El fiscal nacional Jorge Abbott rechazó ayer a través de una declaración pública "la generalización que encierran las expresiones vertidas" por Sebastián Dávalos, quien tras ser sobreseído de la causa principal del Caso Caval acusó un "porfiado afán" de los fiscales por investigarlo y que se trata de "un caso político".

Esto luego de que la Corte de Apelaciones de Rancagua acogiera la solicitud de sobreseimiento del ex director Sociocultural de La Moneda.

"Sus palabras constituyen una falta de respeto no sólo para los equipos de trabajo de la Región de O'Higgins, sino para todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, cuya labor la Fiscalía Nacional respalda plenamente y alienta a que sea desarrollada con estricto cumplimiento a los principios de objetividad y compromiso que guían el quehacer institucional", enfatizó el jefe de la Fiscalía.

"El Ministerio Público lamenta el tono agraviante de las declaraciones del señor Dávalos Bachelet, pues dañan a todos los fiscales y funcionarios que día a día desempeñan en forma honesta y proba su trabajo en nuestra institución", agregó.

La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, se limitó a comentar que "lo que hemos visto ha sido un ciudadano que se ha sometido a un proceso en la justicia durante tres años, que ha sido finalmente sobreseído y que ha hecho uso de un derecho que es el derecho de la libertad de expresión".

Por otro lado, un día después de ser sobreseído de la arista principal de Caval, Dávalos llegó a declarar ante la unidad de delitos tributarios del SII para determinar si se justifica o no una querella por la investigación que lleva adelante el fiscal regional, Emiliano Arias, por la emisión de facturas presuntamente falsas de Dávalos a la empresa Caval para el empresario Gonzalo Vial, mientras se desempeñaba como funcionario de la Direcon.

Por primera vez desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en 2000, la Fiscalía formalizará a una otrora máxima autoridad de Carabineros. Se trata del exgeneral director de la institución, Eduardo Gordon Varcárcel, en el marco del fraude que ya supera los $26 mil 500 millones.

Con esto, el caso alcanza proporciones inéditas, aún considerando que ya suma más de un centenar de imputados que en su mayoría corresponden a oficiales de alto grado.

En la audiencia, fijada para el 1 de marzo, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos le comunicará a Gordon que lo investiga por el delito de malversación de caudales públicos entre 2010 y 2011 por el presunto uso de $21 millones en gastos de representación por parte del Departamento de Relaciones Públicas de la institución mientras él estaba al mando, lo que fue cuestionado por la Contraloría General de la República.

Dicho departamento estaba entonces a cargo del general (R) Jorge Serrano Epinoza. Según la investigación, los dineros en cuestión fueron entregados por Gordon al entonces coronel Serrano bajo el rótulo de "gastos de representación".

Pero el pago fue cuestionado por el organismo fiscalizador debido a que "no decía relación con las funciones que realiza el organismo".

Serrano será imputado en la misma audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Quien hasta mediados de diciembre formaba parte del alto mando de la institución y fue pasado a retiro en el marco de la conformación de la plana mayor de Carabineros para 2018, declaró que los dineros en cuestión pero que fueron restituidos con posterioridad. Pese a esto, el Ministerio Público le formulará cargos por eventuales delitos de malversación de caudales públicos.

La defensa de gordon

El abogado de Gordon, Leonardo Battaglia, aseguró a radio "Bío-Bío" que la formalización de su representado no será en el marco del megafraude, ya que "el fiscal Campos abrió un RUT distinto con estos hechos que dicen relación con el tema del general Gordon y Serrano".

Consultado por la investigación, señaló que se trataba de una "costumbre" en Carabineros comprar regalos y financiar fiestas con cargos de gastos de representación. "Contraloría hace una auditoría y dice que estos gastos no se pueden imputar y el coronel Serrano lo que hace es reintegrar esos fondos", dijo. Y agregó que Gordon consideró que esos regalos "se habían comprado a nombre del general director para ser entregados por el general director y por ende quien debía asumir por ese pago era él, y él sacó plata de su bolsillo cosa que se encuentra acreditada en la carpeta de investigación, y le entregó los fondos correspondientes al general Serrano".

Versión de serrano

El abogado defensor de Serrano, Mario Vargas, rechazó los cargos que la Fiscalía le imputará a su representado. "Tenemos la convicción de que acá no se cometió ningún delito, menos el delito que está tratando de imputar el Ministerio Público. He podido revisar de la carpeta de hecho los dineros que le pasa Gordon a mi cliente que son dineros completamente justificados, pero ese es un acto deliberado que hace Gordon al favor de mi representado", dijo según consignó "Cooperativa".

"Mi representado ya había asumido el costo de este error que había indicado la Contraloría General de la República y trató de repararlo de la forma que la propia Contraloría le dijo", añadió.

Tanto Gordon como Serrano también enfrentan una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por malversación de caudales públicos, acción legal que es una de las piezas claves para el Ministerio Público de cara a la formalización de ambos.