Ingrid Acuña Caballero

Los cargos formulados por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por los malos manejos al interior del relleno sanitario e industrial de la empresa Ecobio, llegaron al Congreso y por segunda vez se pidió a la ministra de Salud, Carmen Castillo, la toma de muestras de sangre a más de 140 familias que viven en Llollinco, lugar donde se emplaza el centro de acopio.

"He dado a conocer en reiteradas ocasiones mi preocupación con respecto a la salud de los vecinos de Llollinco y muestra de ello son los oficios derivados por la Cámara de Diputados a las distintas instancias en materia de salud, lo cual ha sido producto del trabajo con los concejales de la comuna, como es el caso de Jorge del Pozo. Por ello, y dado los antecedentes proporcionados por Crónica Chillán, es que he vuelto a solicitar a la ministra de Salud que se realicen muestras biológicas en la población colindante al relleno industrial", aseveró ayer el diputado Carlos Abel Jarpa.

Fue el 2015 cuando el diputado radical realizó el requerimiento formal, a raíz de los resultados detectados por el Colegio Médico, organismo que monitoreó las aguas cercanas al relleno en las que se encontraron elevadas concentraciones de metales pesados como manganeso, plomo y cianuro.

La petición inicial fue rechazada por la ministra, con argumentos como que los análisis de agua para consumo humano realizados por la Seremi de Salud aseguraban que los registros para metales pesados estaban bajo los límites máximos permitidos. Sin embargo, el legislador reconoce que esta situación hoy cambió radicalmente, ya que la SMA precisó que las fiscalizaciones dan cuenta de una elevada cantidad de manganeso en las aguas, entre otros metales, lo cual se estaría produciendo desde el 2012 y hasta el 2016.

"Estos exámenes de sangre los solicité por primera vez en abril de 2015 para descartar la presencia de metales pesados en los vecinos de esta localidad chillanvejana, y se envió copia a todo el concejo municipal de Chillán Viejo. La respuesta de ese entonces fue negativa, por lo cual he vuelto a insistir y comenzaremos un trabajo más intenso junto a las autoridades comunales y vecinos. Debe quedar claro que con la salud de las personas no se juega y mi función fiscalizadora será enérgica en este sentido", dijo Jarpa.

Responsabilidades

Son diez hechos los que la SMA tomó como constitutivos de infracción y en los que se precisan, además de niveles altos de contaminación en las aguas subterráneas, un mal manejo del tratamiento y almacenamiento de los lixiviados, en los que se observaron escurrimientos y pérdida en suelo sin impermeabilización, falla que fue tipificada como grave.

"Si el relleno llega a cumplir lo que la ley señala la pregunta es, todo el tiempo que incumplió, ¿quién responde por eso?, ¿cómo se paga?, ¿quién se hace cargo? Me preocupa que esto quede impune y en Chile la impunidad es parte de nuestra cultura, ya que no queremos resolver y ponerle el cascabel al gato. Sólo le pedimos a la SMA que aplique la mano dura que tiene que aplicar y si le dicen que si cierra esto va a provocar una hecatombe, ese no es un argumento para no hacerlo", dijo el alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin.

Por su parte, el seremi de Medio Ambiente, Richard Vargas, confirmó que se reunirá con los vecinos de Llollinco para entregar detalles de lo que significa cada uno de los cargos que se levantaron en contra de Ecobio.

"Me voy a contactar con el alcalde de Chillán Viejo para acordar una visita a la comunidad de Llollinco, en conjunto con nuestra autoridad local. Creo que ellos se merecen una respuesta en terreno de las autoridades y estoy disponible para ello", recalcó Vargas.

Si bien las autoridades locales y vecinos del relleno exigen la clausura o la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que tiene el relleno, para el secretario regional de Medioambiente la multa que se aplicaría va por el lado de un plan de cumplimiento ambiental, pese a que las dos demandas de la comunidad están dentro de las sanciones que se podrían ejercer.

"Lo que tenemos es que hay un expediente que ha levantado cargos y la empresa deberá responder, ya sea con sus descargos o acogiéndose un plan de cumplimiento, lo cual es lo más rápido ya que lo otro demora más años en tribunales y lo que queremos es una rápida solución para la comunidad, y esto pasa porque la empresa asuma y se haga cargo de un plan de cumplimiento", agregó Richard Vargas.

"Debe quedar claro que con la salud de las personas no se juega y mi función fiscalizadora será enérgica en este sentido"

Carlos Abel Jarpa, Diputado"

Los preparativos del Censo del 19 de abril próximo, trajeron al seremi de Gobierno, Enrique Inostroza, a revisar los detalles en la provincia, situación que aprovechó para referirse a los proyectos pendientes de la administración Bachelet, como son el traslado de la cárcel de Chillán y la licitación del diseño y construcción del futuro hospital de Ñuble.

Según el secretario regional, fue durante la vista a la región del ministro de Justicia, Sergio Campos, el momento en que se mandató al seremi del ramo, Jorge Cáceres, para que continuara con la búsqueda de un terreno apto para la cárcel.

"El compromiso del gobierno es claro y es hacer todas las gestiones que permitan que la cárcel salga del centro de la ciudad, por lo tanto ese anhelo y compromiso se va a cumplir, pero tenemos que ser serios y bajo esta premisa estamos en la etapa de búsqueda de terrenos idóneos que permitan garantizar lugares que estén fuera de los centros urbanos y que sean cómodos y aptos para que las personas que van a ir puedan hacerlo con total comodidad", subrayó Inostroza.

Hospital

En relación a los tres años que esta semana cumplió la paralización de la construcción del hospital de Chillán, inicialmente pensado por la vía de concesión, pero que el actual gobierno tomó la decisión de edificarlo con fondos sectoriales, Inostroza dijo que fue lo más acorde con lo que se requería para la provincia, pese a que a la fecha no se ha puesto ninguna piedra del centro hospitalario.

"El gobierno también actuó con una lógica de responsabilidades de Estado. Era muy fácil poder seguir con el proyecto de licitación de una concesión de un hospital, pero a qué costo del Estado. La concesión no se desechó por un tema genérico, sino porque los costos asociados a ese tipo de concesiones son muy altos para el Estado y de buena forma se generó un proceso de licitación, el cual es transparente y público", explicó el seremi de Gobierno.

De esta manera, Inostroza aseguró que uno de los compromisos de este gobierno será que "este año vamos a tener una empresa que inicie las obras del futuro centro hospitalario, que sea la reposición del hospital Herminda Martín", confirmó la autoridad.