Por tercera vez en el año, el tribunal Garantía de Chillán declaró admisible una querella presentada en nombre del director regional de Gendarmería, coronel Christian Alveal, por golpizas a funcionarios penitenciarios al interior de la cárcel de Chillán.

Febrero, septiembre, y la última del 16 de noviembre, son las fechas en que el coronel Alveal decidió participar de manera activa en la persecusión penal por maltrato de obra a gendarmes; sin embargo, hasta ahora ninguna causa ha sido formalizada.

Entre otros antecedentes relacionados con la cárcel de Chillán está, además, la espiral de violencia entre internos. El 15 de noviembre fue absuelto Raúl Henríquez, apodado el "Lipigas", acusado de haber apuñalado mortalmente dentro del recinto penitenciario a Jorge Montecinos, alias "Mono Jorgín". Es más, el martes 7 de noviembre, Henríquez fue acuchillado por otro interno.

Frente a estos hechos, el coronel Alveal planteó que un aspecto clave es la infraestructura. "Nosotros tenemos, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, una infraestructura sobre la que hay que replantearse si es la más adecuada, particularmente en esta región de Ñuble. Una de las grandes prioridades es instalar y construir un complejo penitenciario que facilite la segmentación no sólo por la calidad procesal entre imputado y condenado, sino por nivel de riesgo o nivel de contacto criminógeno de la población penal, y darle mayores garantías a los internos y también a nuestro personal", dijo el oficial.

Cabe recordar que una nueva cárcel fue descartada por este gobierno, y de cara a la instalación de la región de Ñuble, la Anfup ya ha presentado sus reparos. "No estamos en condiciones de asumir como unidad regional y así como vamos, el patio de la cárcel de Chillán pronto será una selva", dijo Cristian Montecinos, dirigente de la Anfup Ñuble.

Los ministros de la Corte de Apelaciones de Chillán revocaron la decisión de la jueza del tribunal de Garantía, Claudia Madsen, quien había decidido sobreseer al sargento de la Fuerza Aérea que en mayo del año pasado protagonizó un accidente de tránsito manejando bajo la influencia del alcohol, dejando como saldo a cuatro personas con heridas de gravedad.

La decisión del tribunal de alzada permite reabrir el proceso judicial contra el sargento segundo Axel Riquelme Palominos, ya que el fiscal Eduardo Planck solicitó realizar un juicio simplificado por el delito de "conducción bajo la influencia del alcohol causando lesiones graves", en que solicitaba 300 días de presidio, con la opción de obtener la remisión de la pena.

Sin embargo, el 30 de octubre, en el tribunal de Garantía de Chillán, la defensa de Axel Riquelme pidió el sobreseimiento de la causa, argumentando que los hechos ocurridos el 16 de mayo de 2016 fueron constitutivos de una falta, y considerando que el Código Procesal Penal contempla que las sanciones para las faltas prescriben en seis meses, no existía la posibilidad de seguir persiguiendo judicialmente al imputado. Todo ello fue acogido por la jueza Claudia Madsen.

De esta manera, el fiscal Eduardo Planck y la abogada querellante, Solange Gatica, apelaron a la resolución ante la Corte local; no obstante, sólo desde el Ministerio Público se presentaron a los alegatos.

Según planteó Planck, "según la pena asignada al delito de manejo bajo la influencia del alcohol que ocasione lesiones graves, vale decir, la pena de reclusión menor en su grado mínimo, este hecho configura un simple delito y no una falta". En conclusión, dijo ante los jueces, el delito no estaría prescrito y por ende no se debe sobreseer la causa.

Entre los afectados por el accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Isabel Riquelme con Constitución está Javier Acuña, dueño de la moto que fue impactada, y quien además fue quien salió más perjudicado. Según ha relatado, busca que con este proceso penal pueda dar pie para una demanda civil contra la Fuerza Aérea de Chile.

