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Amplían detención de chofer ebrio que causó atropello fatal

CHILLÁN. Fiscalía espera informe de la Siat antes de formalizar por Ley Emilia.
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Por un plazo de 48 horas fue ampliada la detención de Rodrigo Flores, quien es sindicado como el conductor del auto que impactó a Milton Dosque Zenteno, conocido vecino chillanejo de 48 años que murió en el hospital Herminda Martín, la tarde del día domingo.

El hecho causó conmoción en el centro de Chillán, ya que el accidente de tránsito ocurrió cerca de las 19 horas en calle Isabel Riquelme, frente a la iglesia La Merced.

En el lugar transitaba la víctima junto a su pareja. Ambos son sordomudos, y de acuerdo al relato de testigos, el conductor habría pasado con luz roja e impactado principalmente a Milton Dosque, quien trabajaba en la discoteque Costa Cuervo.

"Él (Milton Dosque) venía con su señora del supermercado, con alimento para perros y sus cosas; el conductor, según testigos venía como a 80 kilómetros por hora, se había pasado un rojo y venía en estado de ebriedad" dijo Josué Sáez, administrador de la discoteque Costa Cuervo.

"Milton cuando vio el auto encima cuidó a su señora y la empujó para atrás y él recibió todo el impacto", agregó Sáez.

Tras el atropello, llegó personal del Samu al lugar, quienes lo derivaron hasta el hospital Herminda Martín. Debido a la gravedad de las lesiones, Milton Dosque, apodado "El Blanquito", no resistió y perdió la vida en el recinto asistencial. Su cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal de Chillán. A contar de hoy sera velado en la iglesia Sagrada Familia de la población Purén.

Respecto al detenido, éste podría ser imputado bajo la Ley Emilia, aunque por los cuestionamientos ante el tribunal Constitución, se evaluará la cautelar a solicitar.

Condenan a dos peruanos que abastecían de droga a Chillán

INÉDITO. Primera investigación transnacional de la fiscalía local permitió detener a extranjeros que internaban cocaína de alta pureza. Se desestimó cuestionamiento a la falta de constancia judicial.
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Danny Fuentes Espinoza

Fueron 12 personas investigadas, nueve de ellas detenidas, 21 teléfonos interceptados, más de 6 kilos de pasta base incautada y más de 2 kilos de cocaína también sacada de circulación. Esto es parte de los números que dejó la investigación del "Caso Albano", que ayer celebró el Ministerio Público, ya que el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal condenó a los dos proveedores, una pareja de nacionalidad peruana, culminando así, exitosamente, la primera operación transnacional que surge desde la capital provincial de Ñuble, al menos desde que se implementó la reforma procesal penal.

Para el fiscal de drogas en Chillán, Álex Montesinos, este veredicto condenatorio le da un respiro, atendido que -recientemente- tres de sus causas terminaron en absolución, ya que el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal, la Corte de Apelaciones local y también la Corte Suprema cuestionaron que desde que se realizaron las respectivas detenciones, los jueces de Garantía no dejaron constancia de las órdenes de entrada y registro a los domicilios y a las personas investigadas.

Caso albano

La investigación de fiscalía nació en mayo de 2016, aunque según el informe migratorio, los dos peruanos acusados registran movimientos migratorios a Chile desde febrero del año pasado.

La indagatoria se inició hacia la pareja compuesta por Francisca Romero y Albano Bravo, junto a su vecino Pedro Hernández (este último había sido vecino de Los Cochinitos en la población Vicente Pérez Rosales) vendía pasta base en la población El Bajo, de Chillán Viejo. Ellos se abastecían de un proveedor de Hualpén y por un segundo sujeto, chillanejo, llamado Marco Escobar.

A su vez, y gracias a las interceptaciones telefónicas, se supo que Escobar negociaba la droga con un sujeto llamado Víctor Hugo Norambuena (apodado Axón), oriundo de Constitución, en la región del Maule. Precisamente, a través de él, los carabineros llegaron a Amador Huaracha y su pareja, Karina Arhuire, quienes ya registraban movimientos migratorios hacia Chile por el paso fronterizo Chacalluta, 22 kilómetros al norte de Arica.

