Durante la mañana de ayer se realizaron los alegatos por el recurso de nulidad que presentó ante la Corte de Apelaciones de Chillán el abogado Gumercindo Quezada, defensor del ex carabinero Sebastián Fuentealba, quien en junio fue condenado por el crimen de su compañero de armas, el cabo segundo Daniel Aravena.

La intención del abogado defensor es que la Corte anule el juicio llevado a cabo el mes pasado y de esa forma haya un nuevo litigio, para que se incorporen otros elementos que, según él, no fueron considerados por los sentenciadores en primera instancia.

Uno de los puntos que cuestionó Gumercindo Quezada es que los jueces hayan condenado a Sebastián Fuentealba por el delito de homicidio calificado, considerando que hubo alevosía.

Lo anterior, porque los jueces entendieron que el ex carabineros atacó a mansalva a Daniel Aravena, justo después que este último decidiera no conversar con él sobre la supuesta relación que, a sus espaldas, había tenido con su pareja.

"De la lectura de las acusaciones, tanto de fiscalía como del querellante, se desprende que ninguna contiene el relato fáctico de la agravante que se invocó para calificar el delito", planteó Quezada.

Según el abogado defensor, en la sentencia de primera instancia no habría una fundamentación de por qué rechazaron su planteamiento, en torno a que Sebastián Fuentealba habría actuado privado de razón.

Los jueces Claudia Montero, Óscar Ruiz y Sandra Rozas condenaron a 20 años de cárcel al ex carabinero, por el crimen ocurrido en Rucapequén el 5 de enero de 2016.

Ayer la causa quedó en acuerdo y lista para que los ministros de la Corte decidan si dejan como ejecutoriada la primera sentencia.

Danny Fuentes Espinoza

Para las 9 horas de hoy está agendado el inicio del juicio oral en contra de Jorge Morales, de 24 años, quien está acusado de haber acuchillado y luego amordazado a su víctima, con el objetivo de robarle su celular, en septiembre del año pasado.

La audiencia se llevará a cabo en el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán y la jueza María Paz González presidirá la primera sala, siendo acompañada por Carolina Vásquez y Jorge Muñoz, para así conocer los hechos ocurridos específicamente el domingo 4 de septiembre de 2016, a las 20.15 horas.

En esa fecha, tanto Jorge Morales como la víctima, identificada como Salvador Sepúlveda, de 53 años, estaban habitando la dependencia habilitada por la empresa Pacal para cuidar la obra que estaban edificando en ese entonces en el camino al Parque Lantaño.

"El acusado, Jorge Morales, con el objeto de sustraerle especies a Salvador Morales, procedió a agredirlo con un arma blanca a la altura del corazón; luego con una cinta adhesiva le amarró las manos y pies, colocándole además cinta adhesiva en su boca, para evitar que solicitara auxilio", señaló en su acusación la fiscal Tamara Cuello, quien trabajó junto a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) para obtener las pesquisas que hicieron llegar a la conclusión de que el hombre merece una pena de 20 años de cárcel, por el delito de robo con homicidio, en grado de frustrado.

La motivación de Jorge Morales habría sido robar el celular de la víctima. Después de la agresión, y según dijo la fiscal Cuello, el agresor huyó del lugar "en poder de lo sustraído, dejando a la víctima abandonada, la que logró escapar y solicitar auxilio en una casa vecina".

De esta manera, los vecinos que llegaron al lugar llamaron a la ambulancia y Salvador Saavedra fue trasladado posteriormente al Hospital con riesgo vital. No obstante, tras varias semanas hospitalizado, pudo recuperarse.

Según dieron cuenta desde la PDI, el imputado, oriundo de San Pedro de La Paz, habría actuado bajo los efectos de las drogas. Tras empadronar el sitio del suceso, los detectives encontraron el cuchillo cocinero que usó el agresor, y tras varias diligencias lograron detenerlo.

El imputado se encuentra hoy recluido en la cárcel de Chillán. Al momento de su captura tenía dos causas pendientes por robo en lugar no habitado y hurto.

El subcomisario Víctor Alejandro Arriagada Sanhueza, de 31 años y oriundo de Quirihue, fue la víctima fatal que dejó un accidente de tránsito ocurrido cerca de las 21.30 horas del día lunes en el sector Huayquique, en Iquique, región de Tarapacá.

"El funcionario, fuera de su horario laboral, salió en grupo a andar en moto y al cambiarse de pista, al parecer perdió el control y se golpeó contra la barrera de contención", sostuvo el jefe regional de la Policía de Investigaciones en Tarapacá.

De acuerdo a los primeros antecedentes de la Siat de Carabineros, quienes realizaron las pericias en el sitio del suceso, se estableció como primera hipótesis que Víctor Arriagada conducía su motocicleta por avenida Arturo Prat, donde por causas aún no clarificadas impactó la parte trasera de otra motocicleta, que conducía Víctor Aguilera Villarroel.

De esta forma, el subcomisario de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) perdió el control de su móvil y se estrelló contra la barrera de contención, muriendo en el lugar.

Durante la madrugada de ayer, la familia del detective, que vive en el sector de Llollehue, en Quirihue, se trasladó hasta el norte del país, donde el subcomisario fue velado.

El oficial ingresó como ingeniero comercial a la Policía de Investigaciones en 2013, siendo la Bridec de Iquique su primera y única destinación.

El jefe de dicha brigada, comisario Ramón Ortega, lamentó lo ocurrido, y resaltó a su subalterno fallecido. "Era una persona extraordinaria, con voluntad a toda prueba, reflejo de ello es la nominación que este año le hicieran sus compañeros de trabajo como el más destacado de la unidad, con investigaciones de alta complejidad, un muy buen detective y mejor persona", expresó Ortega.

La Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el recurso de protección presentado por la Municipalidad de Trehuaco, en contra del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del Biobío, por la supuesta entrega de territorio y población a la comuna vecina de Quirihue en el censo abreviado realizado en abril de este año.

Así, se descartó un actuar arbitrario del INE, tras establecer que corresponde a la Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país.

En su fallo, los jueces razonaron que de acuerdo a la Ley, "la creación, supresión y denominación de regiones, provincia y comunas; la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional".

Además, rechazaron la acción judicial interpuesta por el municipio argumentando que "no corresponde a través de esta vía resolver dicha petición, y por lo demás no existe evidencia de que éstos hayan sido unilateralmente alterados por la recurrida".