Danny Fuentes Espinoza

A la Corte de Apelaciones de Chillán fue remitido ayer el recurso interpuesto por el abogado Gumercindo Quezada, quien busca que se anule el juicio en contra del ex carabinero Sebastián Fuentealba, sentenciado el 27 de junio a 20 años de cárcel, tras ser hallado culpable del delito de homicidio calificado.

El defensor plantea que el fallo del tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán habría recogido testimonios supuestamente contradictorios de los testigos directos del asesinato, que fueron los padres y una tía de la víctima, cabo segundo Daniel Aravena, quien murió el 5 de enero de 2016, en la calle principal de Rucapequén, después de recibir nueve balazos. "La falta de razonamiento acerca de declaraciones contradictorias constituye un defecto de motivación, causante de nulidad", dijo Quezada.

Además, el abogado señaló que la sentencia carece de argumentos de por qué rechazaron su tesis, en torno a establecer que el otrora carabinero habría actuado privado de razón.

Además, pide que se haga un nuevo juicio, considerando que los jueces habrían catalogado el delito como un homicidio calificado por existir alevosía. En ese contexto, Quezada plantea que "de la lectura de las acusaciones (tanto de fiscalía como del querellante) se desprende que ninguna contiene el relato fáctico de la agravante que se invocó para calificar el delito".

En tercer término, el abogado Gumercindo Quezada plantea una supuesta errónea aplicación del Derecho, en específico la calificante de alevosía, de parte de los jueces Claudia Montero, Óscar Ruiz y Sandra Rozas. "Víctima e imputado se conocían, se encontraron de manera casual, sorpresiva y no prevista, en la única calle que llevaba al lugar hacia donde uno se dirigía y el otro venía de vuelta", señaló Quezada, recordando que Daniel Aravena caminaba hacia un velatorio de un vecino que había muerto el 5 de enero de 2016, mientras que Sebastián Fuentealba había desistido de ir.

"En un momento de arrebato, mi representado disparó en contra de la víctima. El primer disparo fue de frente, y luego perdió el control de sus actos, procediendo a efectuar ocho disparos más", dijo el abogado, quien explicó que esto no fue alevosía. "Es insuficiente la mera situación objetiva de indefensión (...) no existiendo prueba convincente de que el homicidio fue cometido en circunstancias seguras y favorables", indicó.

Una acalorada discusión es la que se espera para hoy en la Corte de Apelaciones de Chillán, respecto al recurso de protección interpuesto por María Navarrete, dueña de tres locales de juegos conocidos como "Casinos Populares".

Por una parte está la mujer a la que el 14 de junio le cerraron sus tres locales ubicados en calle Maipón, siendo representada por el director del grupo jurídico Lex, Héctor Mella, abogado que plantea que el municipio ha incurrido en arbitrariedad y discriminación al otorgar patentes y luego clausurar los recintos.

En la vereda del frente está el municipio de Chillán, representado por el abogado Pedro San Martín, quien respondió en duros términos a los cuestionamientos de Héctor Mella, sobre quien dijo que "tiene una estrategia caracterizada por el tono rallante en la calumnia y malintencionado, que ya se mostró en recursos anteriores, pretendiendo sembrar un manto de dudas sobre la probidad del alcalde".

El abogado Pedro San Martín defendió el cierre de los tres locales clausurados, aduciendo que la locataria "no cuenta con patente que ampara su actividad de explotación de máquinas de juego, aún estimando que éstas sean de habilidad o destreza, lo que resulta evidente ya que no la puede tener en conformidad a la ley y el ordenamiento jurídico que debe acatar", dijo.

De esta forma, el abogado San Martín cuestionó "la actitud contumaz" de la locataria María Navarrete. "Se han violentado los sellos de clausura y todos y cada uno de los establecimientos han persistido en la explotación de las mismas máquinas existentes al momento de practicarse aquella, evidenciando un descarado desprecio por la ley y la administración comunal", concluyó.

Por el delito de abigeato fueron detenidos Eduardo Fierro García y Jorge Espinoza Iturra, sindicados como autores del robo de dos caballos de trabajo, avaluados en $500 mil, desde en un predio particular del sector Chudal, comuna de Ránquil, camino a Portezuelo.

Tras lo sucedido, el agricultor afectado, Lizardo Durán, presentó una denuncia en el retén de Carabineros de Ñipas, donde rápidamente se hicieron diligencias para encontrar a los responsables y recuperar los animales.

La acción policial fue encabezada por el jefe del Retén de Carabineros de Ñipas, sargento 1° Ricardo Ocampo, quien mediante un patrullaje y los antecedentes proporcionados por la víctima, lograron capturar a los sujetos, quienes no pusieron resistencia a la detención y confesaron su participación en el hecho.

"Conforme a la información que se tenía y el seguimiento de las huellas de los caballares, se llegó a un sitio donde estaban los animales y se hizo la diligencia respectiva para determinar con testigos la participación de tres personas", informó el mayor de Carabineros Quirihue, Marcelo Lagos.

A través de una pantalla y desde el estrado de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal De Chillán, la jueza Sandra Rozas notificó de su condena a Elvis Pardo Valenzuela. El hombre, acusado por el delito de robo con intimidación, recibió su lectura de sentencia junto a su abogado defensor desde una oficina habilitada en la cárcel de Chillán, marcando un hito para la zona.

Lo anterior, porque así comenzó a operar en esta jurisdicción el nuevo sistema que tiene como objetivo principal otorgar un mejor servicio judicial a través de la teleconferencia, generando ahorros de recursos humanos y materiales, disminuyendo además los atrasos en las horas de inicio de las audiencias.

La iniciativa se concretó gracias a la coordinación del ministro de la Corte de Apelaciones, Claudio Arias; la jueza presidenta del comité de jueces del Tribunal Oral, María Paz González, y Carlos Rojas, administrador del tribunal.

Este nuevo sistema beneficia directamente a Gendarmería, ya que evita tiempos de traslado y espera. De este modo, todas las lecturas de sentencias condenatorias en contra de acusados que estén privados de libertad, ya sea cumpliendo una medida cautelar o por condenas anteriores, serán informadas de esta forma.

"Se trata de un sistema seguro y eficiente que prescinde del traslado de los acusados desde los distintos puntos de la región o del país, así como de defensores a las unidades penales, minimizando riesgos de fuga o accidentes y costo de recurso humano y material", señaló Carlos Rojas.

El administrador agregó que "así se ofrece a Gendarmería, Defensoría, al personal y jueces del tribunal un uso óptimo del horario de las salas al existir la certeza de la presencia virtual del acusado el día y hora programada".