El incidente ocurrido este lunes al interior del Tribunal de Garantía de San Bernardo, en la Región Metropolitana, donde el imputado Leonardo Andrés Azagra Valdivia (25) agredió con un arma cortante a un gendarme para luego huir del recinto judicial con un magistrado en calidad de rehén, es sin duda uno de los más inusuales en la década de historia de la aplicación de la Reforma Procesal Penal en nuestro país.
Sin embargo, no ha sido el único y Ñuble tampoco se ha escapado a los arranques de violencia protagonizados por imputados en plena audiencia, con tal de distraer la atención del proceso. En enero de 2014 se llevó a cabo un juicio oral en contra del reo conocido como "El Chocolate", quien fue acusado como autor del robo y homicidio del colectivero Nelson Jorquera, ocurrido el 20 de abril de 2014. Fue tras la declaración de un perito psiquiátrico de la defensa que el acusado, Luis Alfredo Yévenes González, extrajo una "gillete" de entre sus ropas y comenzó a realizarse cortes en su cuello. Debido a esta situación, la audiencia debió ser suspendida y el acusado, derivado de urgencia hasta el Hospital de Chillán, donde se le constataron heridas menores.
En este sentido, ningún tribunal de justicia del país está exento de que se produzcan incidentes de esta naturaleza y es por ello que Gendarmería de Chile, la institución dependiente del Ministerio de Justicia, es la encargada en todo momento de mantener la seguridad en cada audiencia, no sólo para el resguardo de los imputados, sino además de los intervinientes, abogados o jueces.
Habitualmente los imputados son custodiados por dos o más gendarmes, ya sea durante una audiencia de control de la detención, formalización u otra instancia en que se requiera de su presencia. En el caso de lo ocurrido en San Bernardo, abogados consultados por algunos medios enfatizaban la necesidad de contar con personal suficiente para estas labores.
Lo cierto es que los tribunales en la provincia mantienen niveles de seguridad que han sido puestos a prueba, detectores de metales, vidrios especiales para separar a imputados del público y un control estricto de los detenidos, una vez que les son confiados por Carabineros o la PDI.
Pese a ello, la contingencia ha obligado al gobierno a revisar las medidas que se adoptan actualmente y por ello el ministro de Justicia y Derechos Humanos (S), Nicolás Mena, anunció la creación de una mesa de trabajo para mejorar las condiciones de seguridad tanto en los recintos penales, como en los tribunales de Garantía. Si estas medidas son acordes a los cánones que promueven los organismos de protección a los Derechos Humanos, es un aspecto que deberá tenerse muy presente.
