El Liceo Mabel Condemarín y el Industrial se unieron para protestar pacíficamente en el Paseo Arauco de Chillán por mejoras en sus establecimientos. Las alumnas del Condemarín exigen la reubicación del colegio, ya que no tienen espacio suficiente para actividades y los liceanos del Industrial reclaman que aún continúan en containers, luego de siete años transcurridos desde el terremoto. "Queremos una reubicación para un liceo digno y para que las chiquillas tengan más espacio para la recreación, ya que el liceo además de no tener patio, el liceo es muy chico", sostuvo Marta Navarro, presidenta del centro de alumnos.

Por su parte, el vicepresidente del Liceo Indutrial señaló que la protesta "es por la reconstrucción de nuestro liceo, ya que todavía seguimos en containers", indicó.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán condenó a Richard Manuel Hernández Parada a la pena de 4 años y un día de presidio efectivo, como autor del delito de robo de vehículo motorizado, y la pena de 61 días de presidio, multa de 2 UTM y la suspensión de la licencia de conducir por un año, como autor del delito de conducción en estado de ebriedad ocasionando daños. Ilícitos perpetrados en septiembre de 2016, en la comuna de San Nicolás. Una vez ejecutoriado el fallo, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados. La sentencia dio por acreditado que Hernández "forzó la chapa de la puerta del conductor, luego condujo el vehículo en estado de ebriedad, trasladándose hasta el sector de las ramadas en la comuna de San Nicolás , chocando en el trayecto".

En la madrugada del sábado recién pasado, desconocidos ingresaron al edificio patrimonio ubicado en calle Rosas con Constitución, donde se alza la iglesia Virgen del Carmen en el centro de Chillán.

Los sujetos accedieron al techo por la estructura metálica, que puso el municipio al costado de la construcción para prevenir derrumbes. Sin embargo, la construcción de fierro resultó ser fácilmente escalable.

Una vez en el interior rompieron el piso de una galería en el segundo piso e hicieron un forado en el cielo raso que está inmediatamente superior al local comercial "Crisolmarket", de propiedad de Haroldo Molina, desde donde sustrajeron cigarrillos por un valor aproximado de $800 mil.

El problema adicional está en que lo sucedido el sábado ya representa la cuarta vez que el comerciante es víctima de un delito de este tipo. Y eso considerando que otros establecimientos comerciales aledaños también han sido víctimas de ilícitos. Sin embargo, lo que más afectado los tiene es la poca recepción que ha encontrado del problema por parte de las autoridades municipales y también policiales.

"La PDI ha ido tres veces y la última vez nos dijeron que no tienen nada que hacer porque nosotros deberíamos tener cámaras al interior del local. No entiendo como es posible que no puedan hacer nada a menos que se les entregue el delincuente en la mano", señaló Erika Fuentes, esposa del comerciante afectado.

La situación complica a varios comerciantes más que al momento, se encuentran indefensos frente al actuar de los antisociales.

Patricio Vera Muñoz

El año pasado, detonó un conflicto legal entre la municipalidad de Chillán y el centro de atención dental que la sociedad de odontólogos mantiene en la intersección de las calles 18 de Septiembre y Collín del centro de la capital provincial.

Por aquel entonces, fueron escasos seis metros de construcción los que detonaron que el ayuntamiento chillanejo ordenara derribar lo construido, endosando a los propietarios de la obra cuantiosos daños en materiales.

Finalmente, el centro odontológico se construyó, pero posterior a eso la sociedad de odontólogos demandó al municipio de Chillán, logrando el triunfo en primera instancia y condenando al organismo comunal a cancelar $97 millones de indemnización.

Pues bien, todo aquello fue zanjado ayer, luego que la Corte de Apelaciones de Chillán dictara sentencia obligando al municipio a indemnizar a la agrupación de profesionales de la salud bucal con $70 millones.

Fallo unánime

La Segunda Sala del tribunal de alzada chillanejo -integrada por los ministros Darío Silva, Guillermo Arcos y el abogado integrante Juan de La Hoz como redactor-, confirmó de manera unánime la sentencia dictada el 26 de abril de 2016, por el Primer Juzgado Civil de la ciudad.

En específico, el documento indica que se rebaja el monto del daño emergente a la suma de $21.565.609 y el de lucro cesante a la suma de $48.510.000, dando así la suma de $70 millones y fracción.

En la sentencia, el tribunal de alzada establece la responsabilidad de la municipalidad de Chillán por falta de servicio.

Paralización y pérdidas

En junio del año pasado, el doctor Juan Valencia conversó con Crónica Chillán, donde explicó ribetes que avalaban la presentación jurídica y la búsqueda de una indemnización.

En aquel entonces, el profesional indicó que la obra demolida contenía 3 mil kilos de fierro y 80 cubos de hormigón. Considerando las pérdidas económicas de aquello, debe sumarse que la obra se debió paralizar durante 22 meses.

A la ocasión, las pérdidas ascendían a $20 millones de pesos, considerando no sólo las pérdidas materiales, sino también la cancelación de los sueldos de los trabajadores.

El doctor Juan Valencia explicó en la ocasión que cada vez que solicitaban respuestas al respecto, desde el municipio les informaban que estaba estudiando el tema, por lo que los meses pasaron sin recibir soluciones concretas.

El municipio

Desde la unidad jurídica del municipio de Chillán informaron que la decisión judicial fue para rebajar considerablemente la indemnización concedida por el tribunal de primera instancia.

El fondo de la cuestión debatida decía relación con una eventual falta de servicio que le había sido atribuida al municipio en un juicio previo, donde la parte demandante había obtenido un pronunciamiento favorable de la Corte Suprema.

Fruto de ello, surgió un segundo juicio, donde solamente se buscaba determinar el monto indemnizatorio por los daños acusados.

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