En el tribunal de Garantía de Punta Arenas se realizó una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares respecto al único imputado vinculado con la desaparición de Irma Solís Cruces, profesora chillaneja de la cual se perdió su rastro en la zona austral del país en abril de 2015.

Se trata de Eduardo Jara Verdugo, infante de marina que está formalizado por el delito de secuestro de la mujer de 32 años, de quien aún no se sabe su paradero.

Cabe recordar que el imputado ingresó a prisión preventiva el 15 de octubre de 2016, después de más de un año de indagatoria, ya que en esa fecha el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, decidió imputarle el secuestro de la mujer, atendidas las contradicciones en sus declaraciones, principalmente porque dijo que no intentó comunicarse con Irma Solís cuando ella desapareció; sin embargo, al solicitar el tráfico de llamadas, la PDI comprobó que nunca quiso contactarla.

En mayo, se le cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno, luego se le rebajó a arraigo regional, y el 13 de noviembre se cambió la cautelar a arraigo nacional. Además, se dieron tres meses más para la investigación.

Al igual que el resto del aparato público, la Policía de Investigaciones ya comienza a proyectar sus requerimientos para instalarse adecuadamente en la recientemente creada región de Ñuble, y el comienzo de las obras para un nuevo cuartel en San Carlos será la ocasión para que el director general, Héctor Espinoza, se reúna con la delegada presidencial, Lorena Vera.

Se espera que la máxima autoridad de la policía civil llegue a Ñuble durante esta mañana con el objetivo de participar, junto a autoridades de la zona, en la instalación de la primera piedra de la obra, ubicada en la esquina de las calles General Venegas y Manuel Matta, y para la cual se consideró una inversión que supera los $1.500 millones.

Durante la mañana de ayer, Lorena Vera se reunió con el prefecto Marcelo Mendoza, jefe de la prefectura Ñuble, ocasión en la que pudo conocer las inquietudes primordiales de la PDI.

"La idea es que hoy se piense y se cree la institucionalidad regional. Estuvimos conversando para visualizar cuál es la dirección regional y cómo se va a armar. Además, hemos hablado respecto a la vigencia del plazo para instalar la región, que es el 6 de septiembre de 2018", dijo Lorena Vera.

Asimismo, la delegada presidencial manifestó que en el diálogo con el oficial policial, se abordó como "una de las primeras necesidades cubrir Quirihue como capital provincial del Itata, con una mayor cercanía con la comunidad a través de un cuartel". En ese sentido, Lorena Vera expresó que la PDI deberá buscar un recinto para arrendar.

A largo plazo, además, velarán por construir un complejo policial, tal como se viene estudiando, en Chillán.

Bajo medidas especiales de protección se encuentra Raúl Henríquez Romero, de 28 años, quien regresó a la cárcel de Chillán, después de haber estado internado en el hospital Herminda Martín por una agresión con un cuchillo, propinada por otro interno del recinto penitenciario.

Cabe recordar que actualmente Raúl Henríquez, apodado "Lipigas", está acusado por la fiscalía como la persona que, la mañana del 15 de julio de 2016, apuñaló en la celda a Jorge Montecinos Pinto, quien a su vez estaba en calidad de imputado en la cárcel de Chillán por su responsabilidad en el ataque a un cajero de Servipag, a quien quemó vivo en Hualpén, en agosto de 2015.

El lunes 6 de noviembre comenzó el juicio contra Raúl Henríquez. Ese día, el hombre fue trasladado a Chillán proveniente de Valparaíso, ya que en esa ciudad se encuentra cumpliendo una pena por Ley de Drogas. Al día siguiente (martes), la fiscalía continuó con el juicio; sin embargo, esa misma jornada, cuando "Lipigas" regresó al recinto penitenciario, fue agredido por otro interno en el patio techado para condenados. Según trascendió, le propinaron tres heridas cortantes en la espalda, las que finalmente superó en el recinto asistencial, desde donde le dieron el alta. Gendarmería inició una investigación interna y además denunció el hecho ante fiscalía.

En el tribunal agendaron para hoy a las 9.30 horas la continuidad del juicio, que ya está en fase final. El fiscal Álex Montesinos dispone de dos testigos más, para así acreditar el crimen y pedir una condena de 15 años de cárcel.

El abogado de la Defensoría Penal Pública, Sergio Muñoz, quien representa a "Lipigas", adelantó desde ya que pedirá la absolución, dado que habría falta de pruebas para incriminar a su representado.

Danny Fuentes

Durante esta jornada, en la Corte de Apelaciones de Chillán, se realizarán los alegatos que enfrentan a los miembros del Comité de Vivienda "Renacer de Rucapequén" contra el municipio de Chillán Viejo, desde que se presentó un recurso de protección por el uso de una planta elevadora de aguas servidas.

Si bien la acción judicial la presentaron contra la casa edilicia el 7 de octubre, recién podrá ser vista hoy, ya que el municipio chillanvejano entregó fuera de plazo el informe solicitado por los ministros de la Corte local.

Cabe recordar que la molestia de los vecinos radica en que, según han señalado, el municipio construyó la planta de tratamiento de aguas servidas en un terreno que les pertenece, y por ello está vigente un litigio en el tribunal civil de Chillán para reivindicar la propiedad.

En segundo lugar, y según explicó Sebastián San Martín, quien representa al comité de vivienda de Rucapequén, "la planta no está en buenas condiciones y por eso uno de los trabajadores vierte las aguas servidas al predio".

De esta forma, acusan una deliberada acción contaminante y que atenta contra un terreno que es de su propiedad, en la que incluso jóvenes practicaban deportes, hasta que en septiembre comenzó a derramarse el agua servida sobre ese predio.

Defensa del municipio

Wilfredo Martínez, abogado del municipio de Chillán Viejo, evacuó su informe el 10 de noviembre.

En defensa de la casa edilicia, planteó que "la municipalidad de Chillán Viejo no ha tenido intervención alguna en la descarga de aguas servidas en el predio de los recurrentes".

Según dijo en sus descargos, "no es efectivo que el alcalde Felipe Aylwin Lagos haya instruido al funcionario municipal encargado de la Planta Elevadora, Mauricio Ortiz, que diera solución al problema de derrame de aguas servidas...".

Un antecedente que entregó Wilfredo Martínez es que "el funcionario Mauricio Ortiz no se encuentra a cargo de la Planta Elevadora, pues la misma es controlada, operada y supervigilada por la Cooperativa de Agua Rucapequén limitada".

De acuerdo a la versión del abogado, "la participación de la municipalidad en esta materia se limita a entregar el apoyo para la solución integral del problema mediante la reparación de los motores de las plantas elevadoras y contratar una empresa para el retiro de aguas servidas".

Asimismo, plantea que el municipio invirtió casi $10 millones para reparar los motores de la planta elevadora, lo cual se concretó el 31 de octubre, cuando recibieron un oficio que da cuenta de su buen estado.

Por otra parte, Sebastián San Martín cuestionó los dichos de Martínez, y ya acudió a la Contraloría para que evalúen la legalidad de los gastos involucrados en la planta elevadora.