Mañana 23 de abril se cumple un año desde que causó conmoción nacional el parricidio de Esteban Daza, a manos de su pareja Catalina Romero, en Coihueco. Desde entonces, la mujer se encuentra en prisión preventiva, y el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal fijó la última fase del litigio para el próximo 17 de mayo a las 9 horas. El Ministerio Público, representado por el fiscal Juan Rohr, pide 17 años de cárcel para la acusada, quien según planteó al momento de su formalización, actuó una vez que discutió con su conviviente, quien la insultó y amenazó con golpear a uno de sus hijos. Por ello, lo acuchilló en el cuello, provocándole la muerte minutos después.

Libre de todo cargo quedó un hombre oriundo de Talcahuano, a quien la fiscalía de Bulnes acusó por el delito de violación reiterada en contra de su hija, que hoy tiene 14 años.

Desde que el hombre fue detenido, en julio del año pasado, ingresó al penal Bío Bío (en Concepción) a cumplir la cautelar de prisión preventiva; sin embargo, los jueces del tribunal Oral en Lo Penal de Chillán desestimaron la pretensión del Ministerio Público, que había pedido una pena de 18 años de cárcel contra el sujeto de 32 años, el que habría perpetrado los ataques mientras vivía en Quillón con la menor, que en 2013 tenía 10 años.

Según había acusado la fiscalía, el hombre la habría abusado y violado en reiteradas ocasiones, aunque no fue hasta julio del año pasado cuando se atrevió a develar a su abuela lo que le ocurría.

El argumento que dieron los jueces para absolver al acusado fue que los testimonios de los detectives que declararon en juicio no fueron concordantes, y además los peritajes psicológicos de la menor arrojaron dudas acerca de su credibilidad.

La oportuna acción de los pescadores de la caleta Taucú, en Cobquecura, permitió rescatar a un joven de 25 años que durante la tarde de ayer sufrió un accidente con su tabla y fue arrastrado por la corriente, mar adentro.

Así lo confirmó el capitán de Puerto de Lirquén, Renzo Cúneo, quien señaló que a las 13.50 horas se recibió un llamado al nivel 137 de la Armada, donde se alertaba que un surfista había sufrido un accidente con su tabla y no podía regresar hacia la orilla.

"De inmediato se activó el protocolo de emergencia y en dos minutos se estaba dirigiendo, desde Talcahuano hacia Cobquecura, un helicóptero para rescatar a esta persona", comentó el oficial de la Armada.

En efecto, el deportista oriundo de Pichilemu fue capaz de alertar a sus amigos que estaban en la costa de la situación de emergencia que estaba viviendo, ya que se quebró una parte de su tabla y quedó flotando sobre ella, sin poder reaccionar ante nuevas arremetidas de la ola.

No obstante, según dijo el capitán de corbeta Renzo Cúneo, uno de los botes de la caleta Taucú se trasladó hasta el lado de Rinconada, donde estaba el surfista, y lograron rescatarlo. "El helicóptero llegó, pero ya estaba a salvo, ileso y consciente. Fue trasladado hasta el Cesfam local", informó el capitán de Puerto.

Durante la mañana de ayer, la Corte de Apelaciones de Chillán notificó a los intervinientes de su fallo respecto al recurso de protección que interpusieron las distintas asociaciones de funcionarios en contra del Servicio de Salud de Ñuble (SSÑ) y los hospitales de Chillán y Yungay, donde se dispuso el descuento en las remuneraciones de 302 trabajadores que se sumaron a la movilización del sector público que pretendía aumentar los sueldos, entre octubre y noviembre del año pasado.

Fue el ministro del máximo tribunal de Ñuble, Guillermo Arcos, quien redactó la resolución que rechazó las pretensiones de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats).

"Existiendo en el ordenamiento jurídico nacional un procedimiento de reclamo ante el órgano administrativo respectivo para el caso en que se hubiere producido un vicio de legalidad que afecte los derechos funcionarios, puede advertirse que lo expuesto en el recurso no es una materia que pueda ser dilucidada por medio de la presente acción extraordinaria de carácter cautelar", reza el fallo de los ministros de la Corte de Apelaciones, quienes señalan además que el proceso de descuento fue visado por la Contraloría, y que existen los estatutos públicos para que los funcionarios hayan reclamado; por ende, el recurso de protección resultó ser improcedente.

Dura reacción

La medida de aplicar los descuentos se inició a partir de febrero y en adelante en consecutivas parcialidades que se extienden hasta mayo. Las fechas que fueron consideradas como no trabajadas ocurrieron el 26, 27 y 28 de octubre, y también entre el 2 y el 17 de noviembre del año pasado.

El punto que sostuvo Alejandro Sepúlveda, abogado del Servicio de Salud de Ñuble, fue que "los descuentos han sido realizados en base a elementos y antecedentes objetivos y suficientes, como los informes de los jefes directos de los funcionarios", puntualizó.

Sin embargo, el presidente nacional de la Confenats, Jorge Araya, reaccionó indignado con el fallo y dijo que acudirán a la Corte Suprema para revocar la sentencia. Además, dijo que la decisión del SSÑ en torno a descontar dinero de las remuneraciones es una gestión única del director de la entidad estatal, Iván Paul.

"Fue una medida arbitraria y se genera en hospitales donde los directores pertenecen a la Democracia Cristiana, como es el caso de Iván Paul. Hay otros Servicios de Salud donde entienden que hay tratados internacionales, no así los de este partido que toman una postura más dura, de Patria o muerte con los trabajadores", señaló Araya, reclamando que "en estas condiciones se está reprimiendo a los funcionarios, tal como en Venezuela".