El proyecto que crea la XVI Región de Ñuble deberá permanecer unos días más en el Tribunal Constitucional. Aquello porque su tramitación no fue acabada ayer como se esperaba por parte del pleno de la institución, por lo que su revisión se extenderá hasta el martes venidero.

Recordemos que la iniciativa ingresó la semana pasada a la instancia, iniciando su estudio por parte de los ministros desde el martes pasado. En aquella jornada no finalizó su análisis, postergándose entonces para la jornada de ayer.

Sin embargo, y aunque se esperaba para este último día su revisión acabada, aquello no sucedió. Por ende, el pleno aplazó su trabajo para la jornada del martes venidero.

Dado que los diez ministros que integran la instancia desarrollan su labor a puertas cerradas, es imposible saber el tenor de la discusión y cuáles son los puntos tratados.

El final de la tramitación y lo que termine resolviendo el Tribunal Constitucional sólo se sabrá una vez que emane la sentencia, la cual será publicada para su conocimiento.

Posteriormente, lo resuelto será informado al Congreso Nacional y al Ejecutivo, dejándolo listo para su respectiva promulgación o modificación.

Requerimientos

Según explicaron anteriormente los senadores Felipe Harboe (PPD) y Víctor Pérez (UDI), ambos abogados de profesión, el aplazamiento del estudio de proyectos por parte del Tribunal Constitucional no es en lo absoluto una situación particularmente anómala. A juicio de ambos parlamentarios, es bastante común que esto suceda, por lo que no revestiría una preocupación mayor para el caso específico de Ñuble Región.

Asimismo, se desconoce qué requerimientos han sido ya analizados por el tribunal, considerando que son cuatro, además del escrito de defensa que el senador Harboe ingresó para destruir los argumentos contrarios presentados por quienes se oponen a la creación de la nueva unidad administrativa.

Vale mencionar que los argumentos expuestos en contra de Ñuble Región apuntan principalmente a la diferencia de proporcionalidad en la representación senatorial con Biobío, entre otros.

Patricio Vera Muñoz

Frente a las acciones judiciales anunciadas en contra de los alcaldes de Bulnes y Cobquecura, donde se solicitaron sus respectivas detenciones por juicios que no han sido cancelados, ambos municipios preparan ya sus respectivas acciones para frenar aquello.

En Cobquecura, el alcalde Julio Fuentes fue informado de la acción desarrollada por el abogado querellante Rodrigo Vargas ante el juzgado de Quirihue, dado que la cancelación de casi $11 millones a la desvinculada funcionaria Fernanda Torres no ha sido realizada.

"Ya fueron presentados los antecedentes ante el juzgado respectivo por parte de nuestro abogado, así que estamos tranquilos esperando la resolución, a pesar de que no se trata de un problema surgido en nuestra administración", indicó. El jefe comunal señaló que estos casos representan vacíos legales que causan molestia en el común de la gente y podrían incluso llegar a verse como normales.

"Debiera haber una responsabilidad en estos temas. Si no hemos pagado no es por un tema de voluntad, sino de falta de recursos. Nosotros estamos muy complicados económicamente, respetamos cien por ciento las decisiones legales y de todas maneras vamos a pagar apenas tengamos los recursos", sostuvo.

Respecto a una posible detención, señaló que no habría más remedio que acatar lo que indique la justicia.

Parte demandante

El abogado Rodrigo Vargas sostuvo que la situación atañe a una funcionaria que fue discriminada por sufrir un cáncer mamario. Si bien el proceso viene de 2015, la sentencia emanó en esta administración.

"El concejo municipal de Cobquecura aprobó en marzo el pago de estos $11 millones aproximados que hay que pagar y hasta la fecha no se ha realizado. La municipalidad sólo ha dado excusas para no cancelar", comentó.

El jurisconsulto recordó que hace un tiempo había logrado embargar una cuenta corriente del municipio. "No quise pelear esa acción y el martes se alzó el embargo. Sin embargo, pedí de inmediato la orden de arresto del alcalde Julio Fuentes porque se portaron muy mal con mi cliente".

Vargas dijo que su representada se encuentra bastante afectada con la situación, particularmente porque no ha podido pagar la operación que debió realizarse producto de la enfermedad que sufre.

"Se propuso una forma de pago que ellos aceptaron y ahora no quiere pagar. Existen tres sentencias del Tribunal Constitucional que avalan el arresto de un alcalde por no pagar obligaciones laborales sentenciadas", explicó.

El profesional agregó que el municipio de Cobquecura posee doce cuentas corrientes en el Banco Santander y de una de ellas se habían embargado los $11 millones antes citados.

"Sólo dos cuentas poseen menos de $5 millones, pero puedo asegurar que las otras cuentas corrientes manejan más de $10 millones cada una", finalizó.

El caso de bulnes

La municipalidad de Bulnes vive una situación similar al de la costera comuna. En este caso, el alcalde Jorge Hidalgo está con orden de arresto por el no pago del llamado Bono SAE a 148 profesores. La deuda asciende a poco más de $833 millones.

Mediante un comunicado público, el ayuntamiento bulnesino lamentó la situación que envuelve al edil, por lo que anunciaron que el equipo jurídico de la corporación presentará un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Chillán, buscando así frenar la acción judicial.

El documento indicó que este monto en particular es parte de los $2.500 millones de deuda que presenta actualmente el DAEM bulnesino, lo que la actual administración debió recibir.

"Si no hemos pagado no es por un tema de voluntad, sino de falta de recursos. Nosotros estamos muy complicados económicamente"

Julio Fuentes, Alcalde de Cobquecura"