La sala de la Cámara de Diputados se pronunciará mañana sobre el proyecto que modifica el Código de Aguas, tras la aprobación del texto en las comisiones de Agricultura y Hacienda de la cámara baja. De esta manera, la iniciativa entra en una fase clave de su trámite Constitucional en el Parlamento, pese a que su discusión ha estado rodeada de críticas de los principales sectores agrícolas del país, los que consideran como una amenaza y una expropiación sin indemnización de los derechos de agua adquiridos, al mismo tiempo que anticipan que su aprobación generará una incerteza jurídica que afectará a futuros proyectos de inversión.
Sólo como antecedente, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, ha advertido que en caso de aprobarse el proyecto, el Estado deberá desembolsar alrededor de US$27 mil millones por conceptos de indemnizaciones a agricultores y gestión del recurso.
En el mensaje del proyecto, el ejecutivo ha justificado esta nueva normativa en la fragilidad del sistema hídrico del país y de los sistemas normativos que regulan las aguas, haciendo necesario asegurar su abastecimiento futuro para el consumo humano. "La regulación de los recursos hídricos requiere de un cambio que intensifique el régimen público de las aguas, reforzando las facultades de Administración en la constitución y limitación de los derechos de aprovechamiento, protegiendo y priorizando los usos de la función de subsistencia", reza el mensaje. Por ello, el proyecto establece que los derechos de aprovechamiento de aguas serán temporales, limitados a un máximo de 30 años; extinción por cambio de actividad y fija un caudal ecológico para los cauces.
A juicio de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), el establecimiento de caudales ecológicos diferenciados en cauces declarados agotados, con cargo a derechos constituidos, priva a los ciudadanos de una fracción de sus derechos legítimos, por tanto lo consideran inconstitucional. Desde el organismo, recuerdan que de los 350 mil regantes que hoy ostentan estos derechos, dos tercios son pequeños agricultores y cerca de 30% medianos propietarios que se verían afectados.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara, la diputada Loreto Carvajal, ha negado que el proyecto genere una expropiación de los derechos y asegura que la ley beneficiará a los pequeños productores, evitando la especulación producida por grandes empresas que obtienen gratuitamente los derechos de aprovechamiento.
La votación de este jueves enfrentará dos visiones de un problema que a futuro amenaza con afectar el recurso que según la Carta Magna pertenece a todos los chilenos.