Ñuble: 32 reos han obtenido beneficios vía recursos de amparo
DISCUSIÓN. En octubre se liberaron 59 internos, sin embargo la modificación de la Ley de Comisión de Libertad Condicional hoy es otorgada como un derecho. Desde el Poder Judicial urgen por cambios.
El discurso que emitió el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, durante la Cuenta Pública del Poder Judicial, el 1 de marzo, estuvo marcado -entre otros aspectos- por el emplazamiento al poder Legislativo y también al Ejecutivo respecto a la necesidad de modificar la Comisión de Libertad Condicional, sugiriendo que se prescinda de los jueces en esta instancia que causó polémica en mayo del año pasado, cuando diversas Cortes de Apelaciones otorgaron el beneficio a más de 2 mil condenados.
A mediados del año pasado, incluso en sus visitas a la provincia de Ñuble, Dolmestch dejó en claro que "los jueces no darían más explicaciones sobre sus resoluciones", y advirtió que las libertades condicionales podrían aumentar, cuestión que a la postre también ocurrió en la Comisión que en Ñuble encabezó el (ahora ex) presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, Guillermo Arcos.
A nivel local, Si bien en abril del año pasado se otorgó el beneficio a 29 internos (el 10% de los postulantes), en la reunión de la Comisión de octubre fueron liberadas59 personas, de un total de 275 reos que postularon.
Recursos de amparo
Si la Comisión de Libertad Condicional liberó a 29 reos tras la reunión de abril, la Defensoría Penal Pública, a través de la Defensoría Penitenciaria presentó recursos de amparo en la Corte de Apelaciones de Chillán.
El primer recurso de ellos fue rechazado; sin embargo la abogada de la defensoría penitenciaria Francisca Vásquez recurrió ante la Corte Suprema, que consideró que su representado ya había cumplido las tres cuartas partes del periodo de condena y además tenía un informe de Gendarmería que daba cuenta de su buena conducta, debía obtener el beneficio.
Ya habiendo jurisprudencia del máximo tribunal, la Corte de Apelaciones comenzó a acoger el resto de los recursos de amparo.
Tal como advirtió Dolmestch, el número de libertades condicionales aumentó de 29 en abril a 59 en octubre. Asimismo, desde la Defensoría Penitenciaria aumentó el número de recursos. De hecho, desde diciembre del año pasado a la fecha ya se han presentado 39 recursos de amparo en la Corte de Apelaciones, de los cuales 35 fueron desde la institución dependiente del Ministerio de Justicia.
Del total de amparos presentados, sólo uno fue rechazado a una abogada particular, que tampoco recurrió a la Corte Suprema.
Entre los casos que ha presentado la Defensoría Penitenciaria se encuentran delitos de robo con violencia, robo con intimidación, tráfico de drogas, además de homicidio, abuso sexual y violación de menor de 14 años.
La Corte de Apelaciones, de hecho, acogió un recurso de amparo y otorgó la libertad condicional a César Espinoza, quien en junio de 2004 había sido condenado a 15 años por secuestrar a la nieta de un hombre que lo había despedido de su trabajo, y al que le estaba cobrando $500 mil por su rescate.
Asimismo, está el caso de Gastón San Martín, condenado por violación y almacenamiento de pornografía infantil. Fue condenado el 13 de abril, sin embargo el 13 de febrero del presente año obtuvo la libertad condicional.
Un tercer caso llamativo es el de Alfonso Ceballos, condenado el 9 de julio de 1995 por un robo con homicidio. El juzgado del crimen de Chillán, en ese entonces, lo condenó a presidio perpetuo simple, no obstante pudo salir al medio libre por decisión de la Corte de Apelaciones, que revocó la decisión de la Comisión de Libertad Condicional, que había rechazado otorgarle el beneficio.
El 16 de marzo, la Defensoría Penitenciaria presentó un nuevo recurso de amparo, mientras uno de los recursos se encuentra pendiente por resolver, a la espera de un informe de Gendarmería, y otras dos causas están en acuerdo.
María Cristina Melgarejo, coordinadora regional de la Defensoría Penitenciaria, dijo que los abogados de dicha institución tienen dos misiones. "Una es administrativa y la otra judicial. Primero, representar a los internos a algunos internos ante la Comisión de Libertad Condicional. Nuestra segunda tarea es que si hay casos donde se cumplen con las exigencias pero se niega la libertad condicional, presentamos recursos de amparo. Hay casos donde la Corte de Apelaciones de Chillán ha rechazado el recurso, pero nosotros si consideramos que ha errado en su resolución, recurrimos a la Corte Suprema", comentó la abogada de la Defensoría Penal Pública.
La profesional, además, planteó que defienden casos calificados. "Tanto para representar a un interno como para presentar un recurso de amparo se estudian los antecedentes del interno y no en todos los casos se representa ante la comisión y no siempre se recurre de amparo", aclaró.
Modificación a la ley
Si bien la polémica por la masiva salida con beneficios carcelarios de internos que estaban condenados recién explotó el año pasado, la historia de la Comisión de Libertad Condicional data de 1925, cuando se estipuló que la responsabilidad estaría en manos del Ministerio de Justicia y los respectivos Seremi del país.
No obstante, después del incendio de la cárcel de San Miguel, en el gobierno de Sebastián Piñera, se promulgó el 8 de junio de 2012 la Ley 20.587, que modificaba la Comisión de Libertad Condicional, y la hacía pasar manos de jueces de tribunal de juicio oral en Lo Penal, de Garantía, encabezados por los presidentes de las Cortes de Apelaciones.
Uno de los objetivos era descongestionar las cárceles, y por otra parte, tal como planteó el diputado Gonzalo Fuenzalida, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, "quita la responsabilidad al seremi de justicia, a quien se le podía criticar por tener un sesgo político, sin embargo eran menos personas las que salían en libertad. Además, se jugaba el cargo si es que liberaba a una persona cuestionada legalmente".
El diputado Fuenzalida, de Renovación Nacional, si bien es partidario de un nuevo gobierno de Sebastián Piñera, admitió que "la modificación fue errada".
Dicha opinión fue compartida por el senador Felipe Harboe (PPD), quien agregó "que los jueces han interpretado la libertad condicional no como un beneficio, sino como un derecho". Ello lo consideró inconveniente "porque va contra lo que nosotros queremos como legisladores, porque de hecho hemos ido endureciendo las penas".
Tanto el diputado Fuenzalida como el senador Harboe esperan que se retome los proyectos de Ley que buscan modificar los actuales estatutos, para que se creen criterios más estrictos respecto a los beneficios que son otorgados.
El diputado Jorge Sabag (DC) opinó que "lo que todo esperamos es que los beneficiados tienen que ser personas que hayan tenido una buena conducta dentro del recinto penitenciario, y que la libertad condicional sea un reconocimiento al mérito".
"Los jueces han interpretado la libertad condicional no como un beneficio, sino como un derecho".
Felipe Harboe
Senador PPD"
Proponen crear tribunal penitenciario
En su cuenta pública del 1 de marzo, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, propuso la creación de un tribunal penitenciario. La misión del ente judicial es que sea especializado en conocer y resolver los conflictos de índole jurídico-administrativo que puedan originarse mientras se desarrolla la ejecución de las penas privativas de libertad, también después de ejecutoriada la sentencia condenatoria. En su discurso dijo que "toda la doctrina nacional e internacional está de acuerdo en que estas materias deban ser resueltas por tribunales especiales y no por los tribunales ordinarios de enjuiciamiento, como ocurre hoy en día".