Patricio Quintana estaba en su casa cuando se presentó el supuesto presidente de la Junta de Vecinos. Le expuso tres hojas con el timbre oficial y el listado de personas que estaban entregando su aporte económico para la familia de una vecina que había perdido a su hija, víctima de un tumor cerebral. Sin embargo, no pasaron muchos minutos antes de darse cuenta que se trataba de una farsa.

"Mis dudas nacieron cuando esta persona se presentó sola. Le dije que tenía que ir a sacar plata al supermercado, y que pasara luego por mí. Me dijo que no me preocupara, diciendo que volvería, pero no regresó", relató Quintana, quien vive en calle Arturo Prat, casi en la intersección con avenida Brasil.

La supuesta familia vivía en medio de unos pasajes cercanos, "así que le dije a mi hijo, después de ir al supermercado, que averiguara por el caso de la niña que había muerto por el cáncer, así que de esta manera nos enteramos que la historia era falsa".

Patricio Quintana no le entregó dinero, pero señaló que según el listado que presentaba, ya habían varios vecinos que habían aportado, "y eso es preocupante, porque además es muy bajo inventar una historia así".

Cecilia Henríquez, presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Chillán, señaló que "esta es una vieja historia, pero que nos sigue preocupando, porque habla del poco conocimiento que tienen los vecinos de sus representantes".

Por su parte, el subprefecto Roberto Castro, jefe de la Brigada de Delitos Económicos, planteó que el engaño para obtener dinero es un delito. "En estos casos, se recomienda denunciar el hecho y sugerirle al vecino que pide dinero que va a controlar la situación con la PDI. Seguramente va a salir arrancando", planteó.

En medio de una solemne ceremonia, que incluyó un amplio despliegue de sus voluntarios en un desfile, el Cuerpo de Bomberos de Chillán bautizó los cuatro nuevos carros que iniciaron sus funciones en febrero.

El evento, que no se realizaba desde 2006 en la zona, consistió en exhibir a la comunidad los dos carros de rescate vehicular y dos especializados en incendios estructurales.

Así lo explicó el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chillán, José Luis Valderrama Molina, agregando que la flamante maquinaria obedece a un plan de renovación de vehículos que lleva adelante la institución desde hace ya bastante tiempo.

"Dos de estos carros provienen de Portugal y dos de Alemania, aprobados por la norma europea, lo que asciende a una inversión cercana a los $900 millones. Esto es parte de otras renovaciones que iremos implementando y esperamos llegar al cien por ciento de nuestros vehículos renovados en un plazo no superior a seis años", expresó la autoridad bomberil, añadiendo que dos carros llegaron gracias a un proyecto gestionado vía Gobierno Regional y los otros dos mediante la Junta Nacional con cero costo para Bomberos.

Para el caso de los carros de rescate vehicular, uno ya se encuentra en la Primera Compañía de Villa Kennedy y el otro en el cuartel central de calle El Roble. Para el caso de aquellos destinados a incendios estructurales, uno se afincó en la Tercera Compañía (sector suroriente de Chillán y que están construyendo su nuevo cuartel) y el otro en la Séptima Compañía de Quinchamalí.

Las autoridades felicitaron a los voluntarios locales, incluyendo al presidente regional de Bomberos, Dino Olivieri, quien dijo que "fue una formación importante. Además, se están esperando dos nuevos carros para el año 2017".

Equipos de emergencia de la municipalidad de Chillán debieron trasladarse hasta la intersección de avenida Collín y calle Arauco durante la mañana de ayer, para desocupar la transitada vía, luego que cayera árbol en plena calle, a causa del fuerte viento. El desplome cortó los cables del tendido eléctrico, dejando seis viviendas sin el servicio. Además, el tránsito se vio interrumpido por más de una hora para que así pudieran trabajar los equipos técnicos de emergencia, para retirar el tronco del pavimento y liberar la ruta para el libre tránsito vehicular.

Danny Fuentes Espinoza

Cuando faltaban seis días para asumir el cargo de alcalde en San Ignacio, Osiel Soto sufrió un traspié en la Corte de Apelaciones de Chillán, ya que se rechazó el recurso de protección que interpuso contra el jefe edilicio que reemplazaba a Wilson Olivares, quien llamó a concurso público un día después de los comicios municipales del 23 de octubre, creando diez plazas en la dotación de planta del municipio.

En un fallo de 14 páginas, los ministros Guillermo Arcos, Christian Hansen y Claudio Arias, resolvieron que la acción judicial no representa un acto arbitrario e ilegal, como pretendía Osiel Soto, quien fue representado por el abogado Rodrigo Vera.

"No se aprecia de qué forma la garantía de igualdad ante la ley del recurrente pudiere resultar afectada o amenazada de concretarse el proceso de selección para los cargos en el municipio ya indicado mediante una disminución del poder decisorio del nuevo alcalde que asuma en su oportunidad, como fuera sostenido en el recurso, puesto que quienes resulten elegidos seguirán siendo funcionarios subalternos de la autoridad municipal", plantea el fallo redactado por el ministro Hansen.

Asimismo, señala que tampoco existe arbitrariedad en el llamado a concurso, "esto es, que sea por mero capricho del recurrido, toda vez que consta en los diversos Decretos Alcaldicios ya referidos que éstos han sido debidamente fundamentados tanto en los hechos como en el derecho".

Este último punto fue valorado por el saliente alcalde Wilson Olivares, quien el 17 de noviembre presentó su renuncia para iniciar su campaña para ser Consejero Regional.

"Como alcalde hice todo lo que me faculta conforme a la Ley", declaró Olivares, quien desmintió que hiciera un llamado para llenar plazas con personas de confianza, sino más bien se trató de un concurso público limpio.

"Durante ocho años que estuve como alcalde llamé sólo a un concurso y siempre pensé que quedaron postergados, pero era mi obligación llamarlos en el último periodo, ganara o perdiera", declaró Olivares.

No obstante haber rechazado el recurso, en uno de sus últimos puntos la Corte dejó en claro que "no obstan al ejercicio de las acciones de quienes se sientan afectados y que resulten procedentes en los procedimientos que la ley establece", pudiendo abrir la posibilidad de que Soto recurra ante la Contraloría.