Patricio Vera Muñoz
La existencia del Consejo de la Transparencia -nacido en 2008- tiene como fin garantizar el acceso de la ciudadanía a la información estatal, aquello mediante las publicaciones de los distintos organismos en sus respectivas páginas web, o bien, mediante solicitudes que deben ser cursadas por los servicios adscritos a este sistema. La idea es que la gente se informe, cuestión que en honor a la verdad, no siempre se cumple.
Desde que un ciudadano común y corriente solicita cierta información a un servicio determinado, hay 20 días de plazo máximo para que el requerimiento sea respondido. El caso es que muchas veces la respuesta nunca llega y en esos casos, la existencia de la ley es visiblemente vulnerada.
Si bien es posible presentar un reclamo formal al Consejo de la Transparencia, el caso es más profundo, pues deja en evidencia el no cumplimiento de una normativa legal que debe ser respetada a todo evento en favor del correcto actuar.
Sin ir más lejos, Crónica Chillán presentó hace un tiempo una solicitud a la Seremi de Gobierno del Biobío, requiriendo toda la información existente en favor del proyecto Ñuble Región, tan demandado por la provincia. La solicitud era extensa, pues detallaba diversos elementos de vital importancia para entender correctamente la gestión del Ejecutivo regional frente a una iniciativa impulsada por el poder central.
La respuesta a ello llegó hasta las oficinas del matutino mediante un oficio de dos carillas donde se exponía la imposibilidad de cumplir con lo solicitado, y considerando además que la información no tenía el carácter de pública.
Por lo mismo, los alcances de esta legislación abren un tema que vale la pena revisar, consignando así cuales son los alcances reales de una normativa donde la palabra transparencia puede tener límites perimetrales imposibles de transgredir.
Voz oficial
Lo primero que dejan claro desde el Consejo de la Transparencia es que el derecho de acceso a la información debe estar garantizado por los distintos organismos suscritos. Por ende, esta institución actúa sólo como un garante de aquello.
Para empezar, la piedra angular del tema está situada en una razón muy lógica. Toda aquella información que está en poder de un organismo público y que fue creada con fondos gubernamentales es, por principio, información pública. Por ende, la repartición requerida difícilmente puede negarse a un requerimiento.
Sólo aquella información que esté bajo rótulo de privacidad podría ser eventualmente negada para su difusión. Inclúyase en esta categoría las fichas clínicas de una persona o antecedentes personales de quien esté participando en un concurso público. También es protegida la información que involucre la seguridad de la nación.
"No hay un listado de información que de por sí se determine como secreta. El servicio debe definir si lo solicitado es de carácter público o no. Si la persona no queda conforme con la respuesta, tiene que acudir al Consejo de la Transparencia para que nosotros determinemos si la información pedida es pública o no", comenta la abogada Isabel Figueroa, perteneciente al Consejo de la Transparencia.
De igual manera, la jurisconsulta agregó que si el organismo no atiende la solicitud en los plazos establecidos (20 días), hay un lapso de quince días hábiles para que la persona acuda a presentar un recurso de amparo ante el Consejo.
La profesional añadió que existen sanciones establecidas para castigar una negación arbitraria a la entrega de información.
"Para ello debe configurarse una de las causales. Negarse infundadamente a entregar la información o que, habiendo determinado el Consejo de la Transparencia que la información debe entregarse, no se hiciera. En ambos casos la multa va de un 20% a un 50% de la remuneración del jefe superior del servicio. Si la autoridad persiste en su negativa, se puede duplicar la sanción y suspenderlo del cargo hasta por cinco días", expuso Isabel Figueroa.
Frente a la situación referida con la Seremi de Gobierno del Biobío, desde el Consejo de la Transparencia apuntaron que no se advierten razones para la negativa del servicio al requerimiento.
De igual manera, recomendaron insistir en el requerimiento y, en caso de recibir una nueva negativa, acudir al Consejo para que tome cartas en el asunto.
Fiscalizaciones
Si alguien tiene muy claro lo que significa fiscalizar y velar por el correcto cumplimiento de diversas situaciones, es el senador Alejandro Navarro Brain. Ciertamente la gestión del parlamentario ha tenido siempre un claro tinte de inspección y, al respecto, tiene su propia visión respecto de la Ley de Transparencia.
"Ha funcionado, pero la información está siendo objeto de un procesamiento. Primero la hacen pasar por un colador y lo que nosotros queremos es llegar a la información de fondo. Cuando se le pide información a los organismos públicos, se les pide toda y no una parte, ni menos aquella que la autoridad seleccione antes de entregarla", expuso.
El legislador de la Cámara Alta puso a modo de ejemplo la información que se le hizo llegar en temas de salud, específicamente el informe entregado por la Organización Panamericana de la Salud respecto del Examen Único Nacional de Conocimientos Médicos (EUNACOM), lo que a su juicio representa un hecho de gravedad extrema.
"En estos casos debieran haber no sólo sanciones pecuniarias, sino que también debieran tomarse otras medidas como la remoción del cargo. De lo contrario, vamos a tener sanciones aplicadas a funcionarios de tercer o cuarto nivel cuando la orden siempre viene desde el primer nivel. La información que se les solicita no puede ser tratada o tener maquillaje", explicó.
El senador Alejandro Navarro ejemplificó aquello con un tema personal, dado que él mismo solicitó hace unos días la información de todas las patologías asociadas a muertes que se han producido en las personas que no tuvieron acceso oportuno a las GES.
"Aquello se nos negó bajo argumento de que era información sensible que podría dañar la privacidad. ¡Hablamos de gente que falleció esperando! El daño se produce por la no atención, no por la falta de privacidad. No estamos pidiendo los nombres de los pacientes, sino las patologías", señaló.
El parlamentario comentó que, en su caso, acudirán a la fiscal Patricia Varas para solicitarle que la ministra de Salud y que con la nueva presidenta del Colegio Médico de Chile sean citadas a entregar la información al Ministerio Público.
Por lo mismo, el parlamentario invitó a la ciudadanía a manifestarse con reclamos formales cuando la información no les llega como es debido.
"La no entrega de información debe ser sancionada de la misma manera si la pide un senador o un ciudadano común. Al final, la transparencia no siempre es tan transparente", finalizó el legislador.