Un aumento en la percepción negativa de los ciudadanos de la Región del Bío Bío hacia el rol que ha cumplido el gobierno para reducir las cifras del desempleo reflejó la Encuesta de Percepciones Económicas dada a conocer este jueves por el Centro de Estudios de Corbiobío.

El sondeo que constó de entrevistas telefónicas aleatorias superó los mil encuestados, entre los cuales figuraron habitantes de las comunas de Chillán y Chillán Viejo, en la provincia de Ñuble.

De acuerdo a lo informado ayer por el director de Corbiobío, Miguel Ángel Ruiz-Tagle, y el economista del Centro de Estudios de Corbiobío, Ariel Yévenes, si bien se redujo de un 38,2% a un 35,1% la cantidad de personas que respondió tener a alguien en su casa que se encuentra actualmente sin trabajo, como contrapartida aumentó la cantidad de consultados que reconoce que la desocupación es el principal problema económico que enfrenta la región; de un 39,8% en 2016 a un 45,1% este 2017.

Principalmente jóvenes profesionales figuran entre los que se encontrarían sin empleo actualmente (30,4%), seguidos de las jefas de hogar (20,1%), egresados de enseñanza media (19,6%) y jefes de hogar (19%).

Asimismo se mantienen bajas las perspectivas de encontrar un empleo en los próximos 6 meses. El 46,8% cree que no será posible versus un 50,6% que respondió de manera similar en el 2016. En tanto, sólo un 39,9% cree posible hayar un trabajo en ese lapso.

La principal crítica de la ciudadanía en este sentido se dirige al gobierno, pues un 73,8% cree que el ejecutivo no ha hecho lo necesario para disminuir el empleo, cifra que supera al 72,4% que contestaba lo mismo en octubre de 2016.

Un aspecto positivo que reflejó la encuesta es la reducción de las personas que reconocen estar endeudados para mantener a su familia. Esta cifra se redujo de un 49,8% a un 46% en los últimos seis meses.

Desde que el 6 de diciembre de 2016 asumió Osiel Soto como alcalde de San Ignacio, ha debido enfrentar una serie de dificultades en la administración de la comuna, aunque la última y que lo complica más es la urgente necesidad de pagar a los profesores contratados por el municipio, quienes no han recibido el dinero que corresponde a sus imposiciones.

Se trata en específico de deudas previsionales que han originado que la Policía de Investigaciones se haya acercado ya en tres ocasiones con el objeto de notificarle que si no paga de inmediato, debe ser arrestado.

Según acusó Osiel Soto, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), la sensible situación que atraviesa es una herencia de la administración anterior; es decir, de Wilson Olivares (del Partido Radical), quien renunció al cargo en noviembre con el objetivo de postularse a Consejero Regional (Core).

"Nos enteramos de esta deuda en primer lugar porque comenzaron a llegar las órdenes de arresto por deudas previsionales, entonces hemos tenido que estar pagando de a poco", comentó Osiel Soto.

Según dijo el actual alcalde de San Ignacio, ya han debido desembolsar dinero en al menos tres ocasiones. "Primero, debimos pagar $81 millones, después $21 millones, luego $40 millones", comentó Osiel Soto.

La primera autoridad comunal manifestó que "se ha tenido que ir sacando recursos del Fondo Común Municipal, para así poder evitar que yo, como representante del municipio, sea arrestado, porque ello podría implicar incluso la cárcel. Por ello, es crítica la situación que se vive con las deudas del Daem".

Asimismo, el jefe comunal planteó que se han acercado a Hernán Álvarez, jefe del Departamento Provincial de Educación (Deproe) en Ñuble.

"Nosotros le pedimos al Deproe determinar la cantidad que se debe para las cuentas previsionales, pero no hemos tenido respuesta hasta ahora, pero eso pasa básicamente porque todavía no tenemos definida la suma de la deuda", admitió el alcalde de San Ignacio.

Sobre este último punto, Juan José González, director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) de San Ignacio, señaló que además de toda la deuda que tienen como municipio debieron invertir en la licitación para realizar una auditoría interna.

"Pedimos colaboración a la Dirección Provincial de Educación por oficio hace más de un mes para que nos entregue la información, pero recién la auditoría va a poder decir cuánta es la cantidad de dinero y cuánto es lo que vamos a solicitar", dijo Juan José González, quien dijo que incluso recurrieron al senador Víctor Pérez-Varela para que los apoye en la gestión de recursos extraordinarios.

Por otra parte, señaló que la intención del municipio es pagar la deuda previsional de los profesores hoy perjudicados. "Ni siquiera pueden pedir préstamos. Están bloqueados económicamente por no tener las imposiciones al día", dijo.

Desde el Deproe, en tanto, Hernán Álvarez contestó que "la administración nueva deberá encontrar los mecanismos para que aquellos que hicieron mal las cosas apliquen los estatutos administrativos que estipulan sanciones". Asimismo, declaró que hasta ahora el alcalde Soto no se ha acercado a plantear el problema al Deproe.