Danny Fuentes Espinoza
"Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de Derecho, no objetos de protección". Esa fue la máxima que ayer se repitió en más ocasiones dentro del seminario organizado por el Poder Judicial, que tuvo como título "Acceso a la Justicia de grupos vulnerables", encabezado por el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas.
El juez del máximo tribunal de la República llegó durante la mañana a Chillán y a lo largo del día se reunió con jueces de toda la jurisdicción, y también compartió con abogados y estudiantes universitarios que llegaron a la Universidad de Concepción, donde se desarrolló el seminario en que expusieron académicos y miembros del Poder Judicial.
En entrevista con Crónica Chillán, Lamberto Cisternas abordó la contingencia judicial, no solo en materia de infancia y la protección de ella, sino también los temas pendientes con la región de Ñuble.
Si bien a nivel local dijeron que sólo existe información extraoficial respecto a la aprobación de los recursos que permitirán construir un Centro de Justicia, cuyo diseño fue aprobado en 2014, el ministro Cisternas fue más allá y dio por hecho que el próximo año se iniciarán las obras de construcción.
-¿Cuál es su visión respecto a los requerimientos de parlamentarios y del alcalde de Chillán, en cuanto a la construcción de un Centro de Justicia?
Según las noticias de carácter interno, eso estaría aprobado en su diseño y comenzaría a construirse el próximo año. Eso tiene un avance y tiene pinta de concretarse en algo que va a estar listo en un par de años.
-¿Usted tiene injerencia en ese proyecto?
No tenemos injerencia como ministros, lo que sucede es que la Corporación Administrativa del Poder Judicial tiene un consejo que integran cinco ministros, y ellos son los que tienen incidencia, pero naturalmente hay un flujo de información que permite que varios edificios se construyan, como el de Chillán.
Otra de las solicitudes de las autoridades, y que incluye a los ministros de esta Corte de Apelaciones, es la creación de una segunda sala ¿en qué pie se encuentra ello?
No soy visitador de la corte de apelaciones, pero va a aparecer prontamente si es que desde la Corte reiteran la solicitud formal. Eso va a permitir que yo pueda dar mi opinión de manera más fundada. No obstante pienso que es una cuestión que debe ser objetiva, porque si hay una cantidad de trabajo que lo justifica, hay que iniciar las peticiones, que tiene que ser desde el presidente de la República.
- Con respecto al seminario ¿existe prioridad en cuanto a la preocupación del Poder Judicial por la situación de acceso a la Justicia de niños y niñas vulnerables?
Es un aspecto muy importante. En los tribunales de familia, su carga de trabajo es justamente la situación de los menores, en torno a quién visita, por cuánto tiempo, en qué condiciones, como también fijar la pensión alimenticia; así también ver los casos de menores que necesitan protección y que se cumple en hogares de Sename. La preocupación es permanente.
- ¿Cuál es el escenario que se prevé tras un fallo reciente que entregó la tutela de un niño a un padre homosexual, o lo que ocurriría si es que se aprueba la adopción homoparental?
Se busca siempre el interés superior del niño, dónde está mejor, y ese es un juicio de mérito respecto a lo que contiene la ley y lo que sucede en la realidad. Son casos de méritos y eso pasa por jueces que tienen su particular manera de ver, porque en una sala de cinco jueces decide la mayoría. Lo que pasa ahora con los convenios internacionales y la sensibilidad social es que está más claro y patente el concepto el interés superior del niño, que ahora es mirado como un sujeto de derecho, y no como antes, que era un incapaz motivo de protección.
- ¿Cómo han visto el proceso de redistribución de jueces instructores?
Esperábamos hacer esto cada vez más eficiente y la asignación de ministros en visita partió con la idea de quitarle a los tribunales para que hubiese ministros que se dedicaran con mayor fuerza, desempeño y tiempo a estas causas. Ha medida que han pasado los meses estas causas se han ido concentrando y se han terminado, ocurriendo también en el norte del país. Habiéndose terminado causas, era importante que jueces que se han dedicado a esto por varios años, con experiencia para saber qué es lo que se hace en cada caso, de esa manera se puede salir más rápido. Si ha habido más diligencias se ha cumplido el objetivo, que es llegar más rápido al término de la investigación, cerrar el sumario, acusar y llegar a la sentencia.
- ¿Cuál es la lectura del retraso que había? Considerando que se hicieron diligencias que venían siendo solicitadas por los querellantes hace años.
