En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el recurso de protección interpuesto por un comerciante y una funcionaria pública, en contra del alcalde Sergio Zarzar, por rechazar la Patente de Alcoholes que figuraba a nombre de sus padres difuntos.

Los recurrentes, Luis Fonseca y Alicia Venegas, exponen que les fue concedida la posesión efectiva, estando la patente de alcoholes, ubicada en calle Rosas 1089, dentro los bienes hereditarios. Agregan, que se rechazó la solicitud de renovación de la referida patente de alcoholes por este y el próximo año, ordenando la eliminación del rol de patentes de Alcoholes, por encontrarse uno de los recurrentes en la causal de inhabilidad para el comercio de alcohol, al registrar una condena como autor de hurto simple.

Sin embargo, Luis Fonseca argumentó que, de conformidad a su certificado de antecedentes, no registra condenas ni antecedentes de ningún tipo a la fecha, ya que anotaciones de hace casi diez años están prescritas, agregando, además, que estaba en trámite una solicitud de anulación de dichas anotaciones.

En su fallo, la Corte indica que el municipio no ha perturbado ni amenazado los derechos al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y la familia de los recurrentes, a la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes; y a la propiedad.

Por ello, el fallo concluye indicando que en nada altera lo concluido, el hecho que con posterioridad a la solicitud de renovación de la patente de alcoholes, Luis Fonseca, haya procedido a eliminar su anotación prontuarial, toda vez que a la fecha de la petición aludida, la anotación estaba vigente. De esa forma, dio la razón al municipio que no le otorgó la patente.

Danny Fuentes Espinoza

La detención de tres sujetos que viajaron 1.100 kilómetros desde Chillán hasta Vallenar, en la tercera región de Atacama, con el único objetivo de perpetrar un robo nocturno a un local de juegos, marcó uno de los hitos para el Ministerio Público desde que implementó, hace cinco meses, el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional. Por ello, se aprontan a iniciar un nuevo desafío respecto al delito a perseguir.

El jefe de la fiscalía local de Chillán, Pablo Fritz, junto a la fiscal Paulina Valdebenito, encargada de la unidad de análisis en Ñuble, recibieron durante la mañana de ayer, en el edificio del Ministerio Público, al nuevo prefecto de la PDI en Ñuble, Marcelo Mendoza y al comisario Jorge Aguillón, Jefe de la Biro, quienes repasaron una de las diligencias más importantes que han realizado desde que se puso en marcha el plan de persecución en torno al robo en lugar no habitado.

Según comentó la fiscal Paulina Valdebenito, los tres detenidos tienen un prontuario policial que analizaron, toda vez que el delito de robo en lugar no habitado posee características, como la necesidad de contar con un automovilista, un escalador, otro sujeto que sepa abrir un forado, además de un hombre delgado y ágil que ingrese a los locales, como también a un 'mecánico', encargado de realizar las maniobras de oxicorte. De esta manera, se pudo establecer que en Chillán operan 12 sujetos que se vinculan mediante los delitos que han perpetrado, o han compartido en las cárceles.

Nuevo desafío

La fiscal Paulina Valdebenito dijo que el plan de analizar e investigar los delitos de robo en lugar no habitado se extiende hasta el 13 de diciembre; sin embargo, al haber al menos tres importantes diligencias que realizar, se postergará el fin de este foco.

"Desde esa fecha comenzaremos a trabajar respecto al robo con intimidación y robo con violencia. El foco, a diferencia del anterior, que tenía un perímetro acotado del centro de Chillán, ahora estará ampliado, ya que abarcará las cuatro avenidas", señaló la fiscal Paulina Valdebenito.

El fiscal jefe de la unidad de análisis en la región del Bío Bío, José Aravena, destacó que más allá de estar al tanto de los delitos que podrían ocurrir, se buscó que "generaran resultados, especialmente en el ámbito de banda criminales organizadas para cometer este tipo de delitos". En ese sentido, dijo, los resultados son satisfactorios.

Por la alta connotación social, el Ministerio Público abordará ahora los robos violentos hacia las personas, lo cual abre un nuevo flanco de investigación. "Para eso, trabajaremos nuevamente con un equipo de la Biro, de la PDI, que tendrá dedicación exclusiva", dijo Valdebenito, quien nuevamente liderará el equipo que estudiará los casos de Chillán.

La reunión que tuvieron las cuatro asociaciones gremiales del Poder Judicial con los ministros de la Corte Suprema, donde se expuso su preocupación respecto al congelamiento de sus sueldos, tuvo sus repercusiones en todos los tribunales del país, incluyendo los de la provincia de Ñuble.

Desde la entidad encargada de impartir justicia señalaron que la mayor parte de los tribunales de primera instancia se replegaron por espacio de una hora.

En el caso de Chillán, entre 12 y 13 horas, los funcionarios del tribunal de Garantía de Chillán se dieron receso en los controles de detención y las audiencias programadas para salir a la calle, en avenida Ecuador, para manifestar con pequeñas pancartas 'No al congelamiento por rebaja. Independencia judicial'.

El magistrado Luis Aedo, del tribunal de Garantía, comentó que la situación por lo que atraviesan los tiene preocupados, ya que atenta contra su independencia y dificulta la posibilidad de cumplir con todas sus funciones.

Pasadas las 13 horas, fue la Corte Suprema la que emitió un comunicado donde respaldó el actuar de los funcionarios del Poder Judicial, que en hecho extraordinario en las últimas décadas, se manifestaron públicamente contra una decisión del Ejecutivo.

"La Corte Suprema reitera su preocupación en torno a los temas que puedan afectar al Poder Judicial, con motivo de la rebaja de los suelos de 1.150 de sus integrantes", comentaron en un comunicado público.

Asimismo, plantearon que "resulta indispensable que el Poder Ejecutivo dé pronta respuestas a los planteamientos que representara esta Corte Suprema sobre el particular, y provea de espacio de diálogo efectivo para superar todas las dificultades".

Luego que el alcalde electo de San Ignacio, Osiel Soto, presentará un recurso de protección contra Wilson Olivares y el alcalde subrogante, Iván Ferrada, quien visó el llamado a concurso público de diez plazas dentro de la dotación de planta del municipio, esta entidad recurrida deberá informar a la Corte de Apelaciones sobre la legalidad e idoneidad de hacer esta innovación. El abogado de Osiel Soto pidió que se suspendiera el llamado a concurso; sin embargo no dieron 'ha lugar', por lo que sigue en pie la propuesta, en medio de cuestionamientos del edil electo.