Tras oficializarse mediante publicación en el Diario Oficial de la ley que crea la XVI Región de Ñuble, el alcalde Carlos Chandía presentó una propuesta ante el Concejo Municipal para modificar la tradicional cruz argentada de ocho puntas, que durante décadas fue parte del escudo de Coihueco.

La iniciativa fue aprobada por mayoría, con lo cual el escudo de Coihueco pasó a tener ahora una cruz de sentido cristiano, desapareciendo el elemento que indicaba que éramos hijos de la Octava Región del Bío Bío.

El escudo que identifica al pueblo y su jurisdicción comunal lleva cuatro cuarteles que siguen un orden de importancia basado en el significado que representa cada uno de los elementos. En el primer cuartel aparece el árbol "Notofagus Dombeyi", conocido como coigüe, autóctono de la zona de Coihueco; en el segundo cuartel la actual cruz que ahora le da un contexto cristiano, y representa a la comunidad que es mayormente cristiana. El tercer cuartel es una abeja sableada sobre campo de oro, figura heráldica representativa del esfuerzo y laboriosidad permanente en los hijos de Coihueco; y en el cuarto cuartel, la banda argentada, pieza honorable indicadora de la nobleza y de la rectitud de vida en el quehacer ciudadano.

Danny Fuentes Espinoza

A principios de febrero de este año, por un auto acordado de la Corte Suprema, se decidió reasignar las causas de violaciones a los Derechos Humano, acontecidas durante el periodo de dictadura, a nuevos jueces instructores, medida que en Ñuble significó que el ministro Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción, se hiciera cargo de ocho indagatorias pendientes.

"Este año ha significado un antes y un después en materia de tramitación de causas de violaciones a los Derechos Humanos en la región de Ñuble", sostuvo la abogada Patricia Parra, parte querellante en gran parte de los procesos judiciales hoy vigentes.

"Uno puede evaluar que antes hubo condena a las violaciones a los derechos humanos, pero nadie como Aldana se había atrevido a abordar el tema de la represión sistemática por parte de un grupo concreto que hubo en Chillán, establecido en el expediente judicial, sindicado por familiares y testigos", agregó Parra.

De paso por la región de Ñuble, el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cistenas, planteó que la decisión de reasignar las causas fue promovido por el encargado nacional de esta materia, Sergio Muñoz.

"Esperábamos hacer esto cada vez más eficiente, entonces la redistribución de ministros en visita se hizo para quitarle carga a los tribunales y que hubiese ministros que se dedicaran con mayor empeño y fuerza a estas causas", dijo el magistrado, quien añadió que "la idea es que se concentren en ministros que tengan más tiempo dedicado a esto, y que tengan la experiencia que les permita tomar mejores decisiones respecto a los pasos que hay que seguir".

Avances judiciales

Ya a fines de marzo de este año, el otrora ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Claudio Arias, de la Corte de Apelaciones de Chillán, remitió todos los tomos de los ocho casos pendientes a Concepción.

Durante todo abril, el ministro Carlos Aldana estudió todos los tomos (de 500 páginas cada uno) de cuatro causas, empezando así a decretar diligencias. En aquel entonces, prometió a los familiares de las víctimas que en seis meses presentaría avances concretos.

Hasta ahora, la palabra empeñada ha resultado creíble, sumando a la fecha reconstituciones de escena en siete causas relativas a los secuestros calificados u homicidios de 12 personas, encausando a personas en seis casos, de los cuales cinco son militares retirados, y un civil.

"En cinco meses han avanzado enormemente, porque las causas estaban durmiendo en la Corte de Apelaciones de Chillán, y ahora se han realizado diligencias y dictado autos de procesamiento en todos los procesos en que hubo personas desaparecidas y ejecutadas", valoró Jorge Vera, del Comité Verdad y Justicia.

Vera es voz autorizada para hablar de causas judiciales, ya que estuvo involucrado en una de ellas. El 14 de septiembre de 1973, arriba de un bus, pretendió junto a un grupo de 15 jóvenes del Movimiento Izquierdista Revolucionario (MIR) internarse en el sector cordillerano de Minas del Prado, en Coihueco, para así iniciar una resistencia a las Fuerzas Armadas y de Orden, que días antes habían tomado el control del país.

Sin embargo, a la altura de Niblinto, sufrieron la emboscada de Carabineros, quienes frustraron su intención, y en la balacera mataron a Fernando Carrasco y Bernardo Solís, que iban arriba del bus.

"La clave es el trabajo del nuevo ministro en visita. En el Comité Verdad y Justicia hay mucha satisfacción por el avance de las causas y veremos si las condenas se ajustan mérito de lo que el ministro Aldana ha recopilado", planteó Jorge Vera.

