El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sentenció ayer a 180 días de presidio remitido al diputado desaforado Gaspar Rivas por el delito de injurias graves contra el empresario Andrónico Luksic. Durante ese periodo, el parlamentario independiente no podrá ejercer cargos públicos.

Asimismo, el tribunal le ordenó el pago de una multa de 40 UTM ($ 1.840.000 que podrán ser cancelados en diez cuotas) y el pago de las costas del proceso. Además, Rivas deberá asistir a un centro de reinserción social de Gendarmería.

La sentencia llegó después de que el viernes pasado, el juez Daniel Aravena declarara culpable al legislador por los hechos ocurridos en una sesión de la Cámara Baja y a través de medios de comunicación, específicamente porque Rivas se refirió a Luksic como "delincuente" e "hijo de puta".

Los abogados del vicepresidente de Banco de Chile, sin embargo, pedían tres años de reclusión y el pago de una multa de 150 UTM.

La defensa del diputado tiene un plazo de diez días para recurrir a instancias superiores y solicitar la anulación del juicio.

Tras conocer la condena, Rivas reiteró que no está arrepentido de sus dichos contra el empresario. "No estoy arrepentido, la reacción que quería generar por parte de la opinión pública, de entender que ninguna persona, por mucho que tenga poder, influencia y dinero, está por sobre el escrutinio de la ciudadanía. Y eso, a mi juicio, se logró con creces", argumentó el parlamentario.

"Hoy hay un criterio distinto por parte de la ciudadanía y todos tenemos que rendir cuentas frente a la opinión pública", agregó.

"precedente"

Mientras, Andrónico Luksic dijo esperar que esta sentencia "sea una señal que contribuya a mejorar la manera como nos relacionamos entre los chilenos".

"Creo que es relevante que el tribunal haya establecido un precedente en favor del respeto y la sana convivencia que requiere el país", manifestó el controlador de Quiñenco, a través de una declaración pública.

Refiriéndose a la agresión que sufrió a su salida del Centro de Justicia, tras acudir la semana pasada a declarar como testigo de la causa, Luksic agradeció especialmente a los funcionarios de Gendarmería que "intentaron protegerme ante una situación que los comprometió a ellos y a los profesionales de la prensa que intentaban hacer su trabajo".

"Valoro la condena transversal a los hechos allí ocurridos y agradezco profundamente los gestos y mensajes de apoyo que he recibido en los últimos días", sostuvo.

Finalmente, el empresario expresó que "el país requiere unidad, requiere un diálogo constructivo, que acepte y valore las diferencias. Hoy más que nunca, para recuperar la confianza y el optimismo, Chile necesita que cada uno, desde su propio ámbito, cultive un clima de respeto, sin descalificaciones, sin violencia y con mucha transparencia. Chile y su progreso debe ser hoy nuestra primera y máxima prioridad".

Una de las dudas que surgió tras la condena del tribunal es si Rivas continuará recibiendo su sueldo como diputado y si podrá retornar al Congreso.

El presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade (PS), dijo que, "tanto desde el punto de vista ético como legal, creo que no debería seguir recibiendo su dieta". "Si una persona no está ejerciendo su rol, no se justifica", consideró el titular de la Corporación sobre la dieta que recibe actualmente el legislador desaforado, que excluye los viáticos y beneficios adicionales.

años de reclusión y el pago de una multa de 150 UTM solicitaban los abogados de Luksic para Rivas. 3

meses faltan para que termine el periodo legislativo, por lo que Rivas podría recuperar su escaño. 15

El hijo de la Presidenta Bachelet y ex director sociocultural de La Moneda, Sebastián Dávalos, acudió ayer a las dependencias de la Fiscalía de Rancagua para reunirse con el equipo de fiscales que investiga el caso Caval, audiencia que él solicitó.

Antes de ingresar al edificio, el esposo de la socia de Caval, Natalia Compagnon, aseguró que se reuniría con el persecutor Sergio Moya, según recogió Emol. La comparecencia de Dávalos se produjo un día después de que la jefa de gabinete de la Mandataria, Ana Lya Uriarte, debiera declarar como testigo por el caso. Esto, después de que Compagnon la vinculara a la causa aludiendo al informe que habría elaborado la asesora presidencial para su empresa en 2012.

Las diligencias ocurren a tres semanas de la formalización por estafa que afrontará la nuera de la Presidenta y su ex socio en Caval, Mauricio Valero, arista que se originó tras una querella interpuesta por el empresario Gonzalo Vial Concha. Ambos serán imputados por ocho informes y estudios mineros y portuarios que Vial Concha compró a la firma en cuestión y que, según el querellante, habrían sido una copia textual de trabajos publicados en Internet por terceros ajenos a Caval.

Por esos documentos Vial habría pagado $ 1.200 millones por medio de cuatro facturas emitidas entre junio y agosto de 2012.

De acuerdo con la querella presentada por Vial, varios de ellos estaban protegidos por el derecho de propiedad intelectual y habrían sido copias de estudios de entidades como la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Gobierno evita comentar

La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, fue consultada ayer por la comparecencia de Dávalos ante los fiscales, pero la vocera del Ejecutivo declinó hacer comentarios al respecto.

"Ese es un proceso que se lleva en el ámbito de la justicia y, que como decimos siempre, tiene sede judicial. El Gobierno no puede comentar lo que es un proceso que está en su curso y que está abierto, no corresponde, no puede ni debe hacerlo", sostuvo Narváez.

"Por lo tanto, los trámites que hace la justicia y requiere la justicia se deben desarrollar con total respeto y responsabilidad. Lo importante aquí es que todas las personas que puedan facilitar información en los procesos, está bien y es normal que así suceda", añadió.