El Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Obras Públicas, René Carvajal, lideró ayer la visita inspectiva al nuevo edificio de la Sexta Comisaría de Chillán Viejo, instancia en la que destacó que el avance del proyecto alcanza un 30%.

Junto al seremi participó el gobernador de Ñuble, Álvaro Miguieles, los diputados Jorge Sabag y Carlos Abel Jarpa, además del alcalde Felipe Aylwin.

René Carvajal valoró el trabajo de la empresa constructora Alcorp, que se adjudicó el proyecto que implicó una inversión de $2.462 millones.

"Hay un avance histórico en nuevas comisarías, y eso significa un gran aporte en favor de la seguridad que no tiene precedentes. Por ello, estamos muy orgullosos del programa que ha impulsado la Presidenta Michelle Bachelet en materia de infraestructura para el combate de la delincuencia", dijo el seremi, quien añadió que "de acuerdo a los antecedentes, actualmente se está en la construcción de la obra gruesa, y esperamos en los próximos 30 días cerrar ese hito. Nuestra expectativa es que esté entregada para el uso de Carabineros el primer trimestre de 2018, ojalá enero, aunque hemos conversado con la empresa y le hemos pedido, con los vecinos y las autoridades, que hagan un sobreesfuerzo para que ojalá a fin de año, Navidad específicamente, puesta estar listo el edificio", comentó Carvajal.

El alcalde Felipe Aylwin también destacó el valor de la obra para la ciudad. "Va a ser un centro gravitacional de la seguridad ciudadana, y ahora con un banco, pronto habrá una biblioteca, y tenemos detrás el espacio para el futuro Juzgado Policía Local. Estamos hablando de que este es un centro cívico, además esperamos que esté la notaría y el Conservador de Bienes Raíces. Chillán Viejo comienza a vestirse como ciudad y con servicios propios de ella", dijo.

La Corte de Apelaciones de Chillán acogió ayer el recurso de amparo presentado por el alcalde de Bulnes, Jorge Gidalgo, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Bulnes que ordenó su arresto en su calidad de representante legal de la casa edilicia por el no pago de la bonificación denominada: Subvención Adicional Especial (SAE), adeudada a un grupo de profesores por un monto superior a los 833 millones de pesos.

"Estamos muy contentos porque acogieron nuestro requerimiento, por lo tanto el alcalde puede volver a sus funciones; no obstante puede haber una apelación, tenemos que esperar unos días, pero por ahora estamos muy conformes con la resolución del tribunal", dijo Marcela Rivera, administradora municipal de Bulnes, quien agregó que "tenemos claro que tenemos una deuda que pagar, pero la comunidad tiene que entender es una deuda contraída de períodos anteriores y que nuestro municipio se entregó con un déficit muy grande, por lo tanto en este momento no contamos con los recursos para poder pagar. En cuanto nosotros podamos y el Estado nos ayude a concretar el pago de esta deuda, lo vamos a hacer", enfatizó.

El fallo indica que "es necesario tener presente que la redacción del actual inciso 2° del artículo 32 de la ley referida ha limitado la posibilidad de decretar el arresto en contra de un alcalde, sólo a aquel en cuyo ejercicio se hubiere contraído la deuda que dio origen al juicio, modificación que fue introducida por la ley 19.845 del año 2002, la cual tuvo precisamente por objetivo restringir esta medida de apremio por deudas municipales únicamente al caso que indica dicha norma".

Sentencia que agrega: "Que, en ese entendido, se constata que concurren en la especie los presupuestos fácticos de la limitación contenida en el inciso 2° del artículo 32 de Ley 18.695, al ser palmario que la exigibilidad de la deuda cuyo cumplimiento se persigue, ha tenido origen mientras la administración municipal era ejercida por persona diversa al amparado, lo que, además, es reafirmado con las sentencias de proclamación de alcaldes correspondientes al año 2008 y 2012, que fueron acompañadas al recurso".

Danny Fuentes Espinoza

Tras un amplio despliegue policial, detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado desbarataron una red de tráfico en el sector de Lomas de Oriente de Chillán.

"Culmina una exitosa operación del grupo Microtráfico Cero (MT0), dependiente de la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen organizado de esta ciudad, con la detención de cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, uno de ellos con antecedentes policiales", señaló el jefe de la Brianco Chillán, comisario Cristian Pérez.

La denominada operación "Hexagonal" se llevó a cabo con varios carros policiales, ya que los detectives de esta ciudad recibieron el apoyo del Equipo de Reacción Táctico (Erta) de la PDI, quienes allanaron cinco domicilios la tarde del día viernes, justo en el sector conocido como La Frontera.

"Fue una investigación de dos meses, y gracias a una orden emitida por el tribunal de Garantía de esta ciudad, se hizo entrada y registro de los inmuebles, logrando la incautación de 526 gramos de pasta base, 579 gramos de cocaína, 8,7 gramos de marihuana y elementos dosificación", comentó el comisario Pérez.

Según informaron desde la PDI, en el domicilio de los imputados también se halló efedrina y codeina, fármacos sujetos a control médico, por lo que también fueron decomisados.

"Respecto a la droga incautada, esta habría significado 18 mil dosis, y en el mercado informal habría reportado ganancias por 20 millones de pesos", dijo el comisario Cristian Pérez.

Tras el operativo, se llevó al cuartel a las cuatro personas involucradas, aunque por instrucción de la fiscalía, una de las mujeres quedó en libertad, aunque apercibida para que declare con posterioridad.

Durante la mañana de ayer, en el tribunal de Garantía de Chillán pasaron a control de detención Edgardo C., Víctor A. y Camila Concha. A los dos hombres se les imputó microtráfico, y el tribunal decretó el arraigo nacional. Distinta suerte corrió la mujer de 23 años, ya que en su poder se halló la mayor parte de la droga. Por ello, la fiscalía la formalizó por tráfico de drogas.

Pese a que no cuenta con antecedentes penales, y que el abogado defensor Iván Rodríguez se opuso, se decretó la prisión preventiva.

El fiscal Eduardo Planck pidió decretar secreta la investigación, lo cual fue acogido por el tribunal, aunque se fijó un plazo de dos meses para su desarrollo.