El 7 de abril se declaró admisible la segunda querella que presentó este año la procuradora fiscal del Consejo de Defensa del Estado, Mariella Dentone, quien inició acciones legales en contra de dos ex funcionarios de Fonasa y la Universidad del Bío Bío, que en sus respectivas instituciones habrían desviado fondos públicos a sus cuentas personales.

El primer caso se trata de Juliee Leighton, quien trabajó en la Universidad del Bio-Bio como técnico administrativo a contrata entre agosto de 2004 y el 31 de diciembre de 2015. "La querellada, desde el año 2014, se hallaba adscrita como secretaria al Departamento de Ciencias Sociales, y como parte de sus funciones se la había designado también como secretaria del programa de Postítulo en Necesidades Educativas Especiales del Departamento de Ciencias de la Educación de esa casa de estudios", reza la querella.

Dentone planteó que el presunto ilícito se descubrió a raíz de una investigación interna de la casa de estudios. "Se determinó que durante el año 2014, sin encontrarse facultada para ello, Juliee Leighton recibió de distintos alumnos diversas cantidades de dinero, a título de pagos de aranceles y matrículas, entregando en algunos casos comprobantes de los dineros recibidos, los que, en todo caso, no ingresaron a las arcas de la Universidad", detalla.

De esta forma, la indagatoria interna, que llegó a manos de la fiscalía local de Chillán, que al día de hoy mantiene la causa desformalizada, habría producido un perjuicio de $3.881.000 al patrimonio de la casa de estudios, por los 24 alumnos que le confiaron diversas sumas de dinero. Así se configuraría -según el CDE- el delito de fraude al fisco.

El segundo caso ocurrió dentro de la sucursal chillaneja de Fonasa, apareciendo como supuesto responsable Felipe Palma, quien trabajaba en la institución como cajero, "en cuanto tal, le correspondía atender público y específicamente desempeñarse como cajero, vender bonos de atención y recibir dineros correspondientes a copagos de Garantías Explícitas en Salud (GES) de parte de los beneficiarios que tengan estas deudas".

Fue el reclamo de un particular lo que abrió el sumario, determinándose que entre abril de 2014 y febrero de 2016 "el querellado recibía dineros de particulares, correspondientes a pagos de 16 deudas GES, que ingresaba en el sistema informático de registro, emitiendo el recibo o comprobante de pago respectivo, para después, al momento de cerrar la caja, anular el pago recibido, apropiándose de esos dineros". Con esta malversación, se habría apropiado de $2.717.683, aunque se investiga si la suma aumenta.