Familiares de víctimas del 27/F esperan que este año se cierre proceso judicial
JUSTICIA. Tras el cierre de la arista penal sin condenados, en 2016, juicios civiles están en proceso de revisión en la Corte Suprema, que ratificaría indemnizaciones.
Luego de que 525 personas murieran y otras 25 desaparecieran con el terremoto 8,8° Richter y posterior tsunami, ocurrido la madrugada del 27 de febrero de 2010, se abrieron varias aristas judiciales. En el ámbito penal, la causa se cerró sin condenados en abril del año pasado. En la parte civil, en tanto, los familiares de los sobrevivientes esperan que este año se marque un hito cúlmine en el ámbito civil, después de solicitar millonarias indemnizaciones.
Las familias chillanejas afectadas mantienen vigentes dos situaciones que trajeron pérdidas importantes. En primer lugar, las familias de Jaime Ocares; León Ortiz y su hija Valeria; además de las hermanas Nancy y Eliana Lema, quienes fallecieron a causa de la ola que rompió en la costa de Dichato.
En segundo lugar, están las cinco familias que viven en la calle 5 de Abril, entre Vega de Saldías y Gamero, ya que el movimiento telúrico fracturó el muro del patio trasero de la cárcel de Chillán, provocando una masiva fuga de reos de la que en su euforia incendiaron sus casas.
Testimonios
Problemas de salud o el luto que significa reabrir el episodio de aquella catástrofe fueron las justificaciones que dieron varios familiares para no referirse al proceso judicial.
No obstante, Hugo Fuentealba, quien marcó un hito al presentar el 17 de marzo de 2010 la primera querella por cuasi delito de homicidio en que habrían incurrido autoridades de Gobierno y el Shoa, luego que su esposa Eliana Lema y su cuñada, Nancy Lema, murieran a raíz del tsunami que asoló a Dichato, rompió el silencio.
"Después del terremoto pude conectar la radio con una emisora de Córdoba, en Argentina. De esa forma, supimos que las autoridades estaban diciendo que no iba a haber tsunami. Por eso, con mi esposa (Eliana), mi cuñada (Nancy), mi concuñado (Jaime Oviedo) y mi hijo (Rodrigo Fuentealba Lema) volvimos a la casa que estábamos arrendando", relató ayer Hugo Fuentealba, mientras recorría junto a su hijo el cementerio municipal de Chillán, lugar donde fue sepultada su esposa y cuñada.
Según comentó Fuentealba, judicialmente hablando, los momentos más difíciles ocurrieron en 2012 y 2016. "Nosotros esperábamos que hubieran personas que cumplieran penas de cárcel por haber causado tanto daño, porque la primera irregularidad fue el haber estado en un cargo para el cual no eran competentes", dijo el hombre, conciente de que "el hecho de que se haya estipulado que nos tenían que pedir disculpas fue un acto vacío. No fue sincero".
En efecto, los seis imputados (entre ellos el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y directora de la Onemi, Carmen Fernández) pudieron evitar el juicio oral tras la propuesta de pagar una indemnización de $235 millones a los familiares de las víctimas del tsunami.
Causas civiles
La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la sentencia del tribunal de primera instancia que condenó al fisco a pagar $100 millones a familiares de León Ortiz y su hija Valeria, quienes hallaron la muerte en la costanera de Dichato.
En este caso, es la viuda y la hija quienes buscan hacer justicia mediante el juicio civil, ante la pérdida de León Ortiz, quien tuviera trascendencia histórica para la ciudad después de componer el himno de Chillán.
El 27 de diciembre del año pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema y el 20 de febrero, por decisión de los propios intervinientes, se suspendió la audiencia para que los ministros conozcan la causa.
Jaime Ocares y las hermanas Lema fallecieron también en medio del tsunami que arrasó con las viviendas costeras de Dichato y las familias de estas tres víctimas están unidas en la causa civil contra el Estado. El 17 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago volvió a confirmar la sentencia del 22° Juzgado Civil capitalino que condenó al Estado a pagar $1.840 millones a 74 demandantes.
Según comentó Hugo Fuentealba, el 3 de febrero ingresó el recurso de casación del CDE ante la Corte Suprema, última instancia para evitar el pago de la indemnización. "Esperamos que este primer semestre se vea la causa y que fallen a nuestro favor, aunque creemos que el daño no será reparado nunca", dijo Fuentealba.
Hasta el día de hoy, su hijo mantiene tratamiento psicólogo y psiquiátrico. "Cuando me agarró la ola me azotó tantas veces contra un árbol que después desarrollé esquizofrenia y sólo los medicamentos me mantienen estable", dijo Rodrigo Fuentealba, quien ayer se despidió de su madre, en el cementerio, después de rezar junto a su padre.
Fuga e incendio
Respecto a la caída del muro de la cárcel de Chillán, la Corte de Apelaciones local confirmó, a principios de diciembre de 2016, la indemnización por $1.044 millones a un grupo de trece propietarios de viviendas aledañas al recinto penitenciario desde donde huyeron los internos que luego incendiaron los inmuebles.
El 16 de enero y el 6 de febrero se produjeron los alegatos de las dos demandas por indemnización de perjuicios que se originaron por este caso, quedando ambas en acuerdo. La ministra Rosa Egnem y el abogado integrante Álvaro Quintanilla ya están redactando el último fallo.
Causas civiles
13 demandantes son los familiares de propietarios de viviendas aledañas a la cárcel de Chillán que demandaron al Estado. Corte de Apelaciones una fijó indemnización de $1.044 millones.
Jaime Ocares y hermanas Lema fallecieron en Dichato. Su causa ingresó a la Suprema el 3 de febrero.
León Ortiz y su hija también murieron en Dichato. Corte penquista ordenó que el fisco indemnice con $100 millones. Desde diciembre la causa está en la Suprema.