Magdalena Polanco, de 51 años, fue condenada el día lunes a una pena de cárcel de 10 años y un día por parte del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán, que dio por acreditado que drogó a cuatro ancianas para luego robarles su pensión; no obstante, la Corte de Apelaciones de Chillán es la única instancia que tiene para reducir la condena.

Así lo planteó el abogado de la Defensoría Penal Pública, Rodolfo Aguayo, quien durante la investigación y el juicio representó a Magdalena Polanco, quien ahora pasó del patio de los imputados al de los condenados en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán.

"Nosotros planteamos que en el caso que se condenaba a mi representada, fuera por hurto, porque no se podría acreditar la violencia que exige el tipo penal. En ese contexto, el fallo no cumple lo que nosotros sostuvimos", comentó Rodolfo Aguayo.

En efecto, dijo que tienen plazo hasta el 26 de octubre para recurrir a la Corte de Apelaciones, donde podría haber una recalificación del delito, y por ende, una sentencia modificatoria que, de hecho, podría permitir que si Magdalena Polanco es condenada, cumpla la pena en libertad.

Fiscalía conforme

En la vereda opuesta, la fiscal Paulina Valdebenito destacó el fallo inédito a nivel nacional.

"Más que la penalidad, en que consideramos que fue una gran afectación, se trata de un fallo importante, porque se acoge la tesis del Ministerio Público, en cuanto el fallo establece que uso de narcóticos constituye la violencia necesaria para el marco que establece el robo con violencia", dijo la abogada persecutora, agregando que "la sentencia es contundente y se hace cargo de la sumisión de clonazepam como un medio violento".

Por infringir la Ley de Armas fue detenido un hombre de 21 años, que ayer fue sorprendido por Carabineros mientras vendía linternas tipo electroshock, en las afueras del supermercado Jumbo de Chillán.

El procedimiento lo llevó a cabo la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán, a cargo del teniente Nicolás Olea, quien ayer patrullaba el estacionamiento de dicho local comercial, cuando sorprendieron al delincuente habitual vendiendo las especies en $20 mil cada una.

"En el pasillo frente a la farmacia Cruz Verde se identificó a este individuo de iniciales J.A.C.P. de 21 años, con tres linternas tipo electroshock, que son penadas por la Ley de Control de Armas, y a su vez, son utilizados como elementos para cometer ilícito, por lo cual se procedió a su detención", comentó el teniente Nicolás Olea, quien especificó que con este elemento pueden inmovilizar o intimidar a las víctimas de asaltos.

En la fiscalía local de Chillán no han detectado hasta ahora la comisión de robos usando este elemento, como sí ha ocurrido en Santiago; no obstante, por infringir la Ley de Armas, la abogada del Ministerio Público, Karina Zapata, dispuso que esta persona pase a control de detención en el tribunal de Garantía de Chillán.

Con respecto al imputado, se informó que sería un delincuente habitual de Chillán; de hecho, en Carabineros ya es conocido, puesto que registra 20 detenciones previas, principalmente por delitos contra la propiedad, ya sea robos como hurtos.

Por instrucción de la fiscalía se incautaron las linternas electroshock de origen chino, y éstas serán sometidas a pericias, para determinar su amperaje y la capacidad para inmovilizar personas.

Un recurso de apelación es el que pretende presentar el jefe de la Defensoría Penal Pública en Chillán, Antonio Guerra, quien manifestó su disconformidad por la resolución del juez Carlos Benavente, en torno a cambiar la medida cautelar que hoy pesa sobre un adolescente de 17 años, quien el 29 de agosto dio muerte a su padre con un escopetazo, en la comuna de San Nicolás.

Cabe recordar que el adolescente se encuentra recluido hoy en el Centro de Internación Provisoria de Coronel desde que fue imputado por parricidio y, por ello, Antonio Guerra plantea que debe cumplir con otra cautelar más gravosa.

La solicitud radica en que el menor habría matado a su padre por "una necesidad exculpante", ya que por años habría sido maltratado, al igual que su madre. "Se entregaron los testimonios de familiares y también una ex pareja del fallecido, y todos son contestes en manifestar la conducta violenta hacia mi representado". Además, manifestó que los informes del Sename dan cuenta de la necesidad de excarcelarlo, ya que comienza a manifestar "contacto criminógeno" con otros adolescentes.

Danny Fuentes

El camión de carga que ayer fue retirado por la patrulla de asuntos comunitarios de la Segunda Comisaría de Chillán en la población Cardenal Caro, llevaba más de tres años estacionado sin que sus dueños lo movieran del lugar.

Casos como el anterior son los que tienen trabajando activamente a los policías uniformados, que sólo en los últimos dos meses ha retirado más de 30 autos, camiones y camionetas desde distintos sectores de la ciudad como Santa Elvira, El Tejar, población Zañartu, Islas del Sur, Arturo Prat, Ultraestación y Parque Lantaño.

En efecto, sólo esta última semana se han retirado 10 móviles, y en carabineros afirman que es el efecto de un artículo publicado por Crónica Chillán el 2 de octubre, en que los vecinos solicitan el retiro a efectivos policiales, lo que aumentó la demanda por este servicio.

Para el jefe de la prefectura de Carabineros de Ñuble, coronel Eric Flores, se está cumpliendo con la Ley al retirar los vehículos. "Se busca, en primer lugar, impedir que sean albergues temporales de personas en situación de calle o delincuentes habituales para esconder productos de delitos, especies de robos, drogas o armas", explicó el oficial superior.

"Además ayuda en la prevención situacional y nos permite mejorar la estética de nuestros barrios, ya que estos vehículos perjudican las calles y a los vecinos que ahí residen", señaló el coronel Flores.

Conforme a la Ley

El prefecto de Carabineros de Ñuble manifestó que actúan según requerimientos especiales de vecinos; no obstante, pueden hacerlo de oficio, ya que la Ley 18.290 (de Tránsito) se los permite.

"La normativa dice que deben ser retirados de los espacios entregados al uso público, y que los municipios deben contar con corralones municipal y que deben mantener una habilitación de los mismos, para que permanezcan hasta que sean retirados por sus dueños; si esto no ocurre se rematan y las utilidades que se obtengan van en beneficio de las arcas municipales; así que también es un negocio redondo para el municipio", comentó el coronel Flores.

En efecto, la Ley determina que los vehículos estacionados por más de 24 horas en las calles de uso público pueden ser retirados por los Carabineros; no obstante, el coronel Flores manifestó que actúan con criterio. "Los que se retiran son aquellos que presentan evidente abandono, que ya son casi chatarra", precisó Flores.