La suspensión del pago de dieta o de asignaciones en el caso de parlamentarios desaforados, es parte de la propuesta que realizó el senador Felipe Harboe, indicación que podría formar parte de la reforma al sistema de auditorías y control del uso de recursos públicos en el Parlamento, la cual es debatida por la Comisión Especial de Probidad y Transparencia.

"El objetivo de mi petición es evitar que parlamentarios que, por decisión judicial, están desaforados y no están cumpliendo las labores (trabajando) dejen de recibir su remuneración. No me parece justo que mientras a un trabajador se le descuenta por día no trabajado, a un parlamentario desaforado (por sentencia judicial) no trabaje y se le siga pagando el sueldo", dijo Felipe Harboe.

La indicación hecha por Harboe, se presentó justo el día en que el Programa de Derechos Humanos y la abogada querellante Magdalena Garcés, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Valdivia ampliar el desafuero del diputado Rosauro Martínez en el Caso Neltume, congresista que en caso de aprobarse la indicación, dejaría de percibir su asignación.

"Los parlamentarios desaforados no siguen cumpliendo su función, por lo que tampoco deben ser incluidos en las actividades oficiales como autoridades. Podrán ser invitados como cualquier ciudadano, pero no como autoridad, ya que oficialmente está judicialmente impedido de ejercer tal cargo", aseveró el senador PPD.

El desafuero del diputado RN se reduce hasta ahora al proceso por la muerte de tres miristas, pero durante esta semana se pidió que eventualmente se le enjuicie por otros cuatro asesinatos, lo cual lo mantendría alejado del congreso y con ello la posibilidad de no percibir su dieta parlamentaria.

"Creo que esta es una situación que debe ser resuelta por la cámara y no me voy a pronunciar en este tema y lo que ellos resuelva será lo correcto y tendrán todos los antecedentes", dijo Martínez.

Consultado si le molesta la presentación de esta moción, el desaforado diputado indicó que "No. ¿Por qué?, creo que esto se da y tengo los antecedentes desde que Neruda fue desaforado a la fecha y hay muchas situaciones que a lo mejor debieron tener otro trato, pero creo que finalmente es el congreso quien debe de tener claridad al momento de resolver una situación como ésta".

Ingrid Acuña Caballero

Fue en la sesión extraordinaria de concejo, a principios de julio de este año, que el ex alcalde de Ránquil, Carlos Garrido informó sobre la presentación de una querella en el Juzgado de Garantía de Coelemu, en contra de dos funcionarias del departamento de salud por malversación de caudales públicos.

En solo 23 minutos el ex edil de Ránquil comunicó a los concejales que, luego de que llegara una solicitud de cobranza judicial por unas facturas del departamento de salud que estaban con deuda pendiente, se llegó a revisar los antecedentes y se descubrió un problema administrativo donde habían dineros municipales involucrados, por lo que se instruyó un sumario administrativo por malversación de fondos públicos y por irregularidad administrativa.

"Los sumarios son secretos y no se puede informar nada de los antecedentes que recoge, y en consideración de eso y debido a la gravedad respecto del sumario y a la gravedad de los antecedentes tenido a la vista por el fiscal, se instruyó la separación momentánea de las funcionarias. Aquí no se ha despido a nadie, solo separación de las funcionarias por la gravedad de los hechos. Aquí hay una presunción de inocencia y son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario", fue parte del discurso que entregó Carlos Garrido durante la sesión extraordinaria.

Crónica Chillán se intentó contactar con el ex edil, pero no respondió las llamadas telefónicas.

Doble pago de facturas

En la pesquisa municipal se pudo comprobar el pago doble de facturas a proveedores de insumos médicos y farmacéuticos, y también casos en que una de las involucradas cobró 30 cheques que emitía el municipio, para el supuesto pago de las adquisiciones para el departamento de salud, por un monto total de $77.710.178.

Se cree que los dineros involucrados podrían aumentar, ya que la investigación que lleva adelante la fiscalía local de Quirihue podría considerar el detalle de pagos de más años que lo que reparó la municipalidad, el cual comprendió entre enero de 2015 y junio de 2016.

"Una de mis prioridades es solucionar un grave problema de pérdidas de recursos por no decir robo, hay en curso sumarios administrativos más de 300 millones de pesos robados en ese departamento y eso no se puede permitir, por lo que pondré mis esfuerzos para esclarecer eso y que se tomen las medidas correspondientes", subrayó Benito Bravo, alcalde de Ránquil .

Paralelo a la presentación de la querella, el asesor jurídico municipal sugirió solicitar una entrevista con el Consejo de Defensa del Estado, para ver si ellos se podrían hacer parte en esta investigación, dado que hay fondos públicos comprometidos.

En tanto, en la querella se detalla que "en entrevista sostenida por ambas funcionarias con el ex alcalde y con el asesor jurídico municipal, admitieron la ocurrencia de las irregularidades señaladas, agregando que debieron recurrir a este mecanismo para poder adquirir insumos médicos, debido a que habían omitido el llamado a licitación pública para la adquisición de tales bienes".

En este punto, el municipio realizó sus descargos, informando a tribunales que el subterfugio usado por las funcionarias es absurdo debido a que existen otros procedimientos en la legislación para la compra de insumos, los cuales eran conocidos por las funcionarias por la experiencia que tenían en esta materia.

Destituidas

El sumario que se instruyó por decreto alcaldicio N° 1.833 y que concluyó en septiembre, fijó como sanción la destitución de ambas funcionarias.

"Por estas consideraciones y lo dispuesto en la normativa vigente, se concluye que en el presente sumario se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa de las dos funcionarias, a los deberes que en cada caso se indicaron y que afecta a dichos funcionarios responsabilidad civil la que deberá perseguirse una vez terminado este sumario por las vías correspondientes", según detalla las conclusiones del sumario.

Ante la envergadura de los hechos, los concejales solicitaron al nuevo alcalde continuar con la investigación.

"No puede ser que aquí existan solo dos o cuatro culpables, ya que cuando estos cheques eran pagados alguien los debía entregar y anotar el número de factura y de documento, además en reiteradas ocasiones solicitamos informes trimestrales de salud y estos no eran entregados", recalcó el concejal Víctor Rabanal.

"Hay en curso sumarios administrativos más de 300 millones de pesos robados en ese departamento y eso no se puede permitir"

Benito Bravo, Alcalde de Ránquil"