"Nos gastamos $500 mil pesos por fiestas que no son más de cuatro al año"
René Schuffeneger, — Alcalde de Portezuelo.
"Crece el interés, al menos en la Provincia hemos logrado más del 100% de voluntarios"
Ricardo Duarte, Comandante
Regimiento N°9 "Chillán".
En 2014 nos preguntamos ¿es justa la gestión de las aguas?, ¿son las aguas bien utilizadas?, ¿está resguardado el consumo humano y saneamiento? ¿tenemos una normativa adecuada para las nuevas tendencias climáticas? Sinceramente, no. Por eso, decidimos trabajar para hacer un país más justo y equitativo en la distribución y manejo del recurso hídrico. El fenómeno globalizado del cambio climático y sus consecuencias es un hecho y Chile no está ajeno a esa realidad. El siglo XXI nos desafía a contar con una normativa que permita hacerle frente con diversas herramientas. Si de los 317 artículos que componen el Código de Aguas, sólo hay uno que se refiere a la sequía como algo extraordinario, debemos ponernos al día. La sociedad es consciente de que el agua es un recurso estratégico y por ello, llevar a cabo la reforma no ha sido un proceso fácil, los detractores de siempre han buscado boicotear de manera irresponsable las ventajas que trae legislar positivamente sobre un bien nacional de uso público y cuyo dominio pertenece a toda la nación. El norte de la discusión es propender a una gestión equilibrada del agua donde coexistan de forma armoniosa la priorización para el consumo humano y saneamiento, la preservación ecosistémica y el desarrollo productivo y eficiente de los diversos usuarios.
La reforma no pretende extinguir ni expropiar los derechos de aprovechamiento. Todo lo contrario, fomenta el uso efectivo del agua para generar beneficios hoy y mañana; lo que sirvió para entonces, no se ajusta necesariamente a los nuevos escenarios y demandas.
¿Qué beneficios trae la Reforma? Sólo por mencionar algunos, asegurar el abastecimiento de agua para los Comités de Agua Potable Rural, los que tendrán un permiso transitorio que les permitirá utilizar hasta 12 l/s mientras tramitan la solicitud definitiva y asimismo, podrán extraer aguas de un sitio del comité o de cualquiera de sus integrantes con una simple servidumbre. Si pensamos en el futuro, debemos proteger la sustentabilidad -concepto inexistente en la normativa vigente- ambiental del agua, por lo que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares; los titulares que no utilicen las aguas para mantener la función ecológica en áreas protegidas por el Ministerio de Medio Ambiente, no pagarán patente por no uso, y así avanzamos.
Es necesario hacer frente a la especulación de los derechos y por ello, se plantea la obligatoriedad de su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces en un plazo de 6 meses para los derechos nuevos y 18 meses para los antiguos, siendo estos últimos otorgados por un período de 30 años y prorrogables si tienen una obra que les permita hacer uso de las aguas. Sino, ¿para qué tener un derecho que no utiliza? Esos derechos ociosos deben ser bien utilizados. Gran parte de los acuerdos realizados en la Comisión de Recursos Hídricos y de Agricultura fueron aprobados unánimemente durante un proceso legislativo muy intenso y fructífero. Hoy, es hora de seguir avanzando hacia el segundo trámite constitucional de la Reforma en aras del bien común, de las personas.
César Saavedra Segura,
Director Regional de la Dirección General Aguas.
Descontentos con la medida del cierre
de la escuela Oro Verde, un grupo de apoderados, alumnos y trabajadores de dicha escuela cortaron el tránsito vehicular ayer, como forma de protesta por lo que ellos consideran un injusto cierre de la escuela. Cerca de veinte personas protestaron en el frontis del establecimiento.
El concejal radical Juan López Cruz dio a conocer en concejo su molestia por el excesivo gasto, a su juicio, en el que estaría incurriendo el municipio de Chillán en el arriendo de un departamento para el nuevo director de Dideco Mauricio Gutiérrez, el cual sobrepasaría los 500 mil pesos e interpeló al alcalde Zarzar por la situación.
Frente a la votación, al Gore no le corresponde pronunciarse porque es una facultad exclusiva de los 28 consejeros regionales, dijo a este medio el seremi de Gobierno, Enrique Inostroza, sobre lo que sucederá este miércoles 25 cuando el CORE deba pronunciarse por tercera vez por la instalación de un casino de juego en Chillán.
Dos fiscalizaciones realizadas en un intervalo de dos años llevaron a un mismo resultado en Chillán. La gran mayoría de los recintos de entretención nocturna, como discotecas, pubs, restaurantes, no está cumpliendo con lo dispuesto por la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual, que prohíbe a estos locales la utilización de contenido musical regulado por el Derecho de Autor sin que previamente se reconozca y pague por su utilización.
El derecho de autor está amparado no sólo por la legislación chilena, sino asimismo por el derecho internacional que reconoce a los artistas, creadores e intérpretes, la propiedad intelectual de sus obras y creaciones. En nuestro país los derechos autorales generados por la utilización de obras musicales y fonogramas son administrados por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, mientras que los derechos de los productores de Fonogramas y Videogramas musicales son defendidos por una Sociedad de Gestión Colectiva de derechos intelectuales.
Uno de los roles de la Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile (Profovi) es detectar e impedir el uso no autorizado, de los Fonogramas y Videogramas del repertorio de sus asociados, sellos discográficos como Emi, Sony/BMG, Universal Music, Warner, entre otros.
Precisamente fueron representantes de esta última entidad los que coordinaron con Carabineros de Chile una fiscalización nocturna durante el fin de semana, la que arrojó un total de 11 detenidos, además de incautación de notebooks, pendrive y multas, por no contar con las licencias respectivas para la emisión de música.
Un aspecto que preocupa es que muchos de los recintos multados fueron los mismos que en 2014 también fueron fiscalizados y recibieron sanciones contempladas en la Ley 17.336, por tanto se trata de situaciones reincidentes. Se calcula que el 80% de estos locales no cumple con esta disposición y que en muy pocos casos se regulariza adecuadamente.
La masificación de los medios de comunicación y la internet ha relativizado de alguna manera el derecho de artistas y productores a sus creaciones, pero no por ello pueden ser obviados, más si están amparados en la ley. Respetar la propiedad intelectual es lo que permite que podamos seguir disfrutando de las obras musicales y los creadores reciban el justo rédito por ello.