Ley Emilia y rol del TC
Señor Director: El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado admisibles más de una veintena de requerimientos en contra de la denominada Ley Emilia, y otros tantos respecto de la Ley de Armas. Lo anterior avizora la posibilidad que se eliminen tales leyes, cuestión que ha sido advertida y criticada por sus impulsores en razón del contenido de un reciente fallo del TC (Rol N° 2983 de 2016).
Algunas precisiones útiles para un correcto diagnóstico de la situación son las siguientes:
Primero, el TC debe revisar caso a caso los recursos presentados por los eventuales infractores de las leyes (Art. 93 N° 6 de la Constitución) por lo que, dependiendo de las particularidades de cada gestión, pueda aceptar o no su inaplicabilidad al caso concreto.
Segundo, el TC solo ha emitido el fallo Rol N° 2983, por el cual declaró inaplicable una parte del artículo 196 ter de la Ley Emilia. La frase que se cuestiona es la siguiente: "la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere condenado". Este artículo impide al condenado acceder a penas sustitutivas durante un año, obligando entonces, que cumpla pena de cárcel.
En este sentido, el TC no ha cuestionado la estructura de la Ley Emilia, consistente en los delitos de manejo en estado de ebriedad, el delito de abandono de la víctima sin prestar ayuda, ni el delito de no denunciar los hechos a las autoridades. Lo que se cuestiona es parte de la norma que pareciera contrariar ciertos principios que se estiman esenciales para el Derecho, como son el de igualdad y proporcionalidad.
Por ello, correcto parece, en un Estado democrático, exista un tercero imparcial -como lo es el TC- que revise la constitucionalidad de las normas, especialmente tratándose de leyes penales, las cuales restringen de mayor manera ciertas garantías fundamentales. Ello es concorde con el sentido de último recurso (última ratio) del Derecho penal.
Alejandro Leiva López, Profesor de Derecho Penal U. del Desarrollo.
Contaminación
Señor Director: Hablar de contaminación en Chillán es reiterar discursos de autoridades inservibles a la solución de fondo del problema.
Resulta irrisorio que Seremis de Medio Ambiente, Cores, Gobernador, Alcaldes, Concejales y demás autoridades promocionen ferias de negocios de venta de estufas a precios altos, inalcanzables para el poder adquisitivo de los vecinos y por otro lado la venta de leña cara y certificada, para luego dictar normas de emergencia que impiden encender cualquier tipo de estufas. Ante esta incoherente política no queda más que pensar que, o no tienen iniciativa real de solución o bien están amparando el lucro de privados, impulsando compras de estufas y leña que luego se prohíbe usar.
¿Quién gana en todo? Está claro que quien sigue lo que la autoridad promociona no es el beneficiado, son otros los que están amparados por autoridades haciendo de la contaminación de Chillan un buen negocio, pero no buscando soluciones reales, entre tanto en colegios se siguen normas que contradicen otras establecidas que no obligan pero existen. ¿Cuál cumplir entonces? ¿Qué autoridad dirime cuál seguir? Los del negocio de leña y estufas no creo, porque ellos son los únicos que si están beneficiados por el "negocio" nuevo llamado "contaminación".
Enrique Edis Jara Rivera.
Ente Estatal
Señor Director: Dentro de los anuncios previsionales entregados por la Presidenta Bachelet en su discurso del 1 de Junio, nuevamente menciona al "ente estatal" que administrará de manera monopólica el 5% de cotización adicional con cargo al empleador.
Como ejemplo compara al ente estatal con el Banco Central, pero omite todos los costos asociados como el sueldo del presidente, de los consejeros, del equipo de inversión, de fiscalizadores, de los analistas, personal administrativo, del arriendo inmobiliario, costos de sistemas informáticos, y el sueldo de todos los operadores políticos o apitutados de siempre que no generan ningún valor agregado.
No será mejor entregar la totalidad de la cotización adicional a las AFPs, cuyo costo adicional es $0 -por cobrar un porcentaje del sueldo imponible-, y de comprobada buena rentabilidad al largo plazo, y de paso evitar nuevas decepciones que nos está acostumbrando el Estado, con despilfarros, fraudes y malversación de recursos públicos escasos, como día a día informa la prensa.
Eduardo Jerez Sanhueza.
Buen provecho
Señor Director: Conocidos los programas de gobierno, hojas de ruta y símiles, se desprende que Chile -dependiendo a quién elija como su futuro presidente- su menú estará entre más de lo mismo, cocinado por los mismos y a cargo de uno de los mismos. Pero con una nueva receta y nuevos chefs, o no más de lo mismo con recetas probadas y conocidas, con un chef repetido y conocido. Elija usted.
Luis Enrique Soler Milla.
