Durante la mañana de ayer partió el juicio contra Jorge Morales, de 24 años, quien enfrenta cargos por robo con homicidio en grado frustrado, luego de que la fiscalía lo acusara de haber apuñalado y luego amarrado con cinta adhesiva a la víctima, a quien le sustrajo su celular, dentro de una obra de construcción, el 4 de septiembre del año pasado.

"La víctima, quien era empleado de la obra Pacal, estaba en las faenas que se disponen para habitación de los trabajadores, en el camino al Parque Lantaño. El acusado también trabajaba ahí, quien provisto de arma blanca, le sustrae algunas especies a la empresa y es con ocasión de esta sustracción que procede a agredirlo y maniatarlo con cinta adhesiva, para luego revisarlo y quitarle su celular", señaló la fiscal Tamara Cuello, quien agregó que la víctima, tras ser abandonado, logró zafarse y pedir ayuda. Fue internado con claro riesgo vital.

Renunciando a su derecho a guardar silencio, el acusado pasó a estrado y declaró su versión de los hechos. Según planteó Jorge Morales, estuvo consumiendo pasta base y alcohol durante el fin de semana junto a otros colegas en el terreno de la obra, mientras estaban suspendidas las faenas hasta el día lunes.

Fue el domingo 4 de septiembre en la tarde que inició una discusión con la víctima, identificada como Salvador Sepúlveda, quien le habría impedido robar herramientas de la empresa para comprar más pasta base. "Él se empezó a alterar porque no quería que el jefe se enterara de que consumíamos. Pesqué un cuchillo para amedrentarlo y de repente se me abalanza y ahí le pegué al caballero. Ahí cambió todo", relató el hombre, quien cuenta con antecedentes penales. Hoy continúa el juicio y la fiscalía pide 20 años de cárcel.

Danny Fuentes Espinoza

Libre, con la medida cautelar de arraigo nacional y la suspensión provisoria de su licencia de conducir quedó Rodrigo Flores, quien se vio involucrado en el atropello de Milton Dosque, hombre sordomudo que perdió la vida a raíz del fuerte impacto que sufrió cuando cruzaba la calle, en pleno centro de Chillán.

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 18.50 horas del día domingo en la intersección de las calles Isabel Riquelme con Maipón, mientras Milton Dosque, conocido trabajador de la discoteque de Costa Cuervo, también conocido como "Blanquito", transitaba junto a su pareja, también sordomuda.

Formalización

Según expuso ayer la fiscalía, tras el atropello, un testigo del accidente retuvo al conductor de 38 años hasta que llegaron los carabineros, quienes practicaron alcotest, el que arrojó 2,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

De esta forma, compareció ante el tribunal de Garantía el lunes, cuando la fiscalía solicitó ampliar su detención hasta ayer, para contar con el preinforme de la Siat de Carabineros.

Durante la jornada de ayer, el fiscal Mauricio Mieres imputó el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, y por ello solicitó la prisión preventiva de Rodrigo Flores.

La cautelar más gravosa la justificó en el contexto de la Ley Emilia, que establece como sanción un año de cárcel. Además, presentó el testimonio de tres testigos que aseguraron que Milton Dosque, junto a su pareja, cruzaron la calle Isabel Riquelme mientras su semáforo peatonal estaba en verde.

Sin embargo, cuando citó el esperado preinforme de la Siat Biobío, dio cuenta que la primera conclusión del capitán Erwin Orellana, jefe de la unidad especializada de Carabineros, es que "la responsabilidad del accidente estaría radicada en los peatones, quienes cruzaron con luz roja". Asimismo, un cuarto testigo planteó que el conductor del auto cruzó en luz verde.

Por su parte, el abogado defensor, Giovanni Gotelli, cuestionó que la fiscalía le atribuya la responsabilidad de la muerte del "Blanquito" a Rodrigo Flores, existiendo testimonios contradictorios. "Para este caso podría haber condena por conducción en estado de ebriedad y lo más probable es que no cumpla pena privada de libertad", dijo el abogado, añadiendo que el Tribunal Constitucional hoy deja sin efecto el artículo clave de la Ley Emilia.

El abogado del Ministerio del Interior, Iván Moscoso, se hizo parte ayer de la audiencia de determinación de pena en contra de la pareja de peruanos condenados el lunes por traficar cocaína de alta pureza.

El motivo de su asistencia fue declarar que existe factibilidad para que ambos sean expulsados una vez que el tribunal dicte sentencia. Los abogados defensores piden una pena de 3 años y un día, en tanto la fiscalía bajó su pretensión punitiva y pidió 5 años de pena. Por ello, y dentro del marco legal, serían expulsados del país. Hoy se lee la sentencia.

Ante la presencia de más de 300 personas se realizó durante la tarde de ayer el funeral de Freddy Muñoz Quevedo, de 27 años, quien fue asesinado el domingo cuando intentó detener a tres delincuentes que llegaron armados al local D-House, ubicado en el sector El Trébol en Hualpén. Previo a la ceremonia fúnebre, se realizó una misa en parroquia Inmaculada Concepción de Quillón. La víctima cursaba su último año de Ingeniería Civil al momento de la tragedia.

La fiscalía trabaja con Carabineros y la PDI para dar con los delincuentes.

Durante la mañana de ayer, con la implementación de planes de fiscalización a los vehículos de transporte de escolares de la Región del Biobío, Carabineros y fiscalizadores de la Seremi de Transportes se trasladaron hasta San Nicolás, donde detectaron irregularidades en las empresas prestadoras de servicio de transporte escolar para el municipio, por lo que fueron retirados de circulación.

Tras el trabajo de la Sección de Intervención Policial de la Prefectura Ñuble, la Sección Encargo y Búsqueda de Vehículos (Sebv) de Concepción y un equipo de fiscalizadores de la Seremi de Transportes, se ubicaron cuatro buses que mantenían un uso malicioso de placas patentes, delito contemplado en la Ley de Tránsito y que implicaba beneficios económicos para sus propietarios.

"Los buses eran de fabricación anterior a la que figuraba en las placas patentes que portaban, hecho con el cual sus propietarios lograban calificar para la obtención de subsidios", indicó el teniente Sergio Rozas, oficial Investigador de la Sebv Biobío.

Tras la detención y luego de las revisiones, el fiscal de turno de la Fiscalía Local de Chillán determinó la incautación de los cuatro buses y la libertad tras el apercibimiento de los conductores, quienes luego de prestar declaración se mantienen en espera de citación por parte de la Fiscalía.

"Los planes de fiscalización en conjunto permiten mejorar los resultados para ambas instituciones, cursándose además infracciones a otros conductores que fueron controlados", indicó el fiscalizador Víctor Jara, de la Seremi de Transporte del Biobío.

De esta forma, los afectados directos por esta incautación serán los alumnos del Liceo Polivalente de San Nicolás, al quedarse sin transporte, lo que será resuelto por el alcalde Víctor Toro.