El 7 de agosto del año pasado, a las 00.10 horas, Marco Escobar llegó en su vehículo al peaje de la entrada norte de Chillán, donde fue controlado por los carabineros, quienes le hallaron 4,9 kilos de pasta base. Por ello, fue detenido y quedó en prisión preventiva.

Posteriormente, el 7 de octubre, el Os7, realizó dos allanamientos: El primero, en Hualpén, donde se encontraba el proveedor de los traficantes locales, mientras que en el sector El Bajo, y apoyados por el Grupo de Operaciones Especiales (Gope) proveniente de Concepción, se ingresó al domicilio de Francisca Romero, Albano Bravo y Pedro Hernández. Sólo este último quedó en prisión preventiva.

De esta forma, sólo faltaba detener a las personas que internaban la droga en el país, provenientes de Perú. Así, por primera vez en la zona, se llegaría a lo más alto del eslabón del tráfico.

Día de juicio

A las 9 horas de ayer comenzó el juicio en contra de Amador Huaracha y Karina Arhuire, quienes confesaron su participación en el delito que acusó fiscalía, buscando así que el tribunal les reconociera una atenuante por colaboración sustancial con la investigación.

Posteriormente, fue la cabo primero Carolina Soto quien describió el operativo de Carabineros del Os7, que coordinaron con sus colegas de Arica, recibiendo también la ayuda de detectives del departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes estaban en la avanzada del paso fronterizo.

"El 22 de octubre, a raíz de las llamadas que ingresaron al celular de los acusados, sabíamos que viajarían a Chile, así que se pidió que se avisara desde la PDI el ingreso de ellos, lo que fue notificado el 22 de octubre. Primero, a las 21.59 horas, ingresó al país Amador Huaracha, quien advertiría cualquier riesgo en el ingreso de la droga. Así, se coordinó con Os7 Arica la fiscalización. Lo encontraron en el terminal de buses interprovincial, cuando se aprestaba a trasladarse al terminal internacional", declaró la cabo Jara.

Posteriormente, a las 23.11 horas del mismo día, a través del paso fronterizo Chacalluta, la PDI notificó el ingreso de Karina Arhuire al país. Cuando llegó al terminal de buses interprovincial, y según explicó en juicio el segundo testigo, el suboficial mayor Juan Astete, se procedió a fiscalizar a la mujer.

"Traía adosados a su cuerpo, con cinta adhesivas, un total de cuatro paquetes. Uno de ellos en el abdomen, otro en una de sus piernas y dos en los senos", dijo el suboficial mayor Astete, quien explicó que así se daba término al "Caso Albano".

La prueba de campo que realizó el Os7 determinó que se trataba de 2 kilos 665 gramos de clorhidrato de cocaína. Según expuso ayer el fiscal Montesinos, el análisis del Instituto de Salud Pública (ISP), arrojó que la droga tenía entre 90 a 93 por ciento de pureza.

Cuestionamiento

Los abogados de la Defensoría Penal Pública, Rodolfo Aguayo y Sergio Muñoz representaron a los acusados. Karina Arhuire está hoy recluida en la sección femenina de la cárcel de Chillán, en tanto Amador Huiricha está en el recinto penitenciario de San Carlos.

En sus alegatos, los abogados plantearon que si no existía la constancia de la orden judicial del juez de Garantía, Luis Aedo, quien autorizó verbalmente el registro de las vestimentas de los acusados, toda la prueba ser podría decretada ilegal, y bajo ese criterio, como ya ha pasado en tres casos del último mes y medio, deberían ser absueltos los peruanos.

Sin embargo, el fiscal Montesinos, entregó copia del correo que, el 22 de octubre del año pasado, solicitaba el registro de los imputados. Asimismo, adjuntó una constancia que fue redactada recién el 21 de julio (tres días antes del juicio). Si bien esto fue cuestionado por la defensa, ya que cambia el criterio de los últimos juicios, incluyendo el de Marco Escobar (absuelto el día viernes), los jueces optaron por condenar a los dos acusados.

Valoración

Tras el veredicto, el fiscal Montesinos destacó la investigación, inédita en Ñuble, y también que después de los tropiezos judiciales, que implicaron la absolución de ocho traficantes, haya una condena.

