Alcalde de San Ignacio $17. 475.678 es el valor fiscal de sus cuatro propiedades que aparecen en su declaración de patrimonio, a las que también se agrega un vehículo por $1.780.000 y otro por $5.170.000. Dentro de sus actividades del último año apuntó dos gremiales y una comercial.

Ingrid Acuña Caballero

El plazo se agotó la medianoche del viernes para que los funcionarios públicos y autoridades hicieran entrega de sus declaraciones de intereses y patrimonio, tal como lo exige la Ley de Probidad. El único que no acató la normativa en Ñuble fue el alcalde de San Carlos, Hugo Gebrie, quien durante su candidatura informó 17 propiedades, un vehículo, dos depósitos en cuentas corrientes y una función de rentista de bienes raíces con un capital aproximado de $250 millones.

"No sé lo que pasó, porque yo la mandé y tengo el recibo de ello", aclaró Hugo Gebrie ante la inexistencia de su declaración.

El detalle de los datos de las autoridades se encuentra disponible para la comunidad en el sitio web infoprobidad.cl, pero es a Contraloría donde llega primeramente la declaración de intereses y patrimonio de quienes ocupan altos cargos en la función pública y en los municipios, donde además se incorporaron trabajadores con contrato a honorarios que tengan un sueldo igual o superior a lo que se le paga anualmente a un funcionario de tercer nivel.

"La Contraloría General de la República es el organismo encargado de fiscalizar que las declaraciones de los funcionarios de la Administración Central del Estado, como es el caso de los alcaldes, se hagan de manera oportuna, íntegra y veraz. Si existieran faltas a esta normativa la Contraloría podrá multar por hasta 2,3 millones al funcionario y si el incumplimiento permanece será considerado falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución del cargo", aseguró el director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada.

Este ejercicio ya se realizó previo a la elección municipal del año pasado. Sin embargo, tras la entrada en vigencia de la ley, algunos jefes comunales modificaron su declaración de patrimonio, tal como en el caso de Chillán Viejo. En el sitio de la Ley de Probidad, Felipe Aylwin apunta sólo un vehículo año 2009 por un monto de $372, pero ante el Servel especificó un avalúo de $7 millones. Dato no menor es que los $45 millones que registró el 2016 por un crédito de consumo, hoy no aparece anotado.

"Las declaraciones son de responsabilidad del declarante y los errores o inconsistencias serán revisadas por la Contraloría. Sin embargo, también está el control social que hacen los medios de comunicación y los ciudadanos que, a través del sitio infoprobidad.cl pueden revisar las declaraciones. Esto finalmente podría derivar en una revisión", explicó Raúl Ferrada.

Otro caso ocurre con la alcaldesa de Ninhue, Carmen Blanco, quien disminuyó dos propiedades declaradas al Servel en 2016, cuyo avalúo fiscal era por un total superior a los $14 millones.

Aumento de terrenos

El alcalde de El Carmen, José San Martín, esta vez debió agregar los dos terrenos de su cónyuge, por un monto de $6 millones y medio, ya que está casado con un régimen patrimonial de sociedad conyugal. También debió sumar un tractor más, cuyo valor comercial es de $12 millones.

Si bien durante la campaña municipal el alcalde de Trehuaco, Luis Cuevas, declaró 14 propiedades a su nombre, éstas no figuraron con avalúo ni fiscal, ni comercial, pero esta vez mediante la Ley de Probidad surgieron los montos. Si bien disminuyó a 8 inmuebles como parte de su patrimonio, se pudo conocer que el valor total suma $113 millones.

Datos que sorprenden

La ley que tiene como objetivo prevenir y sancionar los conflictos de intereses y evitar de este modo enriquecimientos ilícitos, también despierta curiosidad por conocer detalles de las actividades remuneradas o las sociedades en las que participan los ediles.

En el caso de Ñuble, es el alcalde de Quillón, Alberto Gyhra, quien tiene más acciones en sociedades (Médicos Tórax Concepción Ltda. e inversiones Gyhra-Imschenetzky).

En el registro de actividades laborales, el alcalde de San Nicolás, Víctor Toro, supera al resto de sus pares entregando colaboraciones para organizaciones sin fines de lucro, apuntando un total de ocho, a la que se le suma su trabajo como alcalde. No obstante, en su declaración anterior como candidato esta labor se reducía a la mitad de las prestaciones.