De hecho, los costos de su recuperación pasaron de los $15 millones, tardando casi un año en dejar las muletas.

Danny Fuentes Espinoza

El fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo, se encuentra hoy preocupado de dos temas que le atañen a Ñuble: La instalación de la nueva región y la investigación por un supuesto desfalco ocurrido en Chillán Viejo.

Sobre el primer caso, plantea que a la Fiscalía Regional Ñuble llegarían "por lo menos 30 personas, considerando un director ejecutivo, director de las unidades y los equipos de apoyo". Respecto a la causa de Chillán Viejo, no existe aún una formalización, por lo que cunde la expectación sobre lo que ocurra el 6 de diciembre.

-¿Qué opina de las críticas por la tardanza en formalizar investigación?

-Hemos seguido desde el principio desde esta causa dando todos los apoyos. Son causas tremendamente complejas, no siempre tenemos la dotación de policial y de peritos para llevar causas tan complejas como ésta, y en general cuando tenemos causas así proponemos y ponemos los mejores equipos a disposición del investigador. Sin embargo, no ha sido fácil y eso es verdad, pero no es por lentitud, sino por falta de medios. Lo cierto es que hemos desarrollado todas las diligencias y estamos ad portas de tomar decisiones.

-Se ha planteado que ya hay una media prescripción de los delitos, ¿eso no es motivo de sanción interna?

-Respecto a la media prescripción, no es una cuestión que nosotros estemos debatiendo en este momento, y habrá momento para hacerlo. Respecto a responsabilidad administrativa, cuando ha habido incumplimiento de las labores o efectivamente una dilación, sí podría ser, pero no es el caso.

-¿Existen cuestionamientos al rol del fiscal Álvaro Serrano?

-No. De hecho, nos hemos preocupado permanentemente de que avance. Lo que ocurre es que, insisto, la cantidad de antecedentes que existen son muchos. Hay que pensar cómo se inició esa investigación, con un montón de aristas que había al principio, hasta que se fueron disminuyendo para llegar a aquellas que podían tener un compromiso delictual. Por eso demoró tanto tiempo, y hay que mirar todas las causas a nivel país, ninguna tiene menos de cinco años.

-¿Cuál es la importancia de la audiencia del 6 de diciembre?

-Ese día es la discusión del artículo 186 del Código Procesal Penal (control judicial). Es una resolución muy extraña del tribunal, y no quisimos entrar en una discusión que puede ser bizantina; no tiene mucho sentido porque la causa está en conocimiento de muchos intervinientes. Además, lo que se nos pidió desde el tribunal es dar a conocer los querellantes, cuestión que el tribunal ya sabía. No obstante, por la transparencia que ameritaba el hecho, dimos a conocer la nómina de imputados, lo que no significa que las personas vayan a ser formalizadas.

-El ex fiscal nacional Sabas Chahuán evacuó un instructivo en oposición a la intervención judicial. ¿Se actuará de acuerdo a ese protocolo?

-Es una norma (artículo 186) que se cuestiona en la medida que está mal utilizada. En lo particular, creo que cualquier persona puede tener derecho a exigir la intervención judicial cuando se siente investigado, y en ese sentido no tengo reparo alguno. Resoluciones como ésta, que obligan a algo que no puede hacerse, es una cuestión que no nos beneficia, pero no es delicado el tema porque estamos ad portas de tomar decisiones de esta naturaleza.

-¿Habrá formalización?

-El 6 de diciembre vamos a informar respecto del abogado que hace la presentación del artículo 186 y esta posibilidad de generarse una audiencia de formalización.

-¿Cómo responde entonces a las expectativas de la ciudadanía que pide sanciones?

-Pronto, todos van a conocer los datos que se han recabado y las diligencias que se han llevado a cabo. Es una indagatoria muy amplia.

"Pronto, todos van a conocer los datos que se han recabado y las diligencias que se han llevado a cabo. Es una indagatoria muy amplia""