La presión sobre los recursos hídricos irá en aumento en el mundo. Una mayor demanda vinculada al consumo humano y la actividad productiva, combinada con mayores limitaciones de ofertas asociadas a la variabilidad climática, podrían configurar un escenario de creciente escasez. Sin embargo, esta escasez es en realidad relativa, puesto que puede y ha sido superada por algunos países con mejoras de gestión, una institucionalidad adecuada y, sobre todo, con mayor infraestructura.
El país necesita de una mirada prospectiva y políticas innovadoras que permitan liberar recursos públicos y atraer capital privado a la inversión en infraestructura hídrica. El estado tiene un rol ineludible a la hora de levantar proyectos, diseñar modelos de cooperación público-privada y apoyar a los sectores más vulnerables para que no sean privados del acceso al recurso. Modelos innovadores como los que ha seguido Perú, donde los privados han desarrollado obras de conducción y almacenamiento de agua a cambio de terrenos fiscales que adquieren factibilidad de riego, son propuestas a evaluar.
El gobierno ha reconocido la necesidad de avanzar, entre otros en la construcción de embalses de distinto tamaño, sin embargo razones políticas y burocráticas han impedido dar continuidad y celeridad a las estrategias diseñadas con anterioridad. No sólo se trata de avanzar en embalses como Punilla, largamente comprometidos pero incomprensiblemente postergados, sino además de evaluar propuestas novedosas que permitan, entre otras cosas, transportar el recurso desde donde abunda hacia donde escasea (carreteras hídricas), eliminar barreras normativas que desincentivan el desarrollo de obras multipropósito (desaladoras) y alentar nuevas formas de almacenamiento (infiltración de acuíferos) que permitan vencer las restricciones existentes.
La experiencia internacional de Singapur e Israel, cuyos recursos hídricos son 500 veces menores a los de Chile, han logrado satisfacer su necesidad con inversiones en obras como acueductos, embalses, desalinización y plantas de tratamiento y reciclaje de aguas residuales. Es hacia allá donde debe avanzar la política pública, no así en modificaciones legales o constitucionales como las que hoy se tramitan en el Congreso.
La concreción de obras de infraestructura no necesita nuevas leyes, menos de cambios que afecten la certeza jurídica que se requiere para comprometer dichas inversiones. Con razón los agricultores y regantes le han dicho "No" a la Reforma del Código de Aguas.
Frank Sauerbaum, Ingeniero Comercial- MBA. Ex diputado por Ñuble