En la próxima sesión de concejo municipal será aprobada la ordenanza de alcoholes, con la salvedad de mantener pendientes los permisos para la venta de vino y cerveza en los locales del mercado techado.

La resolución la tomó la comisión de alcoholes, y se precisó en el acta que las cocinerías de primera sólo podrán ofrecer destilado a sus clientes una vez que comience a trabajar la nueva empresa que estará a cargo de la seguridad al interior del recinto, como también cuando se aumente la cantidad de inspectores que están a cargo de la fiscalización.

"El documento como ordenanza está listo y se someterá a votación el próximo lunes, pero como compromiso dentro del concejo es que no se va a otorgar ninguna patente al mercado hasta que no se solucione el punto de los inspectores, que se aumentaría en el interior del mercado, y cuando empiece a operar la empresa de guardias. Solucionado esto, vamos a recibir las patentes", subrayó el presidente de la comisión de alcoholes, Joseph Careaga.

A la discusión de la normativa se invitó al presidente del mercado techado, Ivar Recabal, quien aseguró que al interior del recinto, el cual alberga a 80 locales, se genera una constante inseguridad.

"La seguridad es altamente preocupante y la municipalidad no ha cumplido en entregarla, lo cual está en la ordenanza y eso conlleva a que nosotros como arrendatarios o locatarios estemos perdiendo posibilidades de prestar servicios a nuestros clientes o al turista que llega al mercado, por el desorden imperante que hoy se da. Hay una pasividad en la gente que le corresponde esa labor y pedimos que eso cambie pronto", solicitó Ivar Recabal.

Sólo el concejal Víctor Sepúlveda discrepó sobre la espera que se tomará para la entrega de patentes de alcoholes al interior del mercado.

"Hay guardias que han funcionado por más de 25 años, pero esto no tiene que ver con la seguridad, ya que estamos hablando de una ordenanza de alcoholes para todo Chillán y no sólo para el mercado techado, y si el lunes pasa a votación significa que este concejo va a permitir la venta del alcohol dentro de las cocinerías del mercado techado".

Ingrid Acuña Caballero

A casi un año de que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia admitiera a tramitación la demanda de reparación por daño ambiental en contra de la empresa Biodiversa, que está a cargo del Centro Integral de Tratamiento Ambiental (CITA) Hera Ecobio, en Llollinco, ayer finalmente se realizó la maratónica jornada de audiencia de conciliación (que no prosperó), rendición de prueba y alegatos de las partes.

"Lo que debería venir es que las partes presenten algunos documentos que estaban pendientes u observaciones y luego, el tribunal determinar si llega a un acuerdo respecto de las alegaciones de las partes y, una vez que esto se produce, se dicta una resolución y ahí empieza a correr el plazo para la sentencia, que debería ser relativamente rápido", indicó el ministro Michael Hantke, quien preside el tribunal.

Y pese a que este proceso podría mantener su tradicional curso y dictarse sentencia con la información que hoy existe, también está la posibilidad de que los jueces Michael Hantke (presidente), Roberto Pastén y Pablo Miranda se constituyan en Llollinco, dado que se solicitó al tribunal la declaración de término de la vida útil del proyecto sanitario y la reparación material e integral del medio ambiente afectado.

"Eso no está cerrado (constituirse en Llollinco) de ser una posibilidad, lo cierto es que el tribunal tiene mucho interés en enterarse en terreno de cuáles son las problemáticas de la gente, de qué se tratan los problemas realmente y cuáles son los impactos. Eso tendrá que considerarlo el tribunal en algún momento, pero no lo descarto, ya que es una decisión que pasa por el tribunal", subrayó Michael Hantke.

Jornada maratónica

Fueron cuatro horas las que se dispusieron para escuchar la declaración de cada uno de los seis testigos, comunes y expertos, además de la recepción de los documentos, jornada que concluyó con los alegatos de cada uno de los abogados, donde la parte demandante -representada por el abogado Wladimir González- enfatizó la responsabilidad que tendría la empresa en el presunto mal manejo de desechos tóxicos, entre los cuales estaría el arsénico.

En tanto, desde la firma, fue el abogado Edesio Carrasco quien aseguró que Ecobio está autorizado a recibir residuos arsenicales y otro tipo de elementos peligrosos, a partir de los permisos que mantiene vigente. También acusó la poca claridad y prolijidad de los querellantes, ya que se les imputó el probable mal manejo del centro de acopio a Biodiversa y Hera Ecobio, firmas que no son titulares del proyecto.

"Me pareció muy interesante y serio el proceso. Pudimos estar presentes, conocer los fundamentos de la empresa, pero los demandantes no llevaron ningún estudio que demostrara contaminación", recalcó Marta Muñoz, testigo por parte de la empresa a cargo del relleno.

Si bien el expediente sancionatorio que a mediados de marzo abrió la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en contra del relleno sanitario e industrial por faltas graves y leves en el manejo de los residuos, fue aludido durante los alegatos, éste no pudo incluirse como prueba ya que la demanda ingresó el año pasado al tribunal ambiental. Sólo algunas de las denuncias hechas por los vecinos e inspecciones realizadas pudieron anexarse a la demanda.

"Estos son carriles paralelos, son discusiones paralelas, pero obviamente tiene un tema que es común, que es la protección al medioambiente. Nosotros estamos limitados como tribunal a fallar y resolver el problema con los antecedentes que nos presentaron acá, por tanto no tiene una implicancia en el juicio que tenemos, a no ser que las partes quisieran presentar mayores antecedentes, pero ya se terminó el periodo de prueba", explicó el presidente del Tribunal, Michael Hantke.

"Lo cierto es que el tribunal tiene mucho interés en enterarse en terreno de cuáles son las problemáticas de la gente y cuáles son los impactos"

Michael Hantke, Presidente del Tribunal Ambiental"