En su fase judicial final, y trascendental, ingresó la primera causa judicial en Ñuble relacionada con una quitada de droga, también denominada como "mexicana", que ocurrió el 22 de septiembre de 2016, dejando como saldo a una persona muerta, en el sector de Las Habas, al poniente de Chillán.

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones realizó la indagatoria, capturando a Gabriel Morales Landaeta, Juan Sepúlveda Schain y Francisco Avendaño Marín, quienes el día de los hechos llegaron hasta el domicilio de René San Martín Riquelme (53), con el objetivo de sustraerle la droga que supuestamente vendía en el domicilio.

Según detalló en la acusación el fiscal Álex Montesinos, los acusados "junto a un cuarto sujeto de identidad desconocida, se trasladaron en el Vehículo marca Ssangyoung hasta frente del inmueble ubicado en el pasaje Las Camelias, de la villa Las Almendras. Desde el interior del vehículo, al volante y prestando cobertura, permaneció el acusado Avendaño, mientras descendían del vehículo los otros tres, es decir, los acusados Morales y Sepúlveda, junto al sujeto de identidad desconocida, portando armas de fuego y diciendo ser funcionarios de la Policía de Investigaciones".

En su relato, el abogado persecutor planteó que los tres delincuentes irrumpieron en el domicilio e intimidaron a las mujeres que en ese momento acompañaban a la víctima, robándoles un celular, un computador y la billetera de René San Martín, a quien luego dispararon en la pierna derecha, provocándole la muerte, ya que la bala dio en la arteria femoral.

En adelante, el tribunal de Juicio Oral fijará fecha para el litigio, en que la fiscalía aportará con 30 pruebas testimoniales, entre testigos, carabineros y detectives, además de seis peritos. Por el robo con homicidio, la fiscalía pide 20 años de cárcel para cada uno de los acusados.

En la fiscalía local de Chillán celebraron que la Corte de Apelaciones de esta ciudad haya anulado el juicio que terminó con la absolución de Marco Escobar Gaete, quien el 6 de agosto del año pasado fue detenido por el OS7 de Carabineros justo cuando pretendía internar casi 5 kilos de pasta base.

Desde la fecha de su detención hasta el término del primer juicio, Marco Escobar, apodado "El Viejo", estuvo recluido en la cárcel de Chillán; sin embargo, el 21 de julio, el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán, conformado en sala por las juezas Marcela Ramírez, Claudia Montero y Sandra Rozas, lo declaró inocente del delito de tráfico de drogas, y se decretó su libertad.

Fue por ello que el fiscal Álex Montesinos presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones, cuestionando que no se haya tomado en cuenta por parte de las juezas que antes del juicio se solicitó que el tribunal de Garantía aclarara que sí hubo una orden de registro cuando capturaron a Gaete, en la entrada norte de Chillán.

"A juicio de esta Corte la sentencia recurrida no contiene la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones", dice el fallo de la Corte de Apelaciones que acogió el recurso de nulidad.

El fiscal Pablo Fritz señaló su conformidad por la resolución del tribunal de alzada. "Va en la línea correcta, porque lo que hace la Corte es corregir el criterio en términos de que la formalidad de una constancia, que es una resolución judicial, no puede significar la absolución de un imputado, sobre todo en un caso de droga tan grave como éste", señaló el abogado persecutor.

Los jueces del primer juicio serán inhabilitados y en una nueva instancia, el fiscal Fritz espera una condena.

"Hubo distintos criterios de cómo se cumple la obligación de registro de la orden, porque hay que ser claros en que las policías han actuado con orden; lo que se discute es si esa orden quedó registrada o no por el tribunal", expresó el jefe de la fiscalía local de Chillán.

Danny Fuentes Espinoza

Ya han pasado casi dos semanas desde que Ñuble se conmocionó ante el parricidio que involucró a un adolescente de 17 años que dio muerte a su padre de un escopetazo en San Nicolás, lo que le valió quedar en internación provisoria.

La medida cautelar fue impugnada por el jefe de la Defensoría Penal Pública en Chillán, Antonio Guerra, quien recurrió a la Corte de Apelaciones con un recurso de amparo, planteando que la decisión del juez de Garantía, Luis Aedo, no fue debidamente fundada respecto a la necesidad de cautela que había en un caso en que se intenta demostrar que Eduardo.A.L.R. habría matado a su progenitor porque éste amenazó con matarlo a él y sus abuelos.

"Se trata de un menor de edad, y la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, además de los convenios internacionales a los que Chile se ha adscrito, exigen una fundamentación mayor para decretar una internación provisoria, cuestión que no ocurrió", planteó Antonio Guerra.

El recurso de amparo es una de las medidas para que Eduardo recupere su libertad, la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó la acción judicial, ya que "tratándose en la especie de una resolución judicial fundada, emanada de autoridad competente en uno de los casos previstos por la ley, el presente recurso no podrá prosperar", dice la sentencia, que aclara que la cautelar puede ser impugnada a través de un recurso de apelación.

Al respecto, Antonio Guerra señaló que solicitaron apoyo a los profesionales del Centro de Internación Provisoria de Coronel, donde está encerrado el imputado, para así solicitar una revisión de medidas cautelares.

Carola Romero, madre del adolescente, señaló que lo va a ver en sus días de visita, miércoles y domingo. "Eduardo está muy angustiado, y si bien no ha tenido problemas adentro, lo único que quiere es estar en su casa", dijo la mujer, quien aseguró que en caso de que recupere su libertad, vivirá con ella en Chillán.

Cabe recordar que Carola Romero dejó de vivir hace 10 años con Ricardo Lagos (padre del adolescente), quien la maltrataba físicamente; de hecho, mantiene todavía cicatrices de dicha relación en el rostro.

"La gran pasión de mi hijo era jugar a la pelota y ni para eso le daba permiso. Hizo que dejara el colegio a los 12 años y desde entonces lo tenía trabajando como temporero. Por eso, hasta sus abuelos con que vivía saben que lo que pasó fue porque Ricardo los iba a matar a todos", señaló Romero, quien declaró por primera vez el lunes pasado, en la PDI.