"La Participación Ciudadana del Proceso Constituyente en Chile" es el nombre del informe que ayer entregó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al Ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, en el que evaluó la etapa participativa y la metodología implementada en la discusión constitucional impulsada por el Gobierno.

El titular de la Segpres manifestó que "lo que nos ha dicho la OCDE es que este proceso ha cumplido con los mejores estándares que ellos plantean desde el punto de vista de la participación ciudadana, lo que nos llena de entusiasmo. Y este es el primer paso para el futuro Gobierno, porque los ejercicios de consulta ciudadana tendrán que continuar".

"Como Gobierno teníamos una evaluación positiva del Proceso Constituyente y de la legitimidad ciudadana que había alcanzado, pero nos pareció fundamental contar con una mirada imparcial que evaluara lo que habíamos hecho de acuerdo a estándares internacionales", añadió la autoridad, respecto a la colaboración prestada por el organismo", agregó.

En la ceremonia estuvo presente Rolf Alter, el Director de Gobernanza Pública de la OCDE, quien valoró que "la Presidenta se involucrara en el proceso de consulta, movilizando los recursos, la gente, el concepto, el método y el enfoque (…) Ella quiere involucrarse con los ciudadanos y comunicarse con ellos, con un diálogo serio, acerca de uno de los temas más complejos en las políticas públicas, como es la Constitución".

Entre otros aspectos claves que el informe destacó está la retroalimentación. "El proceso de consulta chileno es un ejemplo al proporcionar retroalimentación activa", reza el texto. Esto, porque Chile pertenece al 50% de los países OCDE que han impulsado estrategias o leyes que fomentan la participación ciudadana y acceso a la información.

Al mismo tiempo, plantea que el Proceso Constituyente es concordante con los siete principios que promueve el organismo: liderazgo y compromiso; planificación estratégica; transparencia; rendición de cuentas; supervisión activa; inclusión; y participación directa.

"El Gobierno de Chile debe utilizar el ejemplo de esta consulta para profundizar y fortalecer su política de participación tanto a nivel nacional como local", cierra el informe.

Matías Jullian Velásquez

Ayer, a seis años de la última cita del Comité Bilateral de Fronteras entre Chile y Bolivia, las autoridades de ambos países volvieron a reunirse en la ciudad boliviana de Santa Cruz para resolver incidentes fronterizos.

Desde las 9:00, las autoridades de uno y otro Gobierno se dedicaron a debatir las propuestas. Bolivia, por ejemplo, plantea a Chile elaborar un protocolo de actuaciones y de trabajo de comisiones para la cooperación y facilitación fronteriza, según lo que anticipó su delegación. Desde La Paz apuntan a que los incidentes fronterizos se resuelvan de forma ágil, respetando los derechos humanos de las personas involucradas, y que también se coordine la lucha contra delitos transfronterizos.

La propuesta chilena, en tanto, apunta a poner en marcha un acuerdo de cooperación entre la Policía Nacional de Bolivia y Carabineros que data de 2008, afirmó Ximena Fuentes, la directora de Fronteras y Límites de Chile, el lunes. La funcionaria sostuvo que los incidentes de frontera no deben ocurrir porque debería haber una cooperación entre los dos países para evitar el cruce involuntario de fronteras.

Polémica previa

El ambiente previo estaba precedido por declaraciones de los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, y de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, lo que supuso una tensión adicional entre los países.

Muñoz dijo que había al menos 10 casos de robo de vehículos en el país en los que supuestamente estarían vinculados militares bolivianos, una acusación que Ferreira rechazó de plano y consideró "temeraria" y "grosera".

Además, temprano por la mañana, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, reactivó la polémica al insistir, a través de Twitter, en la búsqueda de una solución a la demanda marítima, la que calificó como "irrenunciable e inclaudicable". "Las puertas del Palacio Quemado son puertas al diálogo y están abiertas a Chile porque queremos llegar a una solución para #MarParaBolivia", escribió.

Ante esto, el Canciller nacional aseguró, tajantemente, que "ya conocemos los tweets y las declaraciones del Presidente Evo Morales. En mi caso, cuando las realiza entran a mi bandeja de correos no deseados y, por lo tanto, los dejo de lado, no los respondo y lo que importa en este momento es el Comité de Fronteras".

La bancada del Partido Socialista (PS) anunció que, entre las propuestas que entregarán esta semana al Gobierno con respecto a las pensiones de invalidez que reciben, sin justificación, ex miembros de las Fuerzas Armadas, contempla la degradación de los ex militares presos en Punta Peuco por violaciones a los Derechos Humanos, muchos de los cuales reciben este beneficio por estrés postraumático.

Según el diputado Leonardo Soto, quien dirigió la comisión investigadora por las altas pensiones en el sistema público "esta sanción se aplica a funcionarios de las Fuerzas Armadas que han incumplido con sus deberes y han afectado el honor y el prestigio de la institución. Y yo creo que los asesinos que están allí cumpliendo condenas por delitos brutales y salvajes, sin duda se merecen esas condenas y la degradación".

"Le hace muy mal a la institución mantener a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, en una situación de reconocimiento de su pertenencia a este instituto armado. Ellos deben ser degradados y revisada la pensión que reciben, porque no me parece que reciban jubilaciones de invalidez que son hasta el doble de funcionarios que se fueron a retiro con el mismo grado jerárquico", agregó el parlamentario.

Otra de las propuestas del PS es la eliminación de las comisiones de salud en las Fuerzas Armadas y que los militares pasen por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), al igual que todo el resto de los chilenos.

Emplazamiento a piñera

Por su parte, el diputado y jefe de la bancada socialista, Daniel Melo, quien acompañó a Soto, llamó al ex Presidente y hoy candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, a que se pronuncie por esta situación irregular, que incluso obligó a que el Gobierno envíe los antecedentes al CDE y a la Contraloría.

"Queremos emplazar al candidato presidencial Sebastián Piñera a que dé una respuesta sobre si sus parlamentarios van a estar disponibles para legislar en esta materia o van a seguir defendiendo los privilegios y los abusos que han venido cometiendo integrantes de las Fuerzas Armadas vinculados a crímenes de lesa humanidad", sostuvo.

El parlamentario añadió que a su juicio, esta "es una oportunidad de limpiar el sistema y en definitiva poder avanzar en un sistema más transparente, justo y que no se preste para los abusos que hoy toda la ciudadanía conoce".