En todas las causas también ha estado activamente como abogada querellante Patricia Parra, quien señaló que "todas las causas se están tramitando en sumario, aunque en Chillán se inició esa investigación desde 2002, con la presentación de querellas del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y no se había avanzado".

Según Parra, "al llegar a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción se comenzaron a dictar los autos de procesamiento. Eso da cuenta de que efectivamente estaban todos los elementos para encausar a determinadas personas por secuestros de varias víctimas", enfatizó.

La abogada querellante fue crítica con el actuar del ministro Claudio Arias, de la Corte chillaneja. "Lo único que puedo decir y coincidir con los familiares de las víctimas es que hay un sesgo jurídico. No quiero pensar que hay sesgo ideológico", planteó.

Respecto al punto anterior, Patricia Parra argumentó que "en materia penal siempre va a haber discusión en torno a si las partes entienden que está configurado el delito y quiénes son los responsables. Pero por el sistema procesal antiguo, en el cual se tramitan estas causas, que es muy exigente, se establece que las personas tienen que ser encausadas cuando existan dos o más testigos contestes no solamente en que detuvieron a una persona, sino que además esas personas fueron las responsables, y eso está acreditado hace muchos años".

Procesados y culpables

Durante esta jornada se cumplen 44 años desde el Golpe de Estado, y tras los episodios de violaciones a los Derechos Humanos una de las cuestiones que se ha tornado objeto de debate es la situación de los condenados, que deben cumplir su condena en Punta Peuco, sea cual sea su edad.

De las seis personas que han sido sometidas a proceso durante estos últimos meses, sólo dos de ellos se encuentran recluidos, ya que se trata de personas que están condenadas por otros casos en que el ministro Claudio Arias dictó sentencia, respaldado por la Corte Suprema.

Se trata en primer lugar de Patricio Marabolí, ya condenado por la muerte de Rolando Angulo, Ogán Lagos y Bartolomé Salazar. El 24 de mayo de este año, el ministro Aldana lo sometió a proceso por el secuestro calificado de Francisco Sánchez, ocurrido el 1 de octubre de 1973

Asimismo, el oficial de Carabineros en retiro, Patricio Jeldres, ha sido sometido a proceso en cinco de las causas que han presentado avance este año. No obstante, Jeldres también se encuentra recluido en Punta Peuco, ya que fue condenado en mayo del año pasado por su responsabilidad en el secuestro de Luis Ibarra.

El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, señaló que "la legislación no contempla ninguna norma que permita excluir a las personas mayores de cierta edad, o que tengan certificado de una enfermedad terminal, o invalidante como el alzheimer, a excluirlo de una condena, o al menos de que pase en la cárcel ese tiempo".

No obstante, dijo ser partidario de la denominada "doctrina Dolmestch", en relación a aplicar la media prescripción al dictar condena. "Soy de los pocos ministros que aplica esta atenuante. Mi apreciación es que esta es una atenuante que considera el tiempo transcurrido. A mí me parece que lo culminante es la condena, porque es una condena social, severa, más allá del tiempo de la pena", afirmó el juez.

"A mí me parece que lo culminante es la condena, porque es una condena social, severa, más allá del tiempo que dure la pena".

Lamberto Cisternas

ministro de la Corte Suprema"

14 víctimas Que son actualmente detenidos desaparecidos, o bien ejecutados políticos, están asociados a las siete causas en las que ministro Aldana ha realizado diligencias durante este año.

15 de mayo Se realizó la primera diligencia (reconstitución de escena) en Ñuble por parte del nuevo ministro en visita, Carlos Aldana. Desde entonces, sólo un caso no tiene procesados.

Aproximadamente un millón de pesos en especies y dinero en efectivo sustrajeron durante la mañana de ayer desconocidos que ingresaron a la Corporación Iglesia Evangélica Vitacura de Coihueco, según informó el portal Soychillan.

La información la confirmó a este medio informativo el mayor José Freire, jefe de la Sexta Comisaría de Carabineros de Chillán Viejo. "El pastor se retiró alrededor de las 21:30 horas y el lugar queda sin moradores, no hay guardia", señaló a SoyChillán.

El oficial agregó que los delincuentes "entraron por una ventana que estaba sin pestillo y sustrajeron equipos musicales, una consola, dos guitarras, una eléctrica y un bajo. Además del dinero que estaba en la alcancía", aseguró el mayor Freire.

Inclusive, en un acto de agravio hacia el templo religioso, los antisociales habrían aprovechado la ocasión para defecar al interior de la iglesia. "Nos esteramos en la mañana cuando se iba a realizar un escuela para niños", comentó más tarde a Crónica Chillán, Mirta Belmar, sobrina del pastor de la iglesia, Luis López.

Carabineros confirmó se estampó una denuncia y que la SIP de Chillán Viejo está a cargo de la investigación.