Danny Fuentes Espinoza

Un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Chillán, interpuesto por María Navarrete, dueña de tres locales de juegos conocidos como "Casinos Populares", es la primera arremetida de los empresarios del rubro en contra del municipio, que durante esta semana procedió a la clausura de estos recintos.

Ya son años de guerra declarada, y pese a las ordenanzas, clausuras, dictámenes de Contraloría, pericias de la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ), e incluso casos que han llegado a los tribunales de Garantía, la arremetida del municipio inicia una nueva fase de disputa.

Lo cierto es que hoy, con cerca de 25 casinos populares ubicados en el sector céntrico de Chillán, el municipio busca hacer valer su ordenanza de 2013, en que estableció los parámetros para permitir la instalación locales de juegos, prohibiendo que las máquinas retribuyeran premios en dinero.

Sin embargo, y dado que inspectores municipales ya clausuraron 23 locales, María Navarrete contrató los servicios del grupo jurídico Lex, representado por el abogado Héctor Mella, quien busca hacer valer la jurisprudencia para evitar que sean clausurados los locales que ella posee.

"Estando el establecimiento abierto al público desde el día del otorgamiento de la patente, ha funcionado siempre bajo la mira de los funcionarios públicos municipales y de Carabineros, quienes han pretendido coartar o limitar el pleno ejercicio de los derechos garantidos por nuestro ordenamiento jurídico, argumentando que las patentes de mi representada no alcanzarían para el comercio que explotan, también califican las máquinas de azar, ilegales", mencionó en su escrito Héctor Mella.

El argumento que plantea el abogado es que "hay juegos electrónicos y no son de azar. Así lo determina la SCJ, ya que su laboratorio que pericia estas máquinas concluyó no son para los casinos que ellos regulan, porque sólo son juegos de destreza". A ello, agrega que "la Contraloría ya se ha pronunciado respecto a que los municipios, ante dudas, deben llegar la misma Superintendencia para hacer sus consultas, porque las máquinas de habilidad y destreza son aquellas que son seudoaleatorias, y las máquinas de azar tienen aleatoria".

Los ministros de la Corte de Apelaciones declararon admisible el recurso de protección y oficiaron al municipio para que el alcalde Sergio Zarzar presente sus descargos.

De manos del intendente de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, la sargento segundo de Chillán, Evelyn Garay, recibió un reconocimiento por su destacada labor, en particular por haber llevado con éxito un operativo de persecución de un delincuente que robó un bolso con $13 millones en efectivo.

En una ceremonia realizada en el Grupo Concepción de la Escuela de Suboficiales, se entregó un reconocimiento a ocho funcionarios de carabineros, entre los que se encuentra Garay.

"Es un premio que recibimos con mucha satisfacción porque es un trabajo que realizamos a diario, y además muestra la preocupación de nuestro jefe de zona", dijo la suboficial, aludiendo al general Hermes Soto, quien también participó en la actividad.

Cabe recordar que el procedimiento lo adoptó el 12 de mayo la sargento Garay en compañía de la sargento segundo Karen González. Ambas motoristas de la Segunda Comisaría de Chillán, transitaban por la calle Sargento Aldea, cuando un hombre los alertó de haber sido víctima de un robo.

En efecto, un ladrón con amplio prontuario quebró el vidrio de un vehículo y sustrajo un bolso con $13 millones, situación que fue advertida por la víctima, iniciándose un forcejeo que terminó con el delincuente huyendo a pie.

Fue en ese instante que intervinieron las motoristas, quienes lo redujeron y pudieron recuperar el millonario monto. "En el momento uno no mide las consecuencias ni los riesgos, uno actúa ayudando, que es lo que espera la ciudadanía de uno, además de la protección", dijo Evelyn Garay, oriunda de El Carmen, con 18 años de servicio en la institución. Según comentó, el exitoso procedimiento le ha traído elogios de su familia, amigos, del mando, pero también de la comunidad chillaneja.

Luego de que la Corte Suprema anulara su condena, para el 31 de agosto quedó fijado el segundo juicio que deberá enfrentar José Pradenas, quien fue acusado por la fiscalía local de Chillán por el delito de tráfico de pequeñas pequeñas cantidades de droga.

La medida obedece a que el máximo tribunal acogió el recurso de nulidad presentado por la abogada de la Defensoría Penal Pública, María Belén Acuña, acusando que la detención había sido ilegal.

Así lo refrendó en su fallo la Corte Suprema, que cuestionó que detectives de la Brigada Antinarcónicos y Contra el Crimen Organizado le realizaran un control de identidad, amparados en el artículo 85 del Código Procesal Penal, sin que haya existido indicio para revisar sus pertenencias.

En efecto, José Pavez fue detenido el 13 de julio del año pasado en la población Irene Frei por los oficiales, que sospecharon de él cuando trató de evadir el control de identidad, encontrando entre sus prendas tres sachets contenedores de 29 comprimidos de clonazepam y la suma de $25 mil en efectivo.

Sin embargo, a juicio de la Corte Suprema, para controlarlo "no constituye en forma alguna un signo que permita sospechar la comisión de un delito -sea ya cometido o por cometer- así como tampoco la mera materialidad de la presencia del acusado en el lugar -único elemento indubitadamente probado- que permite colegir la concurrencia de alguna de las restantes situaciones que el artículo 85 considera para permitir el control aludido".

La abogada María Belén Acuña comentó que "es un fallo inédito a nivel nacional tras la entrada en vigencia de la agenda corta antidelincuencia, y establece que apartarse de un control policial no implica un indicio. Por eso, toda la prueba fue declarada ilegal para un segundo juicio".