Danny Fuentes Espinoza

A través de videoconferencia, Analía Pacheco fue notificada ayer de las dos condenas que recibió, de 541 cada una, por haber iniciado dos incendios forestales durante la mañana del 27 de enero de este año en el sector El Roble, de Yungay, justo cuando el país estaba en Estado de excepción, dados los demás siniestros que asolaron al país.

Los jueces Claudia Montero, Óscar Ruiz y Marcela Ramírez dirigieron la audiencia de lectura de sentencia desde el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán, en tanto la condenada se encontraba en el patio femenino de imputadas, donde estuvo los últimos minutos enrejada, ya que se decretó que la condena sea remitida. Ello implica que la mujer de 25 años cumplirá la pena en libertad, y mensualmente deberá firmar ante gendarmería.

Cabe hacer presente que Analía Pacheco estuvo representada por el jefe de la Defensoría Penal Pública en Chillán, Antonio Guerra, quien manifestó su conformidad con la sentencia. "Lo que siempre se señaló es que ella no había cometido los delitos, y que había sido obligada a entregar declaración inculpatoria. Desde ese punto de vista, el fallo en sí es adverso, pero sin perjuicio de aquello, hay que considerar que el tribunal rebaja la pena de 10 años y un día, a dos penas de 541 días firmando, y por eso ciertamente el escenario es diverso", manifestó el abogado Guerra, quien declaró que estará en contacto con la condenada para evaluar un recurso de nulidad.

Desde el Ministerio Público, el jefe de la Fiscalía Local de Yungay, Mario Lobos, también dijo que es prematuro señalar si acudirán a la Corte de Apelaciones. No obstante, destacó que "en esta sentencia se fundamentan todos los antecedentes que permitieron acreditar que ella fue la autora de dos delitos de incendio causados dolosamente".

En efecto, uno de los incendios afectó a la celulosa Arauco, consumiendo 400 metros cuadrados, además de un segundo foco, que se propagó en dos predios particulares, arrasando con 1.050 metros cuadrados.

Para determinar la pena, los jueces aplicaron una agravante consistente en haber cometido el delito en medio del Estado de Excepción. No obstante, le favorecieron las circunstancias atenuantes de irreprochable conducta anterior, colaboración sustancial con la investigación y reparación celosa del mal causado, ya que hizo dos depósitos de $15 mil cada uno.

El ministro Carlos Aldana, instruyó a la Policía de Investigaciones que dé con el lugar exacto que es sindicado por testigos (y víctimas) como la casa de detención y tortura ubicado en el sector de Pomuyeto, al oriente de San Carlos, mismo lugar donde habrían estado dos de los tres chillanejos acribillados entre marzo y abril de 1974.

Fue precisamente la labor de búsqueda del recinto lo que demoró la diligencia del juez penquista, quien llegó el día martes a Ñuble a encabezar interrogatorios y reconstituciones de escena en Chillán y San Carlos, para así esclarecer las muertes de Rolando Angulo, Bartolomé Salazar y Ogán Lagos; todos ellos miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Aún no existen plazos, según el ministro Carlos Aldana, quien ayer explicó que "el tiempo lo dan las diligencias, y aquí quedan algunas, como en la casa, que una vez identificada plenamente va a tener que hacerse con las personas que estuvieron en ese lugar y después estará en condiciones de cerrarse el sumario".

El juez instructor, vigente desde este año en Ñuble, manifestó que la calidad procesal de 14 personas, entre ellos civiles y ex miembros de Carabineros y Ejército, no ha cambiado, y que tampoco lo hará en la medida que fue la Corte de Apelaciones de Chillán la que dio el visto bueno para quedar procesadas (desde agosto de 2015) y además en libertad, previo pago de fianza.

Durante la jornada de ayer, la diligencia se centró a un costado del Puente Confluencia, lugar donde fue encontrado muerto Bartolomé Salazar. Según Aldana, la evaluación de las inspecciones oculares y reconstituciones de escena fueron "ampliamente satisfactorias porque se precisaron actuaciones de los procesados". Se espera que el juez vuelva a Ñuble en diciembre.

La Corte de Apelaciones de Chillán, condenó al municipio local a pagar una indemnización a la madre de una menor de 16 años que sufrió la mutilación del dedo índice de la mano izquierda en un carrusel en mal estado, ubicado en la plaza Río Viejo de la ciudad, en marzo de 2015.

En fallo unánime, los jueces del tribunal de alzada revocaron la sentencia impugnada, dictada el 23 de marzo pasado, por el Primer Juzgado Civil de Chillán, solo en cuanto acoger la demanda de indemnización de perjuicios deducida por la madre de la niña, ordenando pagar a la demandante $1,8 millones.

Según expresó en su demanda Josefina Muñoz, su hija (de 15 años en ese entonces), estaba con una amiga en la plaza ubicada en avenida Río Viejo, colindante con Marta Colvin y Ramón Toro Gutiérrez, "precisamente en el juego denominado carrusel, y como es lógico, comienzan a utilizar el juego haciéndolo girar, y al momento de querer detenerlo, por lo mal que se balanceaba éste, ya que estaba en mal estado, es que mi hija se afirma de la base del juego para no caerse, pasando a introducir su dedo dentro de la obertura de esta base, siendo mutilado en el mismo acto".

Por ello, los jueces resolvieron que "si bien esta Corte estima procedente indemnizar el daño moral, como se ha dicho, no lo hará en la magnitud pretendida por la parte demandante. Ello porque la indemnización debe estar orientada a cumplir, dentro de márgenes de prudencia y proporcionalidad, una función compensadora, es decir la víctima recibe una indemnización que no pretende restablecer el estado de cosas anterior al daño, sino cumplir la función más modesta de permitirle ciertas ventajas, que satisfagan su pretensión legítima de justicia y la compensen por el mal recibido", sostiene el fallo.