"Me llama la atención su nombramiento, porque hace menos de un año el gobierno le pidió la renuncia"
Juan Manuel Santa Cruz, — Ccoordinador provincial de Evópoli.
"El orden de llegada definirá la matrícula para el 2018"
Fernando Molina, — Director del Instituto Santa María.
Conmoción causó en la comunidad de colectiveros de Chillán, en especial para los trabajadores de la línea 22, el trágico deceso de José Polanco Veloso, uno de sus colegas y quien fue encontrado muerto al interior de su vehículo, con un impacto de bala en la cabeza. Desde la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI se investiga un suicidio.
Finalmente se concretó. El nuevo Terminal de Buses Línea azul comenzó a ser utilizado por los usuarios el 6 de enero de este año, momento en que también cerró temporalmente el Terminal Constitución para someterlo a mejoras. Si bien en un principio se trataba de un traslado temporal, luego de 20 días decidieron quedarse en ese lugar.
Fue una votación que se aplazó por más de un año, pero que ayer el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos y Juegos, decidió de manera unánime adjudicar la licencia de operación para el casino en Chillán
a la firma Marina del Sol, la cual corría junto con el consorcio argentino español, Boldt-Peralada.
El segundo semestre de 2016, en el marco del proceso impulsado por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet para dotar al país de una nueva Constitución, legítima y elaborada íntegramente en democracia, se realizó el Proceso Participativo Constituyente Indígena. En él participaron más de 17.000 representantes de comunidades y organizaciones indígenas, los que expresaron sus demandas y puntos de vista sobre los derechos que debiera contemplar la nueva Carta Fundamental respecto a los nueve pueblos originarios.
Después de sistematizar los resultados, y en cumplimiento de las obligaciones que derivan del Convenio 169 de la OIT, lo que corresponde ahora es desarrollar un Proceso de Consulta Nacional, que se estructurará en dos grandes ejes: el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y sus derechos políticos.
El primer eje contempla el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas que habitan el territorio; el reconocimiento y protección de sus derechos culturales y lingüísticos; el deber del Estado de preservar la diversidad cultural del país; y el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos, entre otros aspectos fundamentales.
El segundo eje contempla el reconocimiento de la participación y la representación política especial de los pueblos indígenas en instancias de representación política, tales como el Congreso Nacional.
Resalta entonces el carácter histórico y la importancia de este Proceso de Consulta Nacional. En él pueden participar todas las comunidades y asociaciones constituidas bajo el marco de la Ley Indígena N° 19.253, correspondientes a los nueve pueblos reconocidos por esta normativa: Aymara, Quechua, Atacameño, Colla, Diaguita, Rapa Nui, Mapuche, Yagán y Kaweskar. También están convocadas las demás organizaciones tradicionales de dichos pueblos.
Toda la información relevante sobre cómo participar está contenida en el siguiente enlace: http://www.constituyenteindigena.cl
Un Chile más justo e inclusivo debe forjarse desde sus cimientos institucionales, y ello implica consagrar los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los pueblos indígenas en la nueva Constitución.
Marcos Barraza Gómez Ministro de Desarrollo Social.
La promulgación de la Región de Ñuble, luego de dos años de tramitación legislativa, ha abierto la puerta a terminar con el distanciamiento que se produjo entre ambos territorios a raíz de posiciones contrapuestas en torno a la división regional. Cumplido este hito, ambas regiones deben apostar por el camino del diálogo y así potenciar mancomunadamente su vocación productiva.
También se ha reconocido de esa manera desde la corporación de desarrollo privado Corbiobio, misma institución que hace algunas semanas presentó el resultado de un sondeo en el que una proporción mayoritaria de la Región del Bío Bío veía con buenos ojos que Ñuble se convirtiera en región.
Un nuevo informe de su centro de estudios planteó los que, a su juicio, serían los polos de trabajo para propender a ejecutar líneas estratégicas de desarrollo, que busquen aumentar la eficiencia territorial y el dinamismo económico. En este sentido, Corbiobio ha visto como relevante el poder iniciar una articulación socio productiva conjunta en torno a proyectos que promuevan el desarrollo de ambas regiones.
Ante ello resulta lógico advertir que Ñuble debe primero elaborar su Estrategia de Desarrollo Regional, que le permita delinear las áreas o sectores que proyecta como prioritarios para su crecimiento futuro. Este documento será entonces la base para definir la esperada articulación; por ejemplo, entre la producción agrícola, su certificación fitosanitaria y su conexión con puertos del Bío Bío para poder ser exportadas.
El informe de Corbiobio opina también sobre la manera cómo se debería llevar a cabo la instalación de la nueva región, como parte de un proceso de transición escalonado, y la importancia de que los nuevos cargos que se creen sean decididos por medio del sistema de Alta Dirección Pública, y propender así a una mayor transparencia.
Si bien se plantean recomendaciones plausibles, en su mayoría, genera al mismo tiempo cierta inquietud que este ente privado le ponga "a priori" un techo de un 25% proporcional a las pretensiones de Ñuble de optar a un mayor presupuesto por concepto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), abogando por conformar un frente común ante la próxima discusión del presupuesto nacional.
Es cierto que Ñuble y Bío Bío no deben desligarse de su actual sociedad si ambas quieren apostar por conformar una macroregión exitosa, no obstante, también en Bío Bío deben ser conscientes que el origen de la pretensión independentista se basa en terminar con el centralismo regional y cierta inequidad que por décadas impidieron un despegue de sus 21 comunas, razón por la cual persiste una comprensible aspiración por elevar los recursos que reparte el poder Ejecutivo a sus 16 regiones, mediante un criterio de equidad que sin duda también la nueva región deberá replicar entre sus tres provincias.