Ingrid Acuña Caballero

Ayer, al igual que el lunes, los 50 trabajadores de las forestales Santa Inés y Trinidad, ubicadas en el kilómetro siete camino a Yungay, llegaron con la intención de iniciar las faenas, pero el cartel en la puerta de acceso indicaba que no podían ingresar, a excepción del personal de planta, lo cual generó que los funcionarios colocaran una constancia del hecho en la Inspección del Trabajo.

"Ayer (lunes) no pudimos colocar la huella en el reloj de entrada y este cartel nos impedía la entrada. Esperamos y cerca de las 10:00 horas, el dueño de la empresa, Héctor Canahuate, nos informó de manera verbal que estábamos despedidos, porque la empresa cerraba y que esperáramos la carta despido a través de la Inspección del Trabajo", aseguró Guillermo Maldonado, vocero de los 50 trabajadores.

De los 65 funcionarios que están en esta condición, solo 50 decidieron iniciar acciones judiciales. En tanto, los otros 15 se retiraron sin hacer ningún tipo de reclamo, de los cuales 6 son inmigrantes haitianos.

Según los argumentos que se les dieron a los trabajadores, que perplejos escucharon a viva voz sus respectivos despidos, fue la aplicación del artículo N° 160 en los numerales que detallan abandono del trabajo y perjuicio material causado intencionalmente, los que argumentarían la decisión.

"Esto parte porque el mes pasado pedimos durante varios días saber cuándo nos pagarían octubre, porque había pasado mucho tiempo desde la fecha de pago y no llegaba el sueldo, y como no tuvimos respuesta paralizamos. Una semana después nos pagaron y resulta que ahora, casi un mes después de eso, nos dicen que nos despiden por un artículo que dice que saboteamos, por decirlo de alguna manera, a la empresa", recalcó Maldonado.

A lo anterior se suma que a los trabajadores se les adeudan sus cotizaciones, además del seguro de cesantía el cual aparece declarado y descontado de las planillas de liquidación, pero no estarían pagadas en las respectivas instituciones. Todo lo sucedido quedó estampado en una carta que los trabajadores presentaron ayer en la inspección del Trabajo.

"A todos se nos debe el sueldo de noviembre y los días de diciembre trabajados y también las imposiciones, donde algunos incluso se les adeuda hasta un año y medio. No nos parece y menos en esta fecha, cuando todos queremos pasar una navidad y fiesta de fin de año tranquilo, nos dicen que nos despiden. Quiero aclarar que detrás de cada trabajador hay una familia", agregó Maldonado.

Reintegrados

La denuncia fue revisada en terreno por la Inspección del Trabajo, momento en el cual se tomaron las primeras medidas, reintegrando a sus faenas a 11 trabajadores, a quienes desde ayer se les dio dos días libres por parte de la empresa.

"Se constató que operan dos razones sociales en el lugar, y en la forestal Santa Trinidad hace poco constituyeron un sindicato, por lo tanto ellos tienen 30 días de fuero desde el momento de la constitución, por lo que se reintegró a 11 funcionarios. Este es el caso que conocemos, ya que ellos fueron los primeros en hacer la denuncia, por lo tanto del resto no sabemos, pero allá nos enteramos de que habían otros trabajadores de otra razón social, a quienes también se les estaría poniendo término a la relación laboral", explicó el jefe de la Inspección Provincial del Trabajo, Idelfonso Galaz.

Para los trabajadores que no fueron reintegrados, desde la Inspección del Trabajo se recomendó seguir acciones en tribunales, sin el perjuicio de que podría llegar la denuncia a la institución de manera administrativa.

"Hay un tema que no podemos intervenir que es con la parte previsional, que según entiendo es el más grave, ya que extraoficialmente he escuchado que hay una deuda de casi $150 millones. Debido a que las cotizaciones están declaradas, no podemos hacer nada, pero si la empresa no tiene las cotizaciones canceladas en las AFP, no puede poner término a ningún contrato de trabajo, lo que está en la Ley Bustos", aclaró Idelfonso Galaz.

Acciones judiciales

Es el estudio jurídico Valdés y Vial abogados asociados, quienes se encargarán de revisar los despidos ante el Tribunal Laboral y Civil.

"Estamos representando a 50 trabajadores, de los cuales 11 se reintegraron y el resto (39) siguen en la misma situación de despido verbal, injustificado y nulo. Vamos a interponer una demanda, en una primera instancia por 39 trabajadores, de nulidad de despido amparado por la Ley Bustos, por el no pago de cotizaciones previsionales ante el Tribunal del Trabajo. Por la parte penal vamos a realizar una demanda por cada uno de los 50 trabajadores, quienes no tienen el pago de sus cotizaciones, por lo que será por apropiación indebida", comentó Andrés Ojeda, abogado del estudio jurídico.

Crónica Chillán se contactó durante todo el día con el dueño de la empresa, pero no respondió los llamados.

A través de la solicitud del diputado Demócrata Cristiano Jorge Sabag, el Ministerio de Salud (Minsal) informó los planes de inversión que se han considerado para la implementación de los servicios públicos que se instalarán en Ñuble durante el 2018.

El detalle que se entregó a la Cámara de Diputados, especificó que, "en la actualidad el plan nacional de inversiones trabaja 11 proyectos de construcción en el Servicio de Salud Ñuble, el que abarca el territorio de la futura región. Estos recintos quedarán en distintas fases de avance", reza el documento firmado por la ministra de Salud, Carmen Castillo.

En materia de hospitales, se encuentra la adjudicación de la construcción y diseño del hospital de Ñuble, quedando en construcción de obras al finalizar la actual administración, y en la atención primaria se detallan los 5 proyectos de Centros de Salud Familiar que se ejecutan en el territorio, como el Isabel Riquelme, el cual está en operación; el de Coihueco que está en fase de construcción (95% de avance); los de Ultraestación y de Quillón, ambos en etapa de licitación de obras y el Doctor Trujillo que está en fase de diseño.

El documento no visualiza proyectos o inversiones a futuro, salvo aquellos que se han informado durante este año o el 2016, ya que también incluye lo que se desarrolla en materia de Centros Comunitarios de Salud Familiar, donde nuevamente aparece el de Isabel Riquelme y el de Cachapoal, ambos en estado de operación.

"Hay poca claridad en cuanto a los recursos, ya que no se especifica claramente. Esperamos que una vez que la región entre a funcionar, donde tendrá un trimestre en que debiéramos luchar por gastos de operación y no de inversión, porque es muy poco tiempo para dar inicio a obras, queremos principalmente apuntar al presupuesto del 2019, para que éste contenga inversión", dijo Jorge Sabag.

Al igual que en los otros ítem, en materia de Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR), solo se incluyó los proyectos como el Violeta Parra que está en operación, el Michelle Bachelet que se encuentra en licitación de obras, el de Ultraestación, en fase de licitación de obras y el doctor Trujillo cuya fase está en diseño.