
Miguel Ángel San Martín Periodista.
Una jornada de terror vivió un conductor de radiotaxi de Chillán tras ser asaltado en pleno centro de la ciudad. El delincuente se subió al vehículo en Maipón con Sargento Aldea y al llegar a Brasil con Constitución, lo atacó. El individuo quería irse con el móvil, pero no lo pudo encender. Al final huyó con dinero. La policía lo busca.
Dramático caso de violencia intrafamiliar en Coihueco ocurrió luego que el sujeto rociara con bencina a sus víctimas. Agresor, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, será formalizado por parricidio frustrado mañana miércoles. El Sernam del Bío Bío ofreció ayuda legal y psicosocial a la afectada. Van 8 casos de femicidio frustrado en la región.
Segunda sala del tribunal de la Corte de Apelaciones de Concepción falló a
favor del recurso de protección que presentó grupo Boldt Peralada y pidió "nuevo y fundado informe". Abogado del Consejo confirmó que estudiarán el fallo para decidir si apelan, mientras Marina del Sol estimó que sentencia no cuestionó el fondo.
A Chillán, el polémico fenómeno de la aplicación tecnológica Uber, que presta una nueva modalidad de servicio de transporte de pasajeros vía taxis privados más económica que la tradicional, está generando un verdadero dolor de cabeza al gremio de los taxistas regulados. Sus recorridos han bajado notoriamente, a tal punto que en días recientes se reunieron con la gobernadora provincial, Lorena Vera, y autoridades de la Seremi de Transportes, para pedir una mayor fiscalización a una actividad que consideran "ilegal".
En la otra vereda, el gobierno ha cumplido con enviar al Congreso una iniciativa que busca por primera vez generar un marco para este tipo de servicios, generando diferencias que rayan en lo inconstitucional, a juicio de los expertos en Derecho. La iniciativa legal ingresó el martes 25 al Congreso. En ella se establece en primer término que los conductores que trabajen para estas empresas deberán contar con licencia profesional, tal cual se exige hoy a los choferes de taxis y automóviles de turismo privado. Hasta este punto la regulación resulta pareja. Sin embargo, no ahonda en lo esencial que resulta normar en los conductores el vínculo laboral según las leyes del Trabajo en Chile.
Donde se produce la principal dicotomía es en la propuesta del ejecutivo de establecer un pago por kilómetro recorrido al Estado, lo que -según afirman- creará una institucionalidad para monitorear a estas firmas. Con este impuesto se creará un fondo especial que se destinará al gremio para mejorar y actualizar su flota. No obstante, esta idea podría terminar en el Tribunal Constitucional, por cuanto a ojos de entendidos en el Derecho, los impuestos deben ingresar a las arcas fiscales para ser redistribuidos cada año por la vía de la ley de presupuesto. En este caso se pretende destinarlo directamente a un gremio específico del transporte, en desmedro de estos otros que generan una alternativa de empleabilidad, que aprovecha las nuevas tecnología para modernizar un servicio que por lo demás es criticado por usuarios y que podría ofrecer sin duda mejores condiciones. Por otro lado, con este proyecto el gobierno abre una puerta a incrementar el parque de taxis que hoy mantiene "congelado", lo que no resulta comprensible como una política de Estado coherente.
En definitiva, lo plasmado en el documento no permite realmente regular un servicio equiparando sus condiciones pero permitiéndole al gremio del transporte modernizarse en favor del usuario, ni tampoco genera una sana competencia, sino que solamente grava discriminatoriamente, dando una pésima señal para quienes buscan aplicar nuevas formas de negocios y emprendimientos en el país.