Danny Fuentes Espinoza

Cuando se cumplieron diez meses y dos días desde que las cámaras de vigilancia de la cárcel de Chillán captaron la brutal golpiza de la que fueron víctimas tres internos, a manos de gendarmería, para luego ser difundidas mediáticamente, se concretó ayer la audiencia de formalización de los funcionarios involucrados.

El número de público fue acotado en la audiencia para prevenir cualquier desorden, pero además porque se debían ocupar los espacios de los intervinientes, atendido que se esperaban siete imputados, un abogado defensor, mientras que en el sector de los persecutores estaba el fiscal Pablo Fritz, dos de las víctimas y tres abogados querellantes.

Abogados de la defensoría Penal Pública y del Ministerio Público, como también familiares de una de las víctimas, y los dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) tuvieron la oportunidad de escuchar los alegatos.

De hecho, a las 8.15 horas ya se encontraban en el segundo piso del tribunal de Garantía gran parte de los intervinientes. Lo anterior, hasta pasadas las 9 horas, momentos en que el magistrado Manuel Vilchez solicitó que ingresaran todos los involucrados a la sala.

"Antes de proceder a la formalización de los imputados, quiero hacer presente que el ministerio público no va a formalizar a Cristian Montecinos Fuentes", fue la primera sorpresa que dio el fiscal Pablo Fritz, al inicio de la audiencia.

Con posterioridad, Montecinos, quien ostenta el cargo de director provincial de la Anfup Ñuble, confesaría ante los medios que minutos antes de la audiencia, el abogado persecutor le comentó que no formularía cargos, ya que no existirían antecedentes claros sobre su participación.

"Uno entiende que hay momentos que debe callar para que el Ministerio Público pueda realizar su labor, pero en ese mismo contexto, para mí fue un alivio que dentro de esa investigación haya determinado que mi formalización no era procedente", explicó Cristian Montecinos.

Los hechos

Dada la amplia difusión mediática que tuvieron las imágenes de las cámaras que registraron la golpiza de la que fueron víctimas los tres internos de la cárcel de Chillán, el fiscal Pablo_Fritz se remitió a la calificación jurídica.

"Los imputados, todos funcionarios de Gendarmería de Chile, con ocasión de un procedimiento rutinario de control y registro de los internos del patio de imputados, procedieron a irrespetar el trato digno que el desempeño de sus funciones importa, agrediendo de manera irracional e innecesaria a los internos: Juan Carlos Vaccaro Lizardi, Jonathan Marcelo Contreras Belmar y Pablo Zambrano Yáñez, víctimas que estaban en prisión preventiva bajo la custodia, control y cuidado de los gendarmes", señaló el fiscal Fritz, precisando que los hechos antes descritos configuran el delito de tormentos y apremios ilegítimos.

Lo anterior, significó que Pablo Zambrano resultó con lesiones leves después de ser golpeado con puños y pies. Asimismo, Juan Vaccaro fue diagnosticado con lesiones menos graves, ya que el médico que lo evaluó lo diagnosticó con un "tec simple, policontuso, contusión facial y de un dedo del pie, traumatismo superficial de la nariz.".

El tercer caso, y considerado grave, fue el de Jonathan Contreras, quien después de ser retenido, fue golpeado con mano por el gendarme Raúl Valverde, quien le originó "perforación timpánica del oído izquierdo".

Cautelares

Tras exponer los antecedentes del hecho, el fiscal Fritz pidió que los imputados quedaran con las cautelares de arraigo nacional y quedar sujetos a la vigilancia de Gendarmería.

La abogada querellante Carolina Alvear, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a diferencia de la fiscalía, pidió para Raúl Malverde arresto domiciliario total, mientras que para Miguel muñoz solicitó su arresto domiciliario parcial. Para los otros cuatro imputados, sugirió firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima.

Por su parte, Mariella Dentone, abogada querellante y procuradora del Consejo de Defensa del Estado, se adhirió a la solicitud de su predecesora.

El abogado defensor de los imputados compartió el criterio de fiscalía, indicando que "con esta cautelares se podrán cumplir los fines del procedimiento".

El juez Manuel Vilchez, por su parte, antes de fijar el plazo de investigación en dos meses, dijo que los imputados "quedarán bajo la vigilancia de Gendarmería de Chile, debiendo emitir un informe mensual a esta magistratura para el cumplimiento de la medida cautelar". Asimismo, determinó que "tendrán la prohibición de salir del territorio nacional y la prohibición de aproximarse a las víctimas".

Reacciones

La abogada Paula Mujica, representante de Juan Vaccaro, dijo esperar que "se haga justicia y se sancione a los funcionarios que incurrieron en estos hechos que son graves dentro de un Estado de Derecho".

Óscar Villamán, vocero nacional de la Anfup, expresó que "en las cárceles, el lenguaje aceptado es la violencia, acá los funcionarios reaccionaron de la forma y con los elementos que se tenían para controlar la situación".

Pasadas las 9.30 horas terminó la audiencia. El fiscal Pablo Fritz explicó que "a pena en abstracto es hasta 5 años de pena efectiva, pero en el caso en concreto, se trata de imputados que todos tienen circunstancias atenuantes que son objetivas". Asimismo, señaló que ante la eventual relación que tendrían otros gendarmes, dijo que "se abrió la investigación y si es necesario, se podrían formalizar".

"Tendrán la prohibición de salir del territorio nacional y la prohibición de aproximarse a las víctimas"".

Manuel Vilchez

Juez tribunal de Garantía"