Perfumes, 30 pares de zapatillas exclusivas, un computador, dos micromotores dentales e incluso las máquinas de Transbank fueron sustraídas por sujetos desconocidos que durante la madrugada de ayer ingresaron a robar la tienda Clavería Decoraciones, en pleno centro de Chillán.

El hecho quedó al descubierto durante la mañana, cuando los trabajadores llegaron a abrir la tienda, dándose cuenta que delincuentes habían forzado la entrada.

"Reventaron la puerta metálica y también la chapa de la puerta interior. Deben haber actuado con linternas, porque entraron mientras estaba oscuro y además reventaron los medidores", relató Rolando Hernández Clavería, uno de los dueños de la tienda que ya tiene 45 años de existencia.

El hecho fue denunciado ayer en la mañana ante carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán, quienes dieron aviso a la fiscalía local. A su vez, desde el Ministerio Público solicitaron que la Sección de Investigación Policial (SIP) realizara las pericias en el sitio del suceso para recoger evidencias que permitan dar con el paradero de los autores del robo.

Según comentó Rolando Hernández, este año ya han sido víctimas de cuatro robos. "Y hasta ahora, en ninguno de los casos se ha podido dar con los ladrones. Siempre me ha llegado la carta en que se archiva la causa por la falta de antecedentes", señaló el afectado, quien hace tres años instaló el local comercial en su actual ubicación, calle Vega de Saldías, casi en la intersección con Arauco.

"No tenemos seguro y hasta ahora no teníamos alarma. Es curioso, pero al frente tenemos una empresa de seguridad y tampoco han visto nada. Sólo nos queda equipar máxima seguridad, para evitar que esto nos siga pasando", señaló Hernández".

Danny Fuentes Espinoza

A principio de semana, la notificación de embargo de tres autos y un terreno del senador Alejandro Navarro, por adeudar $19 millones a los cuatro absueltos en el denominado "Caso Acarreo", fue comentado a nivel nacional. No obstante, los otros dos querellantes de aquella causa también enfrentan un escenario judicial similar.

Se trata del ex alcalde de San Fabián de Alico y ex gobernador de Ñuble, Cristian Fernández, además de la dirigente vecinal de San Carlos, Eulalia Salinas, quienes también se hicieron parte del proceso penal en contra de la ex alcaldesa Lorena Jardua, su esposo Ariel Torres, la funcionaria municipal Marcia Ortiz y el concejal Juan Carlos Parada.

La fiscalía no pudo demostrar que estos últimos hayan acarreado votantes de San Carlos a San Fabián de Alico y el juez los condenó a pagar las costas del proceso judicial, por lo que la abogada penquista, Paula Villalobos, inició las acciones civiles para exigir el pago en enero de este año, aunque hasta ahora no ha sido un proceso fructuoso.

Respecto a Cristian Fernández, la abogada Villalobos dijo que "su causa está en el mismo estado que del senador Alejandro Navarro, con la diferencia que no hemos podido encontrar bienes, porque se hicieron transferencias de un bien raíz que era de su propiedad en el tiempo en que fue condenado al pago de las costas", comentó la abogada Paula Villalobos.

Cabe recordar que el ex gobernador de Ñuble (quien duró en el cargo 10 días) se querelló contra Jardua y los otros tres acusados, aunque abandonó el proceso en agosto de 2015, seis meses antes del juicio oral.

Los absueltos de todas formas solicitaron que Fernández pagara las costas y finalmente, el 5 de octubre de 2016, el tribunal Garantía de San Carlos lo condenó a pagar $4,5 millones a cada uno. Sin embargo, y según consta en el expediente judicial civil, 20 días después se deshizo de un bien raíz. "Hasta ahora sólo se le ha podido embargar un vehículo", dijo Paula Villalobos.

A Eulalia Salinas también se le demandó en enero de este año. "En su caso, hizo transferencias cuando vio que iba a ser condenada en costas, y mientras éstas se regulaban, comenzó a transferir los bienes que estaban inscritos a su nombre", explicó Villalobos.

De esta forma, las causas civiles se encuentran paralizadas, y Paula Villalobos se reservó las acciones judiciales que se podrían realizar para reactivar la ofensiva y exigir el pago.

Por el delito de tráfico de drogas fueron imputados por el Ministerio Público Alizandre Vera (26) y José Quezada (43), quienes fueron detenidos el día miércoles, en un amplio operativo coordinado entre la fiscalía local de Quirihue y el OS7 de Carabineros.

Cabe recordar que para detener a Alizandre Vera, los agentes antidrogas simularon, a las 6 de la madrugada, un atropello en la ruta que une Chillán y Quirihue, para así impedir que escapara del control policial. Por su parte, José Quezada, apodado "El Gallo", fue capturado pasadas las 8 horas en el sector céntrico de la ciudad del Valle del Itata.

La audiencia de control de detención se realizó el día miércoles en la mañana, no obstante el fiscal (s) Matías Arellano solicitó ampliar por 48 horas la detención, a fin de contar con todos los antecedentes necesarios para definir el delito a imputar, considerando que durante esa mañana se realizaron los allanamientos a las casas de ambos imputados, y además se tuvo que rastrear un cerro donde José Quezada mantenía enterrada la cannabis sativa.

Considerando el pesaje de la droga y los antecedentes recopilados por los carabineros, entre ellos las conversaciones telefónicas que fueron interceptadas, se solicitó la prisión preventiva para ambos.

Sin embargo, desde la Defensoría Penal Pública alegaron en el sentido de que ambos podrían cumplir una pena en libertad, considerando que no tienen antecedentes penales.

El juez de Garantía acogió el planteamiento de la defensa y rechazó la prisión preventiva de los imputados. No obstante, haciendo uso de sus facultades, el abogado persecutor apeló verbalmente en sala. Por ello, tanto José Quezada como Alizandre Vera quedaron presos hasta que hoy la Corte de Apelaciones de Chillán decida la medida cautelar.