Detectives de la Prefectura Provincial Ñuble realizaron un servicio policial en el cual participaron las distintas unidades dependientes de la PDI chillaneja con la finalidad de aprehender a quienes mantienen órdenes de detención pendientes emanadas desde los distintos juzgados de garantía de la zona.

Durante las diligencias, que se extendieron por seis horas, los oficiales capturaron a veintidós personas que eran buscadas por delitos de hurto, estafas y otras defraudaciones, robo en lugar no habitado e infracción a la Ley 20.000 de Drogas. En tanto, los restantes corresponden a arrestos por pensión de alimentos devengados.

Los detenidos fueron puestos a disposición del tribunal para la correspondiente audiencia de control de detención.

Continúa la preocupación por Felipe Romero (23), el joven Bombero de Ñiquén, quien se encuentra en estado grave luego de sufrir un accidente cuando se dirigía a combatir los incendios forestales.

Tal ha sido el impacto que incluso rostros televisivos se han sensibilizado con la situación que vive el joven voluntario. Rafael Araneda, por ejemplo, escribió en su cuenta twitter "Hospital de Chillán informa que bombero Felipe Romero permanece en la UCI, grave, pero evolucionando. Luchando #FuerzaFelipeRomero".

La demostración de cariño y apoyo al voluntario y su familia no quedaron indiferentes y el alcalde de Ñiquén, Manuel Pino, en representación de la familia, dijo que "diariamente estoy en contacto con la madre de Felipe y vamos conversando acerca de su estado. Agradecemos infinitamente la preocupación y la oración", señaló.

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Un nuevo retraso deberá enfrentar la construcción del nuevo inmueble donde funcionarán las futuras dependencias de la Municipalidad de Coelemu. Surgida el 2004 bajo la administración de la ex alcaldesa Eugenia Romero, la iniciativa ha tenido diversas readecuaciones.

Tras el terremoto del 2010 debió incorporar a los proyectos las indicaciones relativas a la nueva normativa antisísmica que implementó el gobierno del ex Presidente Piñera.

Y el año pasado, la modificación a la Ley sobre Accesibilidad de personas con discapacidad agregó una nueva complicación a la iniciativa.

Por lo anterior, es que tras un exhaustivo análisis del escenario, el recientemente electo alcalde de Coelemu, Alejandro Pedreros, decidió paralizar los trabajos (de excavación y fundación) que se estaban llevando a cabo para levantar el inmueble que tenía un costo original cercano a los $ 1.600 millones.

"Tuvimos que terminar el contrato y llegar a un acuerdo con la constructora ya que se cometieron errores administrativos, de arquitectura y normativas graves que hacían absolutamente inviable la construcción de ese edificio", precisó con un dejo de resignación la autoridad edilicia.

Efecto político

Pero Según Pedreros fueron varios los factores los que finalmente lo llevaron a detener la iniciativa, destacando temas legales y constructivos. "Junto a un problema de tenencia de los terrenos por parte del municipio, las modificaciones a la Ley de Accesibilidad Universal, implicaban cambios en el diseño arquitectónico y estructural, lo que hacía más caro readecuarlo que hacerlo de nuevo", sentenció.

"Ese inmueble no podía construirse con las características que la administración pasada nos dejó. No cumplía con la normativa para obtener el permiso de edificación ni menos el de recepción. Acá la administración anterior insistió en seguir mostrándole a la comunidad que se seguía avanzando, se buscaba un efecto político considerando el proceso eleccionario que se vivía", reflexionó el actual alcalde de Coelemu.

Consciente de la necesidad que la comuna cuente con nuevas instalaciones lo antes posible para que puedan cobijar la totalidad de las dependencias edilicias, pues el municipio desembolsa altas sumas de dineros por concepto de arriendo, la actual administración se encuentra trabajando en reformular el proyecto y gestionar los recursos.

"La meta de este año es tener el diseño que cumpla la normativa vigente y el proyecto con valores actualizados, pues el anterior estaba muy subvalorado, para ingresarlo al Gobierno Regional para su análisis técnico", remarcó Pedreros.

DESVIAR la ATENCIÓN

Junto con precisar que el nuevo edificio debe construirse cumpliendo con la legalidad vigente, a juicio del concejal Enrique Rivas (RN) se está tratando de desviar la atención por el trabajo que él está realizando en la nueva administración. "El alcalde no ha cumplido con las promesas de campaña, yo sé que se está iniciando y que tiene la mejor de las voluntades. Decía voy a trabajar con gente de Coelemu y lo que hoy en día se ve es que está trabajando con gente de afuera", criticó el edil de oposición.

Al ser consultado sobre la tardanza en la ejecución de la iniciativa, si bien Rivas la reconoció, la atribuyó a la envergadura del proyecto. "En las comunas más pequeñas como la nuestra las capacidades en las unidades de planificación son pocas, por lo que es difícil que puedan avanzar y perduren en el tiempo", dijo el edil.

Diario Crónica Chillán se comunicó con Laura Aravena para conocer su parecer sobre la decisión del actual alcalde, pero la ex autoridad declinó referirse al tema.

Fueron las constantes denuncias por malos olores de los vecinos a la Seremi de Salud del Bío Bío, las que permitió la clausura de la fábrica de longanizas "El Patty", ubicada en avenida Argentina 826.

Si bien los reclamos de la comunidad venían ocurriendo hace un tiempo, la autoridad sanitaria no había podido fiscalizar el local ya que se encontraba cerrado al momento de la llegada de los funcionarios. Por lo anterior es que en virtud de las atribuciones que le confiere el Código Sanitario, el delegado de la autoridad sanitaria en Ñuble procedió a firmar el respectivo decreto gracias al cual durante la jornada de ayer personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Segunda Comisaría de Chillán allanó el recinto. En la ocasión, se procedió a decomisar 15 kilos de productos y se retiraron las maquinarias con las que se elaboraban los embutidos.

No puede funcionar

Además de las medidas anteriormente mencionadas, la Seremi de Salud del Bío Bío dictó una prohibición de funcionamiento, con lo cual el establecimiento queda impedido de continuar con sus procesos productivos.

Durante el transcurso de la diligencia, se determinó que el local tenía anexo, un lugar donde se vendían longanizas. "Si bien contaba con resolución, sin embargo, no tenía patente, es decir podían vender pero no fabricar. Sin embargo, al revisar los documentos se estableció que la resolución era falsa, por lo que la persona quedó citada a tribunales según el artículo 26, por falsificación y uso de instrumento público", detallaron desde Carabineros en relación a las diligencias.