"El mensaje del tribunal es que la sola aseveración de la defensa en torno a la inexistencia de una resolución judicial dictada por un juez de garantía no es suficiente para establecerlo como una duda razonable sobre la legalidad del procedimiento", dijo el persecutor, agregando que "hubo sentencias absolutorias basadas en este tecnicismo, aunque están pendientes recursos a ejercer. Efectivamente, se estaba dando una pésima señal a la comunidad, que es la más afectada".

Por su parte, el capitán Juan Guzmán, jefe del Os7, dijo que la detención de la pareja de peruanos se dio en un momento clave de la indagatoria. "Estas personas registraron ocho movimientos migratorios y a veces por diferencia de más de un mes. Pretendíamos llegar a las personas que en Santiago tienen el laboratorio para transformarla cocaína en pasta base, pero existía el riesgo de que cambiaran su celular y se les perdiera el rastro, junto con la droga", explicó el oficial de carabineros.

En el Os7 también destacaron el trabajo mancomunado con la fiscalía. "Fue una investigación inusual para Ñuble, porque no habíamos llegado hasta el eslabón más alto. Se hizo un esfuerzo mayor, pero que consideró también a los traficantes locales y también los burreros", señaló el capitán Guzmán. La droga transformada, dijo el oficial, "podría haberse convertido fácilmente en 10 kilos de pasta base. En caso de haber llegado como clorhidrato de cocaína, su pureza no habría superado el 8%".

"La sola aseveración de la defensa en torno a la inexistencia de una resolución judicial dictada por un juez no es suficiente para establecerlo como una duda razonable sobre la legalidad del procedimiento".

Álex Montesinos

Fiscal de drogas"

Peruanos podrían ser expulsados del país

La lectura de sentencia quedó fijada para el 28 de julio. Eso sí, mañana miércoles, habrá una audiencia de determinación de pena, en la que las defensas de Amador Huaracha y su pareja, Karina Arhuire, pedirán la expulsión hacia Perú, en caso de que la condena no supere los 5 años de cárcel. El fiscal Álex Montesinos solicitó una pena de 10 años para cada acusado. "Ellos tienen irreprochable conducta anterior y aunque nosotros no lo compartimos, el tribunal reconoció la colaboración sustancial con la investigación", dijo Montesinos. De esta forma, mañana llegará al tribunal un representante del ministerio del Interior para evaluar factibilidad de expulsión.

93% de pureza Llegó a tener los más de 2 kilos de clorhidrato de cocaína con que fueron sorprendidos los dos ciudadanos peruanos. En caso de haber llegado a Chillán, no habría superado el 8%.

8 personas fueron absueltas tras criterio del tribunal Oral, la Corte de Apelaciones y también la Corte Suprema por la falta de escrito en que jueces de Garantía autorizaban allanamientos o revisión de imputados.

Quillonino muere al intentar frustrar robo

HUALPÉN. Encapuchados le dispararon cuando atacaron tienda D-House.
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Como Fredy Muñoz fue identificado el hombre que el domingo murió afuera de la tienda D-House, en Hualpén, después de intentar frustrar el robo al local comercial.

El hecho ocurrió en el sector El Trébol, cuando tres delincuentes encapuchados y con armas de fuego llegaron con el objetivo de robar la tienda D-House. "Los individuos llegaron con rostro cubierto al momento en el que empleados del local D-House se iban retirando por una puerta posterior. Cuando uno de los trabajadores impide que ingresen, recibe un disparo en la región torácica", indicó a Diario La Estrella el mayor Rodrigo Rosales, de la Cuarta Comisaría de Hualpén.

Los delincuentes al ver caer al trabajador, oriundo de Quillón, huyeron del lugar sin poder concretar el ilícito y lanzando miguelitos, lo que provocó que una ambulancia que iba a atender al herido pinchara una de sus ruedas.

Muñoz fue llevado en otra ambulancia que llegó al lugar, siendo trasladado hasta el Hospital Regional de Concepción donde murió minutos más tarde. La PDI busca a los delincuentes, y desde el municipio de Hualpén, en tanto, anunciaron una querella criminal contra quienes resulten responsables.