Durante la jornada de ayer, viernes 10 de marzo, en la Municipalidad de Chillán Viejo se constituyó el Consejo Comunal de Seguridad Pública, órgano consultivo del alcalde en esta materia y que tiene como fin implementar un plan de seguridad comunal. La primera tarea de este órgano, que sesionará el último martes de cada mes, será elaborar un diagnóstico del estado de situación de la comuna, que permita priorizar los tópicos y acciones a abordar en el plan de seguridad comunal, instrumento de gestión que fija objetivos, metas, acciones y mecanismos de control en esta materia.

"Así como lo hemos establecido en estos 8 años de gestión, haremos un diagnóstico con un perfil fuertemente participativo, a través y con la colaboración de nuestra unidad de Participación Ciudadana, único municipio de Ñuble que cuenta con esta unidad y que se dedica a velar por el derecho a participar de nuestra comunidad", destacó ayer el alcalde Felipe Aylwin. La instancia de coordinación y planificación tiene a representantes de Carabineros, Gendarmería, PDI, Concejo, Fiscalía y dos consejeros de la sociedad civil.

Detectives de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones detuvieron a un grupo familiar, compuesto por cuatro personas, que estaría detrás de uno de los puntos de venta de drogas del sector Nueva Río Viejo.

Se trata de Waleska Figueroa, Patricio Rodríguez, Francisco Riquelme y Osvaldo Castro, quienes fueron sorprendidos al interior de su domicilio con 302 envoltorios de papel que contenían pasta base, junto a otros dos de cannabis sativa.

Así lo confirmó el comisario Cristian Pérez Sovino, jefe de la Brigada Antinarcóticos de Chillán.

"El grupo MT-0 obtuvo la información y la puso en conocimiento del Ministerio Público. Posteriormente, se logró conseguir con el tribunal de Garantía las órdenes de entrada y registro para dar cumplimiento a la acción judicial", comentó el oficial policial.

De acuerdo a la información proporcionada por la policía civil, en el domicilio allanado se encontró la droga, una pesa y otros elementos conocidos para dosificar las sustancias ilegales. Además, hallaron $405 mil en dinero en efectivo, obtenido presumiblemente de la venta de la pasta base y la marihuana.

Otro de los antecedentes que puso sobre la mesa el oficial de la PDI es que a dos de los detenidos ya los habían investigado previamente; de hecho, los habían detenido y actualmente se encontraban con medidas cautelares. Asimismo, tenían antecedentes por otros delitos de la misma especie y por robos.

De esta manera, la PDI ya ha acabado con siete puntos de microtráfico dentro de Chillán.

"La línea base que tenemos proyectada para este año son 20 puntos en la ciudad", anunció el comisario Cristian Pérez Sovino.

Un aparatoso accidente, que dejó severos daños, aunque afortunadamente sin muertos que lamentar, ocasionó el choque entre un camión y un bus de la línea Turbus, ocurrido durante la madrugada de ayer.

Según informó Carabineros de la Primera Comisaría de San Carlos, el hecho se produjo exactamente a las 10 horas, en la ruta 5 sur, a la altura del kilómetro 355, frente al sector de San Gregorio, comuna de Ñiquén.

"El bus procedió a dejar a un inspector de la misma línea en un paradero habilitado, entonces como estaba detenido pasó un camión que lo hacía por la primera pista de circulación, lo chocó en la parte posterior y lo desplazó varios metros, cayendo ambos a una zanja que hay en el lugar", relató ayer la capitán de Carabineros, Lorena Toro.

La oficial explicó que el bus transportaba a 31 pasajeros, de los cuales seis resultaron con lesiones de diversa consideración, a los que se les sumó el chofer del camión, quien quedó con heridas calificadas como menos graves.

Este último hecho motivó a que desde la fiscalía de San Carlos abrieran una carpeta investigativa por el hecho, instruyendo a la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (Siat) que hicieran un levantamiento fotográfico del lugar donde ocurrieron los hechos, para analizar las responsabilidades del accidente.

Los heridos fueron trasladados hasta el hospital de San Carlos, tras ser rescatados e inmovilizados por bomberos, y derivados por ambulancias hasta el recinto de salud.

La capitán Toro confirmó que los dos conductores viajaban sin alcohol en la sangre y que el chofer del camión (supuesto responsable) declaró que previo al choque no se percató de la presencia del bus que se trasladaba de Santiago a Concepción.

Danny Fuentes Espinoza

Luego de tres meses de tramitación, la Corte Suprema dio ayer su visto bueno para que el diputado Rosauro Martínez enfrente un segundo proceso judicial, en el marco del denominado 'Caso Neltume', donde se investigan las circunstancias del fallecimiento de nueve miembros del Movimiento Izquierdista Revolucionario (MIR), donde supuestamente el parlamentario tendría incidencia en el deceso de siete de ellos.

Cabe recordar que en mayo de 2014, Rosauro Martínez perdió su fuero parlamentario a petición de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Emma Díaz, quien consideró que con los antecedentes en carpeta el abanderado de Renovación Nacional y oficial en retiro del Ejército estaría involucrado en los operativos de las fuerzas del Gobierno militar que buscaban terminar con las células de grupos subversivos. En este caso, el grupo 'Toqui Lautaro', donde murieron tres miristas.

No obstante, el 6 de diciembre del año pasado, los abogados querellantes de la causa pidieron a la Corte de Apelaciones de Valdivia ampliar el desafuero parlamentario de Martínez, para que así se le procese por la muerte de otros cuatro miristas fallecidos entre el 13 y 21 de septiembre de 1981. Las víctimas son Julio Rifo, René Bravo, Raúl Obregón y Pedro Yáñez.

La solicitud fue acogida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, y por ello el defensor del desaforado diputado, Darío Silva, acudió a la Corte Suprema, apelando a la primera resolución judicial.

Ante el pleno de ministros, los abogados querellantes por las familias de las víctimas de René Bravo y Pedro Yáñez, además del abogado del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, expusieron que existen antecedentes suficientes para presumir la participación del operativo que acabó con la muerte de los miembros del MIR.

En sus alegatos, Magdalena Garcés (querellante por la familia de René Bravo), dijo que Rosauro Martínez tiene responsabilidad inmediata, al ser en el momento de los crímenes capitán y jefe de la cuarta compañía de comandos del Ejército. "Durante 2014 y 2015 declararon casi un centenar de soldados, que eran casi toda la compañía, que Martínez Labbé estaba a cargo y actuaban bajo su orden", dijo.

Tras los alegatos de una hora y media, los ministros confirmaron la decisión de la Corte de Apelaciones, dando pie a un segundo procesamiento.