Danny Fuentes Espinoza

En total son 7 años, 6 meses y 4 días los que pasará recluído Hernán Quintanilla de 49 años, tras ser condenado en el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán por el delito de robo en lugar habitado.

Lo anterior, tras ser descubiertos por los vecinos de la calle central de la población Purén, mientras intentaba robar un balón de gas de 15 kilos, por lo que procedieron a reducirlo y entregarlo con posterioridad a carabineros.

Los hechos que fueron materia de acusación ocurrieron el 14 de septiembre del año pasado, siendo formalizado al día siguiente, estando privado de libertad desde esa fecha en adelante, atendido que la fiscal Patricia Suazo esgrimió ante los jueces que la pena asignada al delito traía consigo el cumplimiento efectivo de la condena, considerando también que el hombre tenía la agravante de haber sido condenado anteriormente por el mismo delito.

El juicio se desarrolló durante la mañana del 19 de marzo. En aquella oportunidad, la abogada persecutora planteó en su alegato de clausura que el acusado "habría ido al domicilio de la víctima, siendo visto por vecinos, quienes alertaron a la víctima, ya que habían observado en el patio al acusado, quien al darse cuenta que fue sorprendido, huyó escalando, para posteriormente ser detenido por la víctima y testigo en el lugar, quienes lo entregaron a carabineros a Carabineros".

Hernán Quintanilla en tanto, fue representado por la abogada de la Defensoría Penal Pública, Marcela Larraín, quien pidió al tribunal que se recalificara el delito por el de violación de morada, ya que los testimonios daban cuenta de haberlo visto dentro del domicilio, pero en ningún caso intentando robar. De hecho, el acusado declaró que saltó la pandereta e ingresó a la propiedad porque estaba buscando un baño "para realizar sus necesidades".

En el juicio también declararon los testigos que retuvieron al acusado hasta que llegaron los carabineros, dando cuenta de que el sello del balón de gas se encontraba suelto. Por este último hecho, si bien los jueces decidieron condenar a Hernán Quintanilla por robo en lugar habitado, establecieron cierto ilícito en grado tentado.

A Quintanilla, además, se le aplicó las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Como ingeniero en turismo y gestor cultural se identificó el hombre que ayer, tras pasar una noche detenido en el cuartel de la PDI, fue formalizado por el delito de cultivo ilegal de cannabis sativa.

El sujeto de 29 años vive en la avenida El Alerce, de la población El Roble, en el sector suroriente de Chillán, y fue denunciado por una persona anónima que dio aviso a la Policía de Investigaciones.

"Por ello, se le comunicaron los antecedentes a la fiscalía local de Chillán, que envió una orden de investigar, la que arrojó resultados positivos la tarde del lunes, cuando se realizó el decomiso", señaló ayer el comisario Cristian Pérez Sovino, jefe de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado (Brianco) local.

Fue de esta forma que cerca de las 16.40 horas, los detectives llegaron al inmueble de la población El Roble, exhibiendo la orden judicial que autorizaba a los policías a hacer entrada y registro del inmueble, hallando en el patio trasero de la casa una plantación de cannabis sativa que ocupaba casi toda la extensión, decomisándola inmediatamente.

Con posterioridad, personal de la PDI retiró las plantas y las derivó hasta el Servicio de Salud de Ñuble, lugar donde serán incineradas las plantas, que en su etapa de madurez, secado y venta, tienen un avalúo de $8 millones.

Pasado el mediodía de ayer, el fiscal Pablo Fritz formalizó la investigación y planteó ante el magistrado Carlos Benavente que al imputado le favorece la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior.

Por ello, solicitó al tribunal que se decretara su arraigo nacional. La abogada de la Defensoría Penal Pública, María Belén Acuña, no se opuso a esta medida cautelar, procediendo luego a liberar al imputado.

Tribunal fijó un plazo de investigación de tres meses a contar de ayer.

El próximo 2 de abril se cumplen los 30 días que dio como plazo el tribunal de Garantía de Chillán para que la Policía de Investigaciones arreste a Felipe Kaik Goyareb y así enfrente el proceso judicial en su contra por una supuesta apropiación indebida.

Se trata de una camioneta Mazda 4x4 del año 2004, ya usada, que vendió a un hombre identificado como Héctor Miranda, quien le depositó $5 millones para que trajera el vehículo desde Temuco.

El depósito del dinero se realizó el 18 de julio de 2011. "Al día siguiente, Felipe Kaik, regresó de Temuco a bordo de una camioneta (...) la cual presentaba como característica particular una marca en su capot que aparentaba el retiro de un logo o insignia institucional". A ello, Héctor Miranda agregó que por un problema mecánico del vehículo tuvo que desembolsar $80 mil; no obstante se podía firmar los documentos de transferencia de la propiedad.

"La camioneta quedó nuevamente en poder de Felipe Kaik, quien la vendió sin informarme, ocultando la identidad del comprador, la fecha y precio de venta, además de nunca haberme exhibido los documentos de ese vehículo, ni a nombre de quién estaba", planteó el denunciante, quien planteó que además el imputado le ofreció un vehículo "en muy malas condiciones y quiso entregarlo en pago".

Por este hecho, el fiscal Mauricio Mieres decidió formalizar a Felipe Kaik (hermano de la concejal por Chillán, Nadia Kaik), por el delito de apropiación indebida. El 2 de diciembre del año pasado se realizó una audiencia de acuerdo reparatorio; sin embargo no hubo consenso y se amplió la investigación hasta el 3 de marzo, cuando se precisaron hechos de la causa, instancia en la que Felipe Kaik no se presentó y por ello se despachó una orden de detención.

En condición de detenido quedó un sujeto que durante la mañana de ayer fue denunciado por una golpiza en contra de su pareja.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 horas en calle Constitución, a la altura del 796, entre Isabel Riquelme y Sargento Aldea, mientras los transeúntes observaron cómo la pareja se enfrascó en una discusión verbal que comenzó a subir de tono, hasta que el hombre comenzó a agredir con sus manos a la mujer en la cara.

Por estos hechos, los testigos llamaron inmediatamente a carabineros del cuadrante 1, llegando en pocos segundos al lugar.

Al observar la tensa situación, los carabineros pidieron refuerzos, iniciándose un amplio operativo que alteró el flujo del tránsito por la calle Constitución. En ese momento, tras constatar la agresión hacia la mujer, se trasladó a ambos en el radio patrullas hasta el hospital Herminda Martín, donde se les constataron lesiones. Desde el Ministerio Público, en tanto, instruyeron que el hombre pase durante esta jornada a control de detención en el tribunal de Garantía.