Carolina Collins

El Servicio Nacional de Menores (Sename) anunció ayer el cierre del centro Alihuén de Coanil, ubicado en la comuna de Buin, en la Región Metropolitana, tras la denuncia de maltrato y torturas por parte de sus funcionarios a tres jóvenes con discapacidad cognitiva que vivían en el recinto.

La directora metropolitana del Sename, María José Montero, comunicó que "nos reunimos con la plana mayor de Coanil y le comunicamos nuestra decisión como Servicio Nacional de Menores de dar cierre a la residencia de Alihuén durante la administración provisional que ejercemos como Sename", y que la medida será ejecutada dentro de los próximos 30 días.

"Esto se da por los motivos de contenciones mal hechas, que, en realidad, ni siquiera merecen ese nombre", agregó, criticando los tratos de los funcionarios, expuestos en un video, en contra de los usuarios del recinto, justificados como "método de contención" por funcionarios del centro.

"Eso ni siquiera es una contención. No hay ningún protocolo médico establecido de manera estándar que valide eso como una contención. Eso es francamente tortura", dijo Montero al respecto.

Asimismo, informó que los 16 internos del centro, entre los que hay seis menores de edad que sufren discapacidad intelectual, serán trasladados a otros centros de la red Coanil, que sí cumplan con los requisitos para brindar la atención que necesitan.

Video y denuncia

El caso se conoció luego de que se difundiera un video que mostraba cómo jóvenes con discapacidad intelectual eran reducidos y amarrados boca abajo en una camilla. "Que sean sacados de contexto es imposible, o sea, los videos están absolutamente claros", dijo la personera del Sename.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que presentó acciones judiciales por el caso, no descartaron que existan nuevos hechos similares. "Nosotros como Instituto hemos estado realizando una red de observación desde enero, que ha sido planificada desde agosto del año pasado, y en este proceso hemos revelado bastantes casos graves", dijo a Cooperativa Branislav Marelic, director del organismo.

"No descartamos que puedan existir más víctimas en este mismo centro y también en otros centros, no solamente de la red Coanil, sino a lo largo de la red Sename", agregó, por lo que llamó a denunciar a quienes conozcan situaciones parecidas.

El ingeniero comercial Rafael Garay, en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de estafa reiterada y apropiación indebida, depositó ayer $500 mil en la cuenta corriente del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago para "reparar el mal causado" a una de las 36 personas que se vieron afectadas por esos ilícitos.

El imputado se encuentra acusado de haber estafado a 36 personas por un monto que se acerca a los $1.800 millones, pero según publicó Radio Bío Bío, los $500 mil serían para un afectado y no para el total de los involucrados.

El mismo medio publicó que el mismo Garay comunicó, desde el anexo Capitán Yáber, donde se encuentra recluido desde que fue formalizado, que quería destinar ese monto a Víctor Mellado, quien es una de las víctimas que se vio mayormente afectado.

Esto porque Mellado invirtió en la empresa Think & Co Ltd. el dinero que recibió por una indemnización que le otorgaron por haber sufrido un grave accidente que le dejó el 56% del cuerpo quemado y lo inhabilitó para poder volver a trabajar.

Así lo explicó el abogado del economista, Reynerio García de la Pastora, al medio anteriormente citado. "La consignación tiene justamente por finalidad que estos dineros lleguen a aquél de los querellantes que, a juicio de Rafael Garay, es la persona que se encuentra en peores condiciones al día de hoy producto de estos hechos", señaló.

Críticas al depósito

Sin embargo, los otros intervinientes en el caso criticaron la acción de Garay, ya que reclaman que las reparaciones en dinero deben ir a todas las víctimas y no a una en particular.

Así lo expuso el ex fiscal nacional y abogado querellante en este caso, Sabas Chahuán, que opinó que la acción de Garay está lejos de reparar el daño causado.

"Ese depósito va en beneficio de todas las víctimas, se debería aplicar en proporción, a cubrir a las víctimas que fueron defraudadas por $1.800 millones. En mi concepto, con el mayor respeto por el derecho de la defensa y los derechos que están en la ley, eso no se acerca ni siquiera un ápice a configurar la reparación con celo del mal causado, para nada", manifestó.

El abogado querellante Rodrigo Bravo, coincidió con Chahuán, dijo que el monto debe ser repartido entre todos los afectados y calificó de "irrisorio" el acto reparatorio efectuado por Garay. "Resulta hasta ofensivo para las víctimas una consignación de ese modo", remarcó.

El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, asistió ayer a la comisión parlamentaria que investiga el desfalco en la institución que, según él mismo expuso, hasta ahora involucra a 110 personas, mientras que el monto del fraude podría llegar a los $ 20 mil millones.

Según detalló la máxima autoridad de Carabineros, hasta ahora se ha podido calcular en $17.533 millones el desfalco y "los años de mayor sustracción de dinero fueron 2014, con $7 mil millones; 2015, con $3.800 millones y 2016, con 2.100 millones de pesos".

Villalobos, asimismo, insistió que la actual Ley de Inteligencia no les permitió detectar el fraude antes y que sólo pudieron pesquisarlo una vez que llevaron a cabo varios cambios en el escalafón de Intendencia, que es la unidad en la que se inició la estafa.

El general también se refirió a las causas que permitieron el millonario desfalco, entre las que enumeró que "había una falta de control en cuanto a los procesos que se llevaban" y que "el funcionamiento del escalafón se hacía en base a la confianza, dañada a raíz de todo esto". Así también "la eliminación de contralorías zonales, que dejaron de funcionar por sacar el máximo de personal a la calle".

Sin renuncias

"Yo voy a asumir la responsabilidad que me exige el reglamento y la Ley no me permite hacer más. (...). No he pensado en renunciar", dijo enfático Villalobos, tras ser interpelado por el diputado de la DC Sergio Espejo, quien dijo que debía dar un paso al costado.

"Me parece que la transparencia de esta investigación haría del todo aconsejable que quienes han ocupado cargos en el alto mando, quienes han sido responsables de la conducción de Carabineros durante los años en que este fraude se ha extendido, que son ya varios, comenzando naturalmente por su general director, hicieran efectiva la responsabilidad del mando, dieran un paso al lado renunciando y permitiendo que la investigación se realice con la transparencia, celeridad y oportunidad que son indispensables para proteger a Carabineros", dijo el parlamentario.

"Yo nunca he pensado en renunciar al cargo de general director. Quiero aclarar esto, y después se verá qué es lo que pasa conmigo. Pero no he pensado en renunciar a Carabineros", respondió el uniformado.