Manuel Cabrera Ruiz

La iniciativa impulsada por el ejecutivo que busca reformar nuestro actual Código de Aguas - el cual data de 1981 - no ha dejado indiferente a pocos, en particular al sector agricultor, quienes no ven con buenos ojos una medida que tiene como uno de sus puntos claves los cambios que apuntan a modificar las normas de aprovechamiento de agua, el cual en la actualidad es de carácter perpetuo y que, de ser aprobada en el Senado, entraría en un sistema de concesión otorgando estos derechos a quien los solicite entre 25 y 30 años, lo anterior con posibilidad de ser renovado.

Complemento

Siguiendo en esa línea, uno de los principales puntos de la reforma es reforzar el carácter de las aguas como bien nacional de uso público, mediante la priorización en el otorgamiento y en la limitación de los derechos de aprovechamiento que sobre ellas se constituyan para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento.

En tanto, uno de los ítems más debatidos es la limitación de algunos derechos en situaciones especiales, como por ejemplo en temporadas de sequía, donde se determinarán causales de caducidad.

Posiciones

Eric Lantaño, ingeniero agrónomo que cuenta con un Magister en Ingeniería Agrícola y Recursos Hídricos, se ha encargado de estudiar en profundidad el proyecto de ley en cuestión, mostrando una postura a favor de que se apruebe lo más pronto posible.

"Recordemos que la reforma que se pretende hacer no toca los derechos de agua que ya están inscritos", precisó Lantaño, por lo que desde su visión esto no tendría ningún tipo de efecto sobre los agricultores, ya que no hay expropiación del derecho perpetuo.

Según el experto, en lo que sí se generaría un cambio sería en la administración de las aguas subterráneas, acotando que "sí tiene un impacto en las que aún no se han inscrito, que por lo menos en esta zona hay mucha disponibilidad de agua para que el agricultor constituya un nuevo derecho".

La crítica a la reforma se fundamenta - desde el sector agrícola - en la imposición de una serie de restricciones y burocracia en la administración del agua, como la indicación parlamentaria que pretende instaurar un 20% de caudal ecológico en todas las cuencas de Chile de forma retroactiva, lo cual afectaría los derechos de aprovechamiento de aguas que fueron entregados con anterioridad.

Francisco Saldías, administrador de la junta de vigilancia Río Diguillín, señaló que para los agricultores con los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos (inscritos) o reconocidos, los afectará por cuanto pasarán de ser un derecho real (dominio) a ser considerados como vigentes.

"Pasarán de ser de libre disposición a goce temporal, con reglas, requisitos y limitaciones, que incluyen la extinción por no uso y caducar por no estar inscritos en el Conservador de Bienes Raíces", expresó Saldías, el cual apunta a una mayor participación en los debates por parte del sector agrícola.

Graficando aún más su preocupación, Francisco Saldías acotó que "se puede concluir que se perderá la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de las aguas, y el Estado con sus funcionarios asume el rol para decidir qué y cuáles derechos se están usando, y si corresponde caducarlos y/o extinguirlos. A su vez, los pequeños agricultores que no han tenido recursos para inscribir sus aguas perderán su dominio y se les entregará una concesión transitoria".

Por su parte, Margarita Letelier, presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, también hizo latente sus aprensiones al sostener que "esto lo que provocará son efectos sociales concretos, como el debilitamiento de la economía y generación de empleo, problemas en la producción de alimentos, migración del campo a la ciudad, menos desarrollo rural, entre otras. También, la depreciación de la tierra y los problemas que deberán enfrentar los agricultores para acceder al crédito", agregando además que esto será un problema social que traspasará al sector agrícola.

Eric Lantaño, se mostró completamente en desacuerdo con esta postura, sosteniendo que "soy categórico al decir que no hay ningún tipo de impacto negativo para la agricultura, solo que ahora quien vaya a constituir por primera vez un derecho, a esa persona le van a dar esta posibilidad vía concesión por 25 años", sentenció.

A pesar de lo anterior, Margarita Letelier fue aún más dura con su postura, apuntando que "¿es razonable que los agricultores que tienen un derecho que han adquirido con el esfuerzo de su trabajo se extinga con el paso de los años? ¿Cuál es la certidumbre para invertir y para dar trabajo a millones de personas que viven en el mundo rural? Esto también afecta de manera directa a los pequeños agricultores, que forman parte del 70% del universo de regantes en Chile", por lo que espera que el ejecutivo realice - al menos - observaciones al proyecto.

Comisión

El pasado lunes 16 de enero, representantes de los regantes provenientes de distintos puntos del país, tuvieron la posibilidad de exponer sus observaciones frente a la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, encuentro que tuvo una duración de casi dos horas y media, instancia en la que se buscó escuchar la mayor cantidad de actores posibles.

En representación de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble estuvo en la cita Martín Arrau, director secretario de esta organización, quien no perdió la oportunidad de expresar sus aprensiones a los Senadores que integran la comisión, entre los cuales se encuentran Isabel Allende, Francisco Chahuán, Víctor Pérez Varela, Jorge Pizarro y Adriana Muñoz, siendo esta última la que preside dicho espacio.

Arrau al momento de concluir su exposición, criticó a la Dirección General de Aguas, apuntando que en hoy en día no existe un catastro actualizado sobre quiénes tienen derechos de agua.

"La verdad es que no se sabe. La Dirección General de Aguas hoy en día no tiene el listado de los titulares de derechos de agua del Río Ñuble", señaló Martín Arrau, añadiendo también que ellos como junta de vigilancia han ido a los conservadores de bienes raíces lo que les ha permitido - según su parecer - tener un aproximado, número que varía principalmente por el fallecimiento de los titulares correspondientes.

Carlos Estévez, director general de Aguas, no se demoró en responder este emplazamiento, acotando que se estaban emitiendo juicios que no estaban acordes con la realidad. "Si uno entra a la página web de la DGA, se va a encontrar que de 123.000 mutaciones que han sido informada por los conservadores de bienes raíces, hay 78.000 que durante el 2016 se hicieron transparente", respondió Estévez a la hora de discutir cada uno de los puntos que integran este polémico proyecto.

"Esto lo que provocará son efectos sociales concretos, como el debilitamiento de la economía y generación de empleo, problemas en la producción de alimentos".

Margarita Letelier

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