Para el 17 de julio a las 10 horas quedó fijada la audiencia de lectura del fallo que evacuará la Corte de Apelaciones de Chillán, respecto al recurso de nulidad presentado por la defensa de Juan Luis Cartes, quien el 30 de mayo fue sentenciado a 12 años de cárcel por haber degollado y luego enterrado a su ex conviviente, Miguel Ángel Melgarejo, alias "La Puca".

Independiente de la resolución, en el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública admiten que existen altas expectativas por la valoración que hagan los tribunales respecto a si es aplicable el parricidio (así como lo estableció el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal) entre parejas del mismo sexo.

Por una parte, el jefe de la Defensoría Penal Pública en Chillán, Antonio Guerra, defendió el único fallo que existe al respecto, que se dio en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en julio del año pasado, cuando anuló una sentencia de parricidio que se dio entre dos mujeres.

"Lo que nosotros esperamos como defensa es que se dite una sentencia de reemplazo, donde se establezca que efectivamente existió un homicidio simple, y que la pena a aplicar debe ser la de ese delito, de un rango entre 10 años y un día a 15 años, pero con las atenuantes de responsabilidad penal, la pena debiera ser de 5 años y un día", planteó Guerra.

Por su parte, el jefe de la Fiscalía local de Chillán, Pablo Fritz, argumentó que "nuestra legislación ha ido cambiando y el ejemplo más claro es la entrada en vigencia de los Acuerdos de Unión Civil, que se puede dar entre personas del mismo sexo". Por ello, buscan dar cobertura desde el punto de vista penal a aquellos convivientes del mismo sexo. "De ratificarse la resolución del tribunal de Juicio Oral en Lo Penal, sería el primer fallo en la historia judicial chilena que así lo estableciera", enfatizó Fritz.

Con lienzos afuera de la cárcel de Chillán, e incluso una barricada que estuvo prendida durante la mañana de ayer, los gendarmes que están dentro de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) manifestaron una vez más su molestia por la falta de diálogo con el Ministerio de Justicia para tratar su petitorio.

"Es una movilización que se está radicalizando, más aun con las declaraciones del ministro Campos a una radio, en que rechaza todas nuestras propuestas", dijo Cristian Montecinos, dirigente provincial de Anfup, quien agregó que una de las demandas es normalizar la carrera funcionaria. "Es un proyecto que venimos trabajando hace dos años y se ha dilatado en estudios del ministerio, sin que se recoja el parecer de los funcionarios", dijo Montecinos, agregando que hoy el gobierno está incurriendo en prácticas antisindicales, al haber abierto sumarios contra dirigentes nacionales de Anfup. "Lo más probable es que lleguemos a un paro nacional, lo que significaría no trasladar a internos a tribunales, ni permitir visitas", advirtió.

Danny Fuentes Espinoza

Pasadas las 11 horas de ayer, un grupo de consejeros regionales hizo entrega al prefecto de la Policía de Investigaciones en Ñuble, Marcelo Mendoza, del documento que acredita la transferencia de fondos para refaccionar el cuartel de Vega de Saldías.

Fue en el frontis del mismo edificio que se reunieron las autoridades, tras haber logrado la semana pasada aprobar la asignación de $314 millones.

El jefe de la prefectura de Ñuble agradeció el aporte del Consejo del Gobierno Regional, pues precisó que estos dineros "sobre todo en la parte eléctrica van a ser necesarios, porque nosotros basamos gran parte de nuestro trabajo sobre la base de la tecnología, entonces era imprescindible tener esta herramienta y con este proyecto lo vamos a lograr sin duda", dijo el Prefecto.

Si bien no existen plazos perentorios para el inicio de las obras, lo cierto es que la Policía de Investigaciones ya acordó con el municipio de Chillán que sea la Secretaría Comunal de Planificación la unidad técnica que estará a cargo de subir las bases de licitación y posteriormente adjudicarla a través de Mercado Público. "Esperamos dentro del segundo semestre tener adjudicado el proyecto a la empresa constructora", acotó el prefecto Mendoza.

La obra considera mejorar la red eléctrica, los sistemas de aislación, revestimientos y canalización de aguas lluvias en techumbre y fachada, permitiendo disponer de una atención más efectiva y cómoda a los usuarios, como también las condiciones óptimas para los detectives.

Por su parte, el presidente del Consejo Regional, Hugo Cautivo, sostuvo que esta inversión representa un compromiso de la entidad encargada de administrar recursos del Gobierno. "Desde el año pasado se estaba planteando la necesidad de mejorar el desempeño de las policías en la provincia, para generar una mejor percepción de seguridad", planteó el Core, que agregó: "nos interesa el compromiso con la seguridad ciudadana y para ello es importante mejorar la implementación a través de los recursos públicos para que las policías puedan mejorar su servicio, y en ese contexto, existía una deuda pendiente con esta prefectura".

De esta forma, queda pendiente la conservación, para lo cual serán necesarios otros $70 millones. Para ello, la PDI busca presentar otro proyecto durante este año.

Luis Yévenes González, alias "El Chocolate", quien se hizo conocido hace tres años cuando asesinó con reiteradas puñaladas a un colectivero de la línea 38, mantendrá la pena de presidio perpetuo simple, luego de que el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán rechazara rebajarle la condena.

Cabe recordar que el defensor penitenciario Alejandro Vera reclamó ante el tribunal que "El Chocolate" fue sentenciado en enero de 2015, junto a un menor de 17 años, aplicando la agravante de haber actuado en "pluralidad de malhechores", no obstante este artículo del Código Procesal Penal fue derogado en julio del año pasado, con la entrada en vigencia de la denominada "agenda corta antidelincuencia" (Ley 20.931).

Aplicando la norma del "in dubio pro reo", que establece que se aplicará toda norma que favorezca a un condenado, Luis Yévenes buscaba ser beneficiado.

Sin embargo, el fiscal Pablo Fritz alegó que, aún eliminando la agravante, en la condena por robo con homicidio, "estaríamos con dos agravantes y una atenuante, compensándolas se mantendría una agravante por lo que se estaría ante la misma pena".

Este último punto fue el que acogieron los jueces Jorge Muñoz, María Paz González y Sandra Rozas.

"Aún con prescindencia de la agravante especial, hoy suprimida por la Ley 20.931, la sanción impuesta a Yévenes González se encuentra dentro de los márgenes señalados por la ley. No pudiendo este tribunal, en esta etapa, ponderar otros factores ni entrar a valorar la prueba rendida en la audiencia de juicio oral que motivó la decisión de condena, para adecuar la condena impuesta por el tribunal en su oportunidad", determinaron en su resolución los magistrados.