Danny Fuentes Espinoza

Reafirmando su rechazo al actual sistema de pensiones, la coordinadora 'No + AFP' concretó ayer su cuarta marcha a nivel nacional, y en el caso de Ñuble, Chillán no quedó ajeno. No obstante, la baja asistencia en comparación con las convocatorias anteriores marcó esta protesta.

Fue así como a las 11 horas se inició la reunión de familias que se acercaron al frontis del edificio de la Gobernación, en calle Libertad, lugar donde se desarrolló un evento artístico que incluyó a músicos y también una serie de discursos, principalmente de María Helena Hellman, coordinadora del ya mencionado movimiento en Ñuble.

"Creemos que este sistema va a colapsar, pese al maquillaje de las autoridades. Lo que necesitamos es lo que venimos planteando como trabajadores, que fundamentalmente se centra en el reparto, que hoy día ha sido demonizado pero no hay que creer en falacias. El sistema de reparto es hoy mayoritario en el planeta, funciona en países desarrollados y subdesarrollados, consistente en que la gente activa financia las pensiones de las personas pasivas", expresó ayer la dirigente social.

Justo al mediodía, y cuando la cantidad de personas había aumentado a más del doble, se inició la marcha por calle Libertad hasta Isabel Riquelme, para luego girar en Maipón y con posterioridad en 5 de abril. Luego, por calle Constitución y Arauco regresaron hasta la plaza de Armas, donde finalizaron su protesta, después de una hora de peregrinaje.

Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores estaban entre el público, de organizaciones sindicales e incluso políticas acompañaron la marcha.

Salomé Alderete expresó que "la marcha estuvo bien, en el sentido que pudimos plantear nuestro descontento, aunque hubo menos gente en relación a las ocasiones anteriores. Vinieron muchas familias y niños, demostrando que hay consenso en la necesidad de cambiar el actual sistema".

En efecto, María Helena Hellman señaló que alrededor de 1.400 personas participaron de la manifestación. "Creemos que ha tenido un carácter multitudinario, pero lo importante es que es un tema vigente y que se mantenga así. Hoy se discute en los medios de comunicación porque ya nadie queda indiferente ante el operar de este sistema", planteó la coordinadora de 'No + AFP' en Ñuble.

Desde Carabineros, en tanto, el prefecto de Ñuble, coronel Erick Flores, señaló que "la marcha se desarrolló con absoluta normalidad, se realizaron los desvíos de tránsito necesarios y no se registró ningún tipo de incidente", precisó.

Entre los asistentes a la marcha también estuvo el concejal chillanejo Víctor Sepúlveda, del Partido Comunista. "Se nota que hay una marcha con menor convocatoria, con menor asistencia que las anteriores y eso pasa por la dilatación del tema, pero para revertir esta situación las asociaciones sindicales y partidos políticos juegan un rol importante", planteó el edil.

María Helena Hellman, por su parte, señaló que en adelante vendrán nuevas manifestaciones. "La fecha se tiene que definir a nivel nacional, pero no se trata solamente de marchar. No se descartan llamados a paro o huelga", anunció.

horas se inició la marcha por las calles del centro de Chillán, después de haber emitido discursos y presentar un evento artístico. 12:00

A la Corte de Apelaciones de Chillán llegó la decisión del defensor regional Osvaldo Pizarro, en torno a que los abogados Marcela Larraín y Fabián Cuevas no podrán seguir litigando, a partir de hoy, en representación del servicio que ofrecen como empresa licitada, lo que motivó que en calidad de dueños de la misma firma los profesionales cuestionados presentaran un recurso de protección.

La polémica se inició el 24 de febrero de este año, cuando a través del oficio número 89, Osvaldo Pizarro informó a Fabián Cuevas y Marcela Larraín, dueños de la firma 'Larraín Asociados', que según sus facultades los sustituiría de la nómina de litigantes, según el contrato vigente de la zona 1 de la región del Bío Bío.

Esta decisión motivó a que ambos abogados, representados por su colega Fabián Huepe, presentaran una acción judicial para revertir esta decisión, al considerarla "ilegal y arbitraria". En el recurso señalan que el defensor regional habría tomado la decisión tras presentar una serie de reparos a su desempeño.

Según antecedentes publicados en el sitio web de la Defensoría Regional, Cuevas recibió tres sanciones entre enero y octubre de 2016 (una de ellas calificada como grave), en tanto Larraín fue multada en otras dos ocasiones debido a incumplimientos en la calidad del servicio que exige la Defensoría Penal Pública.

La medida adoptada por Pizarro requiere que la empresa 'Larraín y Ulloa Asociados' presente a dos abogados en su lugar, ya que según plantearon, "irremediablemente con fecha 27 de marzo no podremos seguir tramitando las causas". Por ello, pidieron una orden de no innovar, para así continuar litigando; sin embargo recibieron respuesta negativa.

Durante la tarde del sábado, el abogado Fabián Huepe presentó un recurso de reposición ante la Corte. "La sustitución de los defensores recurrentes, al alterar la situación de hecho, provocará graves trastornos en la defensa de los imputados cuyas audiencias ya están agendadas", planteó Huepe, detallando que "mis representados tienen fijados, 10 juicios orales en los próximos 2 meses, todo ello sin contar los numerosos controles de detención, audiencias preparatorias, salidas alternativas y juicios simplificados y abreviados".

El defensor ya fue notificado del recurso y deberá presentar sus descargos ante el máximo tribunal de Ñuble.

En su recta final entró el proceso judicial que enfrenta Catalina Romero, de 26 años, quien desde el 23 de abril del año pasado se encuentra privada de libertad, ya que fue acusada por la fiscalía local como autora del parricidio contra su pareja, Esteban Daza, al interior del domicilio en que convivían, en Coihueco.

Fue la propia imputada quien, al momento de su formalización, declaró ante el juez que sostuvo una discusión con su pareja. "Siempre que discutíamos llamo a mi mamá, porque así se calma, pero ahora me lo quitó (el celular) diciendo que él lo había comprado. Le pedí que me lo devolviera, pero me botó al lado de la cama", contó entre lágrimas la mujer, precisando que su hija de 8 años vio lo que estaba ocurriendo.

En esa oportunidad, la mujer optó por agredir al hombre con un cuchillo a la altura del cuello, según consignó el fiscal Juan Rohr en su acusación.

Pese a que la mujer declaró y alegó legítima defensa, desde el Ministerio Público sólo reconocieron como atenuante el hecho de que no cuenta con antecedentes penales anteriores a esta causa. Por el delito de parricidio piden 17 años de cárcel, cuestión que determinarán los jueces del tribunal Oral en Lo Penal de Chillán, ya que el juzgado de Garantía ya evacuó los antecedentes y validó la presentación de 9 pruebas testimoniales para el juicio.