La única lectura es que hemos tomado una medida adecuada en el camino de la mayor eficiencia y eso se ha hecho porque un ministro aprovecha su experiencia y le da más dinámica al asunto, porque si hay un solo ministro se debe excusar de no asistir a sala y eso es contraproducente.
-¿Cuál es la apreciación que tiene sobre el aumento de casos judicializados? Los recursos de protección contra las Isapres, o incluso una vecina de Chillán que no quiere la fonda municipal al lado de su casa...
Existe una mayor judicialización, que va de la mano con que la gente tiene una conciencia mayor de sus derechos; entonces la gente recurre por los planes de Isapres, y eso ocurre por una situación de la Ley que no ha sido debidamente modificada para regularlo, de tal manera que esos juicios podrían evitarse en gran medida y hacerse un procedimiento más rápido. Además, los recursos de protección siempre han sido de variopinto, porque hay cosas muy estandarizadas, pero de repente aparecen casos con una situación muy especial, y este es un recurso que puede utilizarse si uno considera que se infringió el artículo 20 de la constitución política, y para el caso de la vecina, puede que tenga razón que se le vulnera sus derechos.
¿Y qué pueden hacer con materias aún no reguladas por la Ley?
En el caso de los recursos de protección contra las Isapres, hay un desafío de corte tecnológico para ponernos acorde y dar una solución relativamente rápida, porque si no, nos ponemos a tono, y damos una solución lenta, no hay justicia. EL otro desafío es un poco concomitante con el peligro que al pjud lleguen cosas que no debieran llegar a tribunales, y eso está en manos de la Ley solucionarlo con procedimientos más ágiles. En segundo lugar está en mano del poder ejecutivo y de nosotros en conjunto para crear un mecanismo para solución de causas que son vecinales que tienen que tener un procedimiento largo. Hay varios intentos, y uno de ellos es que sea los juzgados de policía local los que tomen más materias bajo su cargo. La segunda opción es crear centros especiales de justicia comunitaria y eso se va a considerar en la próxima cumbre de poderes judiciales de Iberoamérica, como un prototipo para generar este tipo de centros, y eso requiere una mirada distinta.
-¿Es una idea o se está trabajando en algo concreto?
Está bastante estructurada que se va a presentar a la Cumbre, pero además ya tiene existencia en distintos puntos de América con nombres diferentes, pero se han hecho intentos de generar estos centros que solucionen controversia antes de llevarla al tribunal.
"El Centro de Justicia estaría aprobado en su diseño y comenzaría a construirse el próximo año. Eso tiene un avance y tiene pinta de concretarse en algo que va a estar listo en un par de años"
Lamberto Cisternas
Ministro de la Corte Suprema"
Medidas de protección a niños y niñas
Desde el 3 de abril, dentro del edificio de la Corte de Apelaciones de Chillán, funciona el Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de protección, para así vigilar que cada vez que un menor de edad ha sido vulnerado y amparado por un tribunal de familia, sea cumplido todo lo ordenado judicialmente. En el seminario sobre acceso a la justicia, Fabiola González, jefa nacional de esta unidad técnica, manifestó que "esta jurisdicción maneja números que son bastante afables en relación a las demás ciudades del país, sin perjuicio de que esta jurisdicción tenga listas de esperas, hay medidas de protección que están dentro del promedio".
Seminario
Acceso a la Justicia
El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, comentó que dentro de todos los grupos vulnerables, se escogió que en Chillán se describiera la situación de niños, niñas y adolescentes que son vulnerados, y cómo el Poder Judicial puede mejorar su acceso, teniendo un conocimiento acabado de las cifras de afectados, y vigilar que se cumplan las medidas adoptadas por tribunales de familia.
Diversas visiones
Dentro de las ponencias que se realizaron en el seminario dictado ayer, estuvo presente Fabiola González, jefa de Proyectos de Familia; además del ministro de la Corte de Apelaciones de Chillán, Christian Hansen (anfitrión) y también el juez de la Suprema, Lamberto Cisternas. Asimismo, Cecilia Pérez Díaz, docente de la Universidad de Concepción, expuso sobre los nudos críticos dentro de la institucionalidad para mejorar el acceso a la justicia. Por su parte, la jueza de familia María Verónica Sáez explicó las bases para dictar medidas de protección.
2014 se aprobó arquitectura El proyecto de arquitectura del Centro de Justicia está terminado, no obstante se trabaja durante el presente año en la identificación presupuestaria y la obtención del RS.
2012 asumió cargo El ministro Lamberto Cisternas, oriundo de Cauquenes, lleva cinco años como juez de la Corte Suprema. Actualmente integra la segunda